Los grupos de apoyo que luchan contra los casos de infiltraciones de la policía española en movimientos sociales en Barcelona, Valencia, Girona y Madrid se han agrupado en un mismo colectivo "para reparar parte del mal causado por las operaciones de espionaje del Estado" y para romper con "la impunidad policíaca". En un comunicado, señalan con fotografías y nombres de los agentes infiltrados, y los periodos en los cuales lo hicieron, en concreto son Dani Hermoso, Ramón Muñoz, Maria Canillas, Maria Isern Torres, Sergio Gigirey, Lucía Rodríguez y Carlos Pérez, y según denuncian han entrado a formar parte de la suya "mediante el engaño, la manipulación, la reïficació y la instrumentalización". Desde el colectivo denuncian que desde que La Directa destapó en junio de 2022 el primer caso de infiltración policial han descubierto que "muchas de nosotras hemos compartido nuestra vida, relaciones sexoafectivas, cotidianidad, amistad, vivienda y militancia con agentes infiltrados". Y añaden que han entrado a su vida mediante "el engaño, la cosificación, la manipulación y la instrumentalización".

Desde el colectivo denuncian que tanto el Cuerpo Nacional de Policía, el Ministerio del Interior como la Comisaría General de Información les han convertido en "objetos de estudio, extrayendo información ilegalmente de nuestra vida y nuestros entornos." El comunicado añade que la práctica "de espionaje ilegal e inhumana y falta de toda ética, es perpetrada por un estado que ha traspasado todas las líneas rojas".

"Romper con la impunidad policial"

Los activistas sociales denuncian que estas infiltraciones son "torturas" y reivindican su lucha para denunciar las técnicas utilizadas por el cuerpo nacional. "El ministerio del Interior y la Comisaría General de Información permanecen en silencio delante de cada nuevo infiltrado descubierto", y además señalan al ministro Fernando Grande-Marlaska a quien acusan de defender estas prácticas justificante que eran "necesarias para mantener la seguridad nacional, negándose a proporcionar más información acogiéndose a la ley franquista de secretos oficiales." El comunicado señala que estas operaciones "no están avaladas por ninguna causa judicial, ni cumplen con los principios de legalidad y proporcionalidad". En este sentido, denuncian que son "operaciones que tienen una sola finalidad: el control social, la represión y la vigilancia de los movimientos sociales".

Para concluir, detallan que han presentado querellas contra los agentes infiltrados y sus mandos responsables, pero que ven "con rabia e impotencia" que el poder judicial se mantiene "impasible e inactivo". "Hemos visto cómo nuestros derechos fundamentales han sido vulnerados, objetivizándonos sin ningún tipo de respeto por nuestra intimidad, integridad moral, libertad de expresión, reunión y protesta, ni por nuestra manera de relacionarnos sexo afectivamente," apuntan.