La asociación de jueces Ágora Judicial se ha pronunciado sobre la resolución del Parlamento del Consejo de Europa con relación al procés independentista. En un hilo en la red social Twitter, los juristas abrazan el informe europeo que pide la libertad de los presos políticos catalanes y la retirada de las euroórdenes de los exiliados. En la primera publicación dentro del hilo, la asociación apela al sentido común: "el mero hecho de estar incluido en un informe junto con Turquía puede ser, en sí mismo, un motivo de preocupación [para el Estado español]."
En este sentido, los juristas creen que el hecho Europa haya llegado a equiparar las graves violaciones de derechos humanos en Turquía, que incluyen el encarcelamiento de políticos opositores y restricciones en la libertad de expresión, con la persecución del independentismo catalán por parte del Estado español, habla por sí solo.
¿Estos tuits responden a la publicación del informe llamado "Se tendría que perseguir a los políticos por las declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato"? elaborado por el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Consejo de Europa, donde los juristas expertos critican las acciones del Estado español a raíz del referéndum del 1-O y piden la liberación de los presos políticos independentistas.
Somos lo que nos llamamos
En el siguiente punto del hilo, las juezas argumentan que el convencimiento con la que el Estado español se autodeclara repetidamente una "democracia llena, viva y con una fuerte cultura de debate público" es precisamente la señal que no lo es. El hecho de que el Consejo de Europa tenga que empezar el informe con este recordatorio también podría ser "un motivo de preocupación" para España.
La creatividad de los jueces españoles
Entrando en materia jurídica, Ágora Judicial señala que el Consejo de Europa parece estar de acuerdo con los abogados de los presos y exiliados, ya que creen que el delito de sedición requiere un elemento de violencia en el acto de alzamiento, y que por lo tanto rechazan las "tesis más innovadoras" de los jueces españoles, como la "violencia sin violencia" o la "coerción psicológica", argumentos con los cuales se busca incriminar los Jordis.
De hecho, el informe declara que "Es un hecho indisputable que ninguno de los políticos en cuestión animó la violencia. Al contrario, incluso la acusación reconoce que pidieron a los manifestantes que se abstuvieran de cualquier acto violento."
Con respecto a la malversación, el Consejo recuerda que sólo está penada por ley si se puede señalar a "pérdidas reales y cuantificables de presupuestos públicos", y no el uso de los centros educativos como colegios electorales.
Además, los juristas apuntan en el hecho de que los europeos animan la reforma de la ley que gobierna el delito de sedición al Estado, por lo cual se entiende que consideran el encarcelamiento de los políticos independentistas una pena desproporcionada e incompatible con "los principios y derechos fundamentales europeos".
Foto principal: manifestación a favor de la liberación de los presos políticos / ACN