Amnistía Internacional Catalunya (AIC) ha reclamado este jueves a los diputados del Parlament de Catalunya que terminen el informe final sobre el impacto de la covid en residencias. En el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato a las Personas Mayores y tres meses después de la última sesión del Grupo de Trabajo de Análisis del Impacto de la covid-19 en las Residencias, Amnistía ha entregado al Parlament un documento de prioridades que considera que se tendrían que incluir en el informe final. Estas incluyen impulsar una auditoría independiente, hacer un acto público de reconocimiento a víctimas y familiares y asegurar más recursos, más personal, más transparencia en las residencias y garantizar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones.
"Hace más de tres años desde el inicio de la pandemia y las autoridades todavía no han cumplido con la obligación de investigar de manera exhaustiva y adecuada las vulneraciones de derechos humanos sufridas por personas mayores que vivían en residencias", ha denunciado Amnistía Internacional en un comunicado. En este sentido, AIC ha señalado que aunque el adelanto de las elecciones generales del 23 de julio afecta a los trabajos y los tiempos parlamentarios, eso "no puede ser una excusa" y que "ya es tarde". La organización de derechos humanos pone especial énfasis en el papel del Parlament porque considera que "puede ser el último baluarte y garantía en el acceso al derecho a la reparación de las familias de las personas muertas", dado el poco recorrido de los procedimientos judiciales abiertos.
Amnistía pide la reparación de víctimas y familiares y construir un nuevo modelo residencial
El pasado mes de febrero Amnistía hizo llegar al Grupo de Trabajo un documento con aportaciones, de las cuales considera prioritarias cinco. En primer lugar, pide impulsar una auditoría independiente para evaluar el grado de incumplimiento de las obligaciones de la administración a la hora de garantizar la calidad de la atención en las residencias y la protección de los derechos de las personas mayores durante la pandemia. También exige hacer un acto público de reconocimiento a víctimas y familiares, para "hacer explícito el compromiso de las autoridades en la búsqueda de la verdad y de ofrecer garantías de reparación y no repetición".
De cara a mejorar la situación de las residencias, exige un compromiso para el aumento progresivo de las plantillas a fin de que respondan a las necesidades de las personas residentes, mejorar el sistema de inspecciones para garantizar más recursos, más transparencia y conocer el respeto a los derechos humanos de los residentes. Finalmente, pide asegurar la participación de residentes, familiares y sociedad civil en todos aquellos procesos y decisiones que los afecten.
Con todo, el reclamo principal del organismo es impulsar los cambios legislativos necesarios para consolidar "un nuevo modelo residencial basado en la protección de los derechos de las personas mayores", para el cual impulsaron el pasado 10 de mayo la campaña 'Residencias con Derechos'. Este nuevo modelo implica garantizar los recursos económicos y humanos necesarios en los centros residenciales e incorporar un enfoque de género y derechos humanos.
"No se puede pasar página sin investigar lo que pasó, sin rendición de cuentas y sin asegurar que se establecen las bases de un nuevo modelo residencial que ponga en el centro los derechos humanos. Lo debemos a las víctimas y a sus familias y también para construir una sociedad que refuerce la protección de los derechos de las personas mayores" ha afirmado Júlia Pérez Català, responsable de Relaciones Institucionales de AIC, en el transcurso de la entrega del documento de prioridades en el Parlament.