Pablo Casado aseguró en diciembre de 2021 en una visita en A Coruña que en Catalunya "hay profesores con instrucciones para no dejar ir al lavabo a los niños porque hablan en castellano", además también añadió que "a los hijos de policías nacionales y guardias civiles se les señala en clase y se dice que no pueden estar integrados" o que hay niños a quien se ha castigado "poniendo piedras en la mochila" por haber hablado en castellano en el patio de la escuela. "¿Se puede tolerar que se pida apedrear y aislar en clase a un niño de cinco años?", se preguntó. Ahora, por fin, estas declaraciones serán investigadas por la justicia. Como respuesta a este ataque, el Govern presentó una querella contra el entonces presidente del Partido Popular por presuntos delitos de injuria, calumnia e incitación al odio, pero se chocó con diferentes conflictos jurisdiccionales. Ahora el juzgado de instrucción 29 de Barcelona ha estimado el último recurso presentado por la Generalitat y decidirá si se admite a trámite o no.

El 20 de diciembre de 2021, los servicios jurídicos de la Generalitat presentaron la querella delante de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el marco de la polémica sobre la sentencia que obligaba a las escuelas catalanas a aplicar el 25% de horas lectivas en castellano. Según argumentó la portavoz del Gobierno de Catalunya, Patrícia Plaja, la querella tenía el objetivo de hacer frente a "acusaciones falsas que atacan al conjunto de profesorado y al sistema educativo". Después de esta querella presentada, el pasado mes de junio, el Tribunal Supremo decidió archivar la causa, justificante que al dejar Casado de ser aforado, el tribunal aseguraba que ya no era de sus competencias.

Principio de ubicuidad

Ante el archivo del Supremo la Generalitat decidió recurrir a la justicia ordinaria, y el 21 de junio de 2022 los servicios jurídicos de la Generalitat de Catalunya presentaron una querella ante el Juzgado de Guardia de Barcelona. La portavoz del Govern aseguró que Casado "buscaba lo que buscan determinados sectores políticos, la confrontación." La querella llegó al juzgado de instrucción 29 de Barcelona, y el 23 de junio, el juez Santiago García emitió un auto en el cual se inhibía a favor de los tribunales de La Corunya, alegando que los hechos se habían producido en aquella comunidad. El Govern presentó un recurso enmarcado en el principio de ubicuidad, que valida que la investigación se efectuara en Barcelona, ya que Casado había atacado la honorabilidad del Govern, qué es el órgano competente en materia de Educació y cuya sede está en Barcelona.

Finalmente, se ha aceptado este principio, y el juzgado de Barcelona tendrá que resolver si admite o no a trámite la querella.