Agentes socioeconómicos de la ciudad de Tarragona esperan que en los próximos días se produzcan avances en la negociación entre partidos sobre el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de la ciudad.

Siete meses después de que el consistorio que encabeza el alcalde Ruben Viñuales presentara una primera maqueta, consideran que siguen abiertas varias incógnitas del proyecto, como su viabilidad económica, áreas de inundabilidad, coeficientes de vivienda de protección pública, el traslado de CLH, entre otros.

Durante este tiempo se han realizado algunos contactos con las formaciones del arco municipal, de carácter preliminar, aunque las conversaciones más recientes del Ayuntamiento se focalizaron en la aprobación de los presupuestos de 2025, lo que se consiguió en el último Pleno con el apoyo de Junts y ECP. Ahora, el consistorio prevé realizar una ronda con los partidos antes de que acabe el año y estima que la aprobación inicial del POUM pueda materializarse en el primer semestre del 2025, según ha detallado en recientes declaraciones a medios el concejal de Urbanismo, Nacho García.

Desde que se conoció la base del proyecto han sido varios los partidos y agentes socioeconómicos de la capital tarraconense que han compartido públicamente sus preocupaciones sobre el plan para garantizar que los proyectos no queden en una carpeta de “proyectos irrealizables”.

La Cámara de Tarragona ha sido la última en pronunciarse. Su presidenta, Laura Roigé, ha reivindicado que “la ciudad no puede perder el tren del POUM”. En una tribuna de opinión publicada en el 'Diari de Tarragona', defendió que se trata de una herramienta esencial para definir la calidad de vida de sus ciudadanos y la cohesión y progreso de los barrios. Cuestionó que se limite el crecimiento por Llevant, puesto que implicaría una pérdida de competitividad: “Es el momento de planificar sectores de crecimiento y políticas de vivienda realistas y factibles de desarrollar, alejadas de populismos que condicionen un crecimiento ordenado y cohesionador que el POUM posibilita”, escribió.

Por otra parte, el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Tarragona, Antoni Martorell, reflexionó sobre los porcentajes vivienda libre y de protección que contempla. Sobre todo, por el hecho de que en determinadas zonas del mapa los porcentajes de VPO se elevan hasta el 60% del total. “No podemos obviar que los costes de urbanización de estos sectores, junto con los posteriores de construcción y financiación muy probablemente harán inviable su ejecución”.

Antes de verano, expertos en vivienda, arquitectos y urbanistas ya señalaron que el plan de ordenación urbanística de Tarragona debe basarse en “el crecimiento ordenado y sostenible”. En una mesa redonda, alertaron de que urge actuar porque una de las amenazas de Tarragona es la pérdida de población hacia municipios, como Salou o Vila-seca, con una mayor y oferta en vivienda y servicios más diversa.

En la discusión del POUM será determinante el informe de viabilidad económica encargado a una empresa externa por parte del consistorio y cuyos resultados se esperan conocer este diciembre. Cámaras y asociaciones han planteado diferentes interrogantes por cómo se ha distribuido la cartera de vivienda entre Ponent y Llevant. En los barrios de Ponent, con una renta per cápita inferior, hay previstos casi el doble de vivienda de protección oficial en relación con lo proyectado en la zona Centro o de Llevant. También han cuestionado que se limite el crecimiento por Llevant, al constatar que en algunos sectores existe una edificabilidad que multiplica por dos o por tres la media del resto de sectores contemplados.

También se ha encargado otro estudio sobre inundabilidad de las áreas previstas en el planeamiento un factor determinante, sobre todo tras las graves consecuencias de la DANA en varias localidades de la Comunidad Valenciana. Asociaciones de vecinos y entidades ecologistas han mostrado su preocupación sobre las consecuencias de un posible desarrollo urbanístico de sectores como La Horta Gran, Polígono Francolí, sectores bajo un riesgo de inundabilidad tal y como reflejan los mapas de Protección Civil.

Estos factores están provocando que diferentes grupos municipales estén planteando la necesidad de instar al equipo técnico redactor del POUM --dirigido por la arquitecta municipal Inma Merino y el arquitecto Juan M. Zaguirre-- la necesidad y conveniencia de reducir o incluso anular algunos sectores, incrementando la superficie o edificabilidad de algunos otros, para poder conseguir el objetivo de 22.000 nuevas viviendas que se fijó en el avance del POUM.