La figura de la cuestión de confianza ha vuelto en la primera línea de la política española después de que Carles Puigdemont haya emplazado a Pedro Sánchez a ratificar la confianza que le brindó el Congreso de los Diputados en noviembre del año pasado. El mismo Puigdemont, como president de la Generalitat, anunció una cuestión de confianza después de que la CUP tumbara sus primeros presupuestos catalanes y ese gesto desembocó, en septiembre de 2016, en el famoso “o referéndum o referéndum” que condujo al 1 de octubre. En el Congreso de los Diputados, hay solo dos precedentes de cuestiones de confianza. Y ambos son lejanos: Adolfo Suárez en 1980 y Felipe González en 1990. Tanto el líder de la UCD como el presidente socialista salieron victoriosos del plebiscito.

Adolfo Suárez en 1980: para afrontar la crisis económica y culminar el estado de las autonomías

Quien inauguró la figura de la cuestión de confianza en la democracia española contemporánea fue Adolfo Suárez en 1980. El líder de la UCD, que hacía un año que había ganado las elecciones, consideró que era “necesario y beneficioso” que el pueblo español conociera el respaldo que el Congreso otorgaba a “determinados propósitos” de su gobierno en relación con cuestiones “fundamentales y urgentes”. Se refería, concretamente, a “superar una crisis económica generadora simultáneamente de inflación y desempleo” y “desarrollar la Constitución y, de manera particular, construir el estado de las autonomías”. “Exigen la definición de unas líneas de acción y la adopción de numerosas decisiones difíciles e inevitables que deben contar con el respaldo suficiente de la cámara porque solo la confianza otorgada y la conciencia compartida de la magnitud de los problemas permitirá la creación y desarrollo de un clima social capaz de superar la dificultad del momento”, defendió.

En relación con el estado de las autonomías, el presidente español arguyó que la “transformación de un viejo estado centralista y autoritario en un estado democrático y de autonomías” era el “reto político más difícil a afrontar en el inmediato futuro” y se comprometió a impulsar la elaboración y tramitación de los estatutos de autonomía de los territorios que todavía no disponían de ellos (en ese momento, solo se habían aprobado los del País Vasco y Catalunya). Eso sí, reconoció que el “camino hacia la constitución de algunas comunidades” sufría un “bloqueo parcial” que era “preciso encarar” y reiteró su “indeclinable voluntad política” de “impulsar el proceso autonómico hasta su culminación”. Adolfo Suárez recibió 180 votos a favor (de la UCD, CiU, los andalucistas y José García Pérez), 164 votos en contra (del PSOE, Coalición Democrática, el PNV y siete diputados del Grupo Mixto) y dos abstenciones.

Desde las filas socialistas, Felipe González lanzó un dardo a la Moncloa y agitó la inestabilidad parlamentaria de la UCD: “Buscar alianzas y lo que se llama gobernabilidad quiere decir ampliar arraigos, no solamente de unos pocos votos, sino arraigos sociales. En cuanto al arraigo social, se va a avanzar muy poco con estos votos. Por otra parte, no me parece que la estabilidad del Gobierno con estas alianzas vaya a ser muy grande: si todo va bien, el mérito será del Gobierno, pero también de los que lo apoyarán esta noche, y si todo va mal, como solamente se ha dado un apoyo condicionado, la culpa la va a tener el Gobierno. Debajo de esto hay algo realmente inestable”.

Miquel Roca: “No es desde la inestabilidad como podremos consolidar nuestro autogobierno”

Uno de los votos favorables que recibió Adolfo Suárez fue el de CiU. Su líder en Madrid, Miquel Roca, defendió un “voto coherente” y “a favor de la gobernabilidad del país, de la creación de un clima de confianza y de una expectativa de esperanza en el futuro político español”. “Contrariamente a lo que algunos opinan, no somos los grupos nacionalistas los que vamos a aplaudir el debilitamiento del gobierno del Estado, todo lo contrario. Y por ello estamos interesados como los que más en hacer gobernable el Estado”, argumentó, y defendió que eran ellos a los que, en el momento de “crisis coyuntural”, les correspondía “dar un paso decisivo de apoyo que refuerce la estabilidad y la gobernabilidad del estado”. “No es precisamente desde la debilidad y desde la inestabilidad como podremos consolidar nuestro autogobierno. Necesitamos un gobierno que encuentre en la estabilidad la fuerza para adoptar, sin recelos ni temores, las decisiones que la profundización y desarrollo de las previsiones constitucionales y estatutarias en este terreno deben comportar”, esgrimió.

