El juez Joaquín Aguirre ha rechazado amnistiar a varios investigados en varias piezas del conocido como caso Volhov, justo el mismo día en el que también ha rechazado la recusación contra él presentada por Josep Lluís Alay, a raíz de las grabaciones en las que el juez se jactaba de ser responsable del fracaso de la primera propuesta de ley de amnistía. El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona ha publicado cuatro resoluciones con las que desestima las peticiones para aplicar la amnistía en la conocida como "trama rusa" y en otras causas separadas, que incluyen la pieza 1 del caso, relativo a la financiación en la Diputación de Barcelona, la de Catmon e Igman, y la pieza 3 sobre Maite Fandos; con el argumento de que "no tienen relación con el procés".

Aguirre rechaza la amnistía a Vendrell y el resto de investigados en el caso Volhov

En la pieza 2 del caso Volhov, se investiga, entre otros, al empresario y exconseller de ERC Xavier Vendrell por una supuesta malversación de fondos y blanqueo de capitales para la futura república catalana. Vendrell pidió la amnistía el pasado mes de junio, argumentando que se lo había investigado por su ideología y en relación con la supuesta creación de un "sistema de criptomonedas para financiar e instaurar en la futura república catalana". Sin embargo, Aguirre ha denegado esta petición y ha alegado ahora que la relación de los investigados con el procés independentista no ha quedado lo bastante acreditada.

El magistrado reconoce que en el atestado de la Guardia Civil y los autos con los que autorizó la intervención de las comunicaciones de los investigados, se hacía referencia a la posibilidad de que "las actividades en fase de investigación pudieran estar relacionadas con los hechos relacionados con la instauración de una república catalana y de la obtención de la secesión de Catalunya". No obstante, apunta a que una vez cerrada la instrucción, a fecha 1 de agosto de 2023, "no ha quedado lo suficientemente acreditada" la vinculación entre los presuntos hechos ilícitos con la instauración de la república catalana. En este sentido, señala que en caso de que se hubieran destinado irregularmente fondos públicos a la causa independentista, sería constitutivo de un delito de malversación e interpreta este presunto desvío de fondo como parte de un enriquecimiento personal, lo que no permitiría amnistiarlo. Finalmente, rechaza que se haya investigado a Vendrell por su ideología: "No se investiga a nadie porsu vida, ni por su comportamiento fuera del ámbito profesional, ni por ser político o independentista".

 

Aguirre abrió esta pieza el 27 de agosto de 2019, a partir de unos audios que guardaba en su móvil Víctor Terradellas, exsecretario de asuntos exteriores de Convergència y presidente de Catmon, en los que explicaba, por separado, al exconseller Xavier Vendrell y al exdirigente de CDC David Madí, que unos rusos ofrecieron al presidente Puigdemont, 10.000 soldados rusos y que "se cagó en las bragas". Aguirre permitió a la Guardia Civil la intervención de los móviles de los investigados y en octubre de 2020 detuvo a una veintena de personas, incluyendo a empresarios y políticos.

El juez mantiene la negativa en el caso Diputación y otras piezas

El juez también ha rechazado aplicar la amnistía sobre la causa inicial que dio origen al caso Volhov, conocida como caso Diputación, sobre supuestas subvenciones irregulares a entidades próximas a la extinta Convergència, y que se mantiene abierta desde 2016. En la misma línea que con la otra pieza, Aguirre ha argumentado que "en ningún caso se han evidenciado indicios de que los hechos investigados lo hayan sido con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Catalunya". Así, recuerda que esta causa investiga una veintena de subvenciones otorgadas por la Diputación de Barcelona en el ámbito de la cooperación internacional, y señala que no existe ningún indicio de que este dinero se destinara al procés independentista. "Más bien parece que hubo un enriquecimiento injusto de los preceptores de las subvenciones, de manera que no es procedente aplicar la ley de amnistía", ha concluido.

 

En los dos casos mencionados, la Fiscalía se había mostrado favorable a aplicar la amnistía, pero no así en la pieza referente a las empresas Catmon e Igman y a la pieza 3 sobre Maite Fandos, porque sostuvo que "no tienen relación con el procés". En estas otras dos causas, Aguirre también ha rechazado las peticiones de amnistía. Con respecto a la pieza 3, en la que se investigó el exsecretario general del Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, por haber supuestamente colocado como asesora en la Diputación de Barcelona a Maite Fandos tras haber cesado como concejala del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona. El juez ha apuntado a que en ningún momento se ha mencionado que el nombramiento de Fandos estuviera relacionado con el procés o tuviera una motivación política, y en este sentido, ha insistido en que el solo hecho de ser independentista no da pie a ser amnistiado si los delitos que se les imputa no tienen relación con la independencia de Catalunya.

 

Finalmente, en referencia a la pieza Catmon - Igman, que es una ampliación del caso Diputación para estudiar presuntas subvenciones otorgadas también por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona a estas empresas entre 2014 y 2016, y en la cual también está investigado Terradellas, Aguirre señala que en las informes de la Guardia Civil ha quedado acreditado que "algunos de los investigados retiraban dinero en efectivo (...) de las cuentas bancarias en las que se ingresaban las transferencias por las cantidades correspondientes a las subvenciones". Unos fondos que el instructor estima que "solo pueden ser considerados con la finalidad de enriquecimiento personal", ya que no se ha podido verificar cuál ha sido su destino final concreto, de manera que no estarían amparados por la ley de amnistía. "Los presuntos delitos podrían calificarse de corrupción ordinaria y no incluidas en el contexto del procés independentista catalán", concluye.