La derogación del delito de sedición, que los grupos del PSOE y Podemos han presentado como proposición de ley este viernes en el Congreso, se ha formulado para equiparar el Código Penal español a la normativa europea, pero especialmente para favorecer a los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición y malversación, y para a los del exilio. La sedición se sustituye por un nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Es "complicado" han afirmado algunos de los abogados defensores en ser preguntados sobre el efecto real de este cambio, y esperan a ver con detalle la reforma del Código Penal. En principio, la modificación sí que favorece a los condenados solo por el delito de sedición: Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, condenados, cada uno, a 9 años de prisión; Joaquim Forn y Josep Rull, condenados a 10 años y 6 meses de prisión, y Carme Forcadell, a 11 años y 6 meses de prisión. Con respecto a los exiliados, quien solo está procesada por el delito de sedición es Marta Rovira, secretaria general de ERC, y se asegura que es la que más puede aprovechar esta modificación y volver a Catalunya. La eurodiputada de Junts Clara Ponsatí también fue procesada solo por sedición.
🔴 Reforma del delito de sedición, última hora | DIRECTO
Más difícil lo tienen los condenados por sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos agravado en razón de la cantidad, ya que ahora se tendría que desglosar su castigo en dos delitos, el de malversación y los desórdenes públicos agravados. Los afectados son: Oriol Junqueras, con una condena de 13 años de prisión e inhabilitación, y Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, condenados a 12 años de prisión e inhabilitación.
Y con respecto al exilio, el president Carles Puigdemont, y el exconseller Toni Comin son procesados por sedición y malversación, y esta reforma pactada entre el PSOE y ERC y Podemos, según su abogado Gonzalo Boye, no los favorece nada. El exconseller Lluís Puig solamente tiene el delito de malversación.
El peligro del delito de malversación
Actualmente, el Código Penal español castiga con penas de prisión de 4 a 8 años de prisión e inhabilitación de cargo público de 10 a 20 años si el valor del dinero malversado superan los 250.000 euros. Este es el supuesto que se tendría que aplicar ahora a los independentistas catalanes porque se ha cifrado el dinero malversado en más de 3 millones de euros, aunque la cantidad se discute en un procedimiento en el Tribunal de Cuentas.
Además, a esta pena de malversación se le tendría que sumar la nueva de delitos de desórdenes públicos agravados, que en el caso de autoridades va de 3 a 5 años de prisión y la inhabilitación de 6 a 8 años. Cuando se apruebe la reforma, las defensas tendrán que pedir al Tribunal Supremo que revise la condena y que aplique la más favorecedora.
El Supremo revisará si los hechos encajan en el nuevo delito
Sin embargo, los políticos hacen interpretaciones opuestas. Por un lado, el portavoz del PSOE, Patxi López, ha asegurado que con esta reforma ningún país europeo se podrá negar a extraditar el president Puigdemont. Hay que recordar que Alemania lo quería entregar solo por el delito de malversación y el juez Pablo Llarena no lo quiso. Y para el portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, e ideólogo de los indultos y la reforma, el nuevo delito no encaja con la condena por sedición a los líderes del procés, y, por lo tanto, no se puede equiparar ni rebajar nada. Es decir, los condenados solo por sedición tendrían que quedar absueltos.
Si las defensas no piden la revisión de la condena, lo hará el Tribunla Supremo de oficio. Habrá que ver si el tribunal presidido por Manuel Marchena desglosa la condena en dos delitos o realiza un "concurso medial". Abogados consultados consideran "extraño" esta aplicación. ¿Es decir, que las autoridades se gastaron dinero para hacer unos desórdenes? A parte de las penas, el tribunal tiene que revisar si los hechos por los cuales fueron juzgados encajan en el nuevo delito de desórdenes públicos. Y los que tienen el delito de malversación, como Oriol Junqueras, se le puede disparar la actual inhabilitación de 13 años hasta un máximo de 20 años.
La sentencia del Tribunal Supremo fue muy criticada desde una parte de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) porque aseguraban que las condenas eran excesivas y no proporcionadas, además de las dificultades del redactado del delito de sedición, que provocaba inseguridad jurídica.