Felipe González en 1990: después de que los tribunales se pronunciaran sobre los resultados electorales

La segunda cuestión de confianza que se ha debatido y votado en el Congreso la encabezó Felipe González. Fue en su tercera legislatura y pocos meses después de las elecciones de 1989. Ese diciembre, fue investido en una votación en la que solo participaron 332 diputados (en lugar de los 350 que conforman la cámara baja) a causa de la anulación de las elecciones en las circunscripciones de Murcia, Pontevedra y Melilla bajo acusaciones de irregularidades (los tribunales dictaminaron que se tenían que repetir comicios parciales en esas tres provincias, pero el Tribunal Constitucional lo acabó circunscribiendo solo a Melilla). González obtuvo el apoyo del PSOE y de las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), pero durante el debate de investidura anunció que se sometería a una cuestión de confianza cuando se hubieran elegido los 350 parlamentarios. Así fue.

“Me comprometí ante la cámara a plantear la cuestión de confianza una vez resueltos los contenciosos electorales que había pendientes, doy cumplimiento a aquel compromiso en la sesión de hoy”, afirmó nada más empezar su discurso, en abril de 1980. Y el Congreso le dio la confianza con 176 votos a favor (igual que en la investidura, del PSOE y AIC), 37 abstenciones (de CiU, el PNV y el Centro Democrático y Social) y 130 votos en contra. Durante su discurso, Felipe González consideró que la mayoría de la que disponía su ejecutivo en el Congreso y en el Senado era “suficiente para garantizar su estabilidad durante la legislatura” y reiteró su “voluntad de mantener un clima de diálogo con las fuerzas parlamentarias que estén dispuestas a hacerlo”. “Somos conscientes de que los intereses en juego para el conjunto de la sociedad española y para nuestro futuro exigen, inexcusablemente, un serio esfuerzo de diálogo y, a ser posible, de acuerdos”, reconoció. Y, entre otros elementos, subrayó el “mejor clima de diálogo” que había con las comunidades autónomas y puso como ejemplo el “acuerdo sobre policía autónoma o financiación lingüística” con Catalunya.

Miquel Roca: “Queremos hacer posible una política que defina una mayoría parlamentaria más amplia”

CiU cambió su sentido del voto respecto a la investidura de cuatro meses antes. En diciembre, los dieciocho diputados convergentes habían votado en contra de Felipe González. Sin embargo, en abril se abstuvieron. “No podemos compartir la confianza que se nos propone, pero no queremos negarnos a la expectativa positiva que este debate puede abrir”, argumentó Miquel Roca, que justificó su abstención en la “voluntad de hacer posible una política que defina una mayoría parlamentaria más amplia sobre la base del diálogo y el acuerdo”. “Buscar y hacer posible el acuerdo es nuestra política de siempre y, por tanto, no sería coherente por nuestra parte rechazarla ahora que, finalmente, es asumida por ustedes”, añadió. Esgrimió que una “debilidad permanente en la acción de gobierno solo perjudica al conjunto de la sociedad”, señaló que los grandes retos “no se superan desde mayorías chirriantes” e hizo un llamamiento a que la Moncloa gobernase “un poco más con todos”. “No tiene sentido enfatizar la insuficiencia de la mayoría socialista para afrontar los grandes retos del momento y no ayudar a buscar las soluciones que resuelvan esta situación de fragilidad”, remachó.

José María Aznar: “Estamos ante una cuestión de conveniencia para huir de asuntos incómodos”

Por su parte, el entonces jefe de la oposición y líder del PP, José María Aznar, receló del movimiento de Felipe González. “Más que ante una cuestión de confianza, estamos ante una cuestión de conveniencia. Se tiene la sensación de que los hechos van por un lado y las responsabilidades, por otro y que Gobierno, resultados y responsabilidades tienen muy poco que ver”, sostuvo durante el debate. Y consideró que la opinión pública tenía la sensación de que el “marco de debate” que había puesto el presidente español encima de la mesa era una “forma de huida de asuntos incómodos, pero reales”, que se habían planteado en los primeros cuatro meses de la legislatura. Sobre las posibilidades de conversar con el Gobierno, el mensaje de Aznar fue claro: “Diálogo, sí; contratos de adhesión incondicional, no. Acuerdos, sí; cheques en blanco sin información y sin condiciones, no. Yo le ofrezco y le garantizo diálogo limpio y claro, pero también se lo reclamo. Yo le garantizo respeto a las reglas del juego, pero también lo exijo”.