Nueva resolución polémica. El juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, ha abierto una nueva pieza para poder investigar a los expresidents de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, por los delitos de malversación y traición en la supuesta trama rusa, para intentar esquivar la ley de amnistía del procés, y la orden que le dio la Audiencia de Barcelona para que frenara toda investigación. En la resolución, difundida este viernes, imputa a 13 personas, entre los cuales el abogado del president en el exilio, Gonzalo Boye, y el jefe de la oficina del presidente Puigdemont, Josep Lluís Alay, ya investigado en caso Volhov. El delito de traición está excluido de la amnistía si se demuestra una fundamentada injerencia extranjera contra el Estado español.
El juez Aguirre eleva a delictiva la actuación política del presidente Mas y lo acusa de iniciar la campaña del procés de independencia de Catalunya el 2012, y con el lema de España nos roba. En la resolución, no hay ningún hecho delictivo concreto ni nuevo, solo viajes y gastos por la promoción de Catalunya en el exterior, que ya ha juzgado el Tribunal Supremo y Tribunal de Cuentas. La Fiscalía Anticorrupción y las defensas de los investigados tienen 3 días para contestar y presentar recurso contra esta nueva investigación.
Maniobra judicial
Sabiendo que se lo puede denunciar por su maniobra judicial, el juez Aguirre se justifica, se presenta como un salvador, y sostiene: "Por razones de equidad y justicia, así como por las de importancia histórica para la Unión Europea, este magistrado se vio obligado a pensar una solución alternativa a las objeciones técnico-procesales planteadas por la Audiencia de Barcelona."
La excusa del caso Diputación
En concreto, el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona ha abierto una nueva pieza separada sobre la injerencia rusa al movimiento independentista catalán en el caso Diputación, abierto el 2016 por unas subvenciones a entidades