De indignación en indignación. El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha comunicado a los 13 investigados por la injerencia rusa al procés independentista que tienen el informe de la Comisaría General de Información de la policía española, sobre los supuestos indicios que los incriminan, en el juzgado, justo dos días después de que dos diarios, ABC y El Periódico, hayan dado todos los detalles de esta investigación. En la providencia, el magistrado precisa que "aporten un USB de gran capacidad" con el fin de copiar el informe policial y tres anexos, aportados al juzgado el 9 y 11 de julio. El voluminoso informe policial ha sido elaborado con menos de un mes de tiempo y las defensas denuncian que es material aprovechado del caso Volhov, del cual la Audiencia de Barcelona ordenó al juez que detuviera la investigación. El magistrado Aguirre envió esta pieza, donde también imputa al president Artur Mas, al Tribunal Supremo por si lo acepta investigar por qué el president Carles Puigdemont y Francesc de Dalmases son diputados de Junts, y, por lo tanto, aforados.
Paralelamente, el abogado Gonzalo Boye, defensor del president en el exilio Carles Puigdemont y del director de su oficina, Josep Lluís Alay, y que también es investigado en esta pieza, ha presentado un nuevo recurso de apelación contra el secreto de esta pieza, de la cual sostiene que "todas las diligencias practicadas a partir de agosto del 2023 son inválidas", porque así lo resolvió la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, en la resolución del 29 de mayo, a fin de que parara la investigación del caso Volhov, sobre una supuesta trama rusa vinculada al procés, y que ha traspasado en la nueva pieza de la injerencia rusa.
Investigación prospectiva contra rabinos y ciudadanos rusos y alemanes
"Es una ficción jurídica", denuncia Boye, además de acusar al magistrado Aguirre de hacer "una investigación prospectiva", en el recurso de apelación en el cual ha tenido acceso ElNacional.cat. Añade que "equipara ciudadanos rusos a mafia rusa" y de querer perseguir ciudadanos alemanes, en la providencia del 25 de junio pasado, donde decretaba secreta la investigación y ordenaba estas búsquedas a la policía española. El juez también ordenaba "averiguar posibles contactos con otros rabinos judíos que podrían estar relacionados con la financiación y con las criptomonedas" del procés, hecho que Boye, replica con sorna en su escrito: "Ya tenemos a una conspiración judaica después del procés. Poca broma."
El abogado también aclara que "el M.H.P. Puigdemont i Casamajó jamás ha estado en ninguna prisión de Berlín y que una investigación judicial, con fondos públicos, no puede basarse en erráticos planteamientos surgidos de errores hasta de comprensión".
El penalista ha denunciado, además, que el magistrado sigue obstruyendo los recursos de las defensas, enfrente de las acusaciones, y pide a la Audiencia de Barcelona que pare este despropósito y que implica "malversación de fondos públicos".