La Generalitat prevé eliminar el papel en todos los juzgados el año 2024 gracias a los 45 millones de euros que ha recibido de los fondos europeos Next Generation, que permitirán digitalizar la documentación en la jurisdicción penal, la única que no está todavía adaptada en el expediente electrónico. Según ha explicado en una entrevista en la agencia EFE el secretario de Administración de Justicia del Gobierno, Eusebi Campdepadròs, el proyecto para digitalizar las causas penales está licitado y adjudicado a la empresa T-Systems, que ya ha formado los equipos de trabajo que desarrollarán y probarán la infraestructura tecnológica necesaria durante el año que viene. Los fondos Next Generation dirigidos al ámbito de la justicia, que suman 410 millones de euros a España, se centran en modernizar y digitalizar la actividad de los juzgados a todas las comunidades autónomas, auténtica asignatura pendiente en una administración donde gran parte de los trámites se siguen haciendo en papel.

La informatización de la jurisdicción penal abre la puerta a coordinar las bases de datos de los diferentes órganos judiciales y comunidades autónomas y evitar así errores judiciales como los motivados por la imposibilidad de cruzar información de diferentes causas. El objetivo del proyecto de digitalización es agilizar trámites administrativos, reducir la intervención de personas físicas en los procesos más repetitivos y que las diferentes administraciones públicas puedan intercambiar información entre ellas de manera rápida y con un tipo de datos compatibles en todos los sistemas informáticos de la administración de justicia.

Fondos para la Justicia

De los 410 millones de los fondos europeos gestionados por el Ministerio de Justicia, Catalunya recibirá el 11%, lo que representan unos 45 millones de euros. Los criterios para repartir los fondos entre las comunidades autónomas y el mismo Ministerio, que mantiene todavía las competencias en materia de justicia de varias autonomías, se han acordado en una mesa sectorial entre todas las administraciones y tienen en cuenta cuestiones como, por ejemplo, la dispersión de la población en cada territorio. El Ministerio de Justicia transfirió al Gobierno miércoles pasado el mayor de los pagos que corresponden a la conselleria de Justicia, de unos 27,9 millones; ya solo quedarán para ingresar unos 3,1 millones en que se entregarán en el 2023. El Ministerio de Justicia, ha asegurado a Eusebi Campdepadròs, es uno de los ministerios que más rápidamente está repartiendo los fondos entre las comunidades autónomas, en parte, dice el secretario, por el plazo que ha marcado la Unión Europea para desarrollar los proyectos financiados por sus fondos: en el 2025 tienen que estar ejecutados.

Digitalización de proyectos

Entre otros proyectos que Justicia financiará con los fondos europeos, destaca un plan para que la información de los procesos judiciales sea interoperativa tanto con documentos del resto de la administración judicial en España como con la información que pueden aportar otras instituciones como los Mossos d'Esquadra u hospitales públicos y privados. También se ampliará la carta de servicios de sede judicial electrónica de Catalunya y, por ejemplo, los ciudadanos podrán llevar a cabo por su cuenta varios trámites que hasta ahora requerían la actuación de un funcionario, a lo cual ayudará a hacer más eficiente algunos trámites judiciales y reducir la carga de trabajo de trabajadores públicos. Adicionalmente, se crearán herramientas que incorporan tecnologías de inteligencia artificial, como un sistema que recoge las declaraciones de una persona y redacta un documento automáticamente con el contenido más importando de esta intervención, con lo cual se pretende ganar tiempo en varios procesos judiciales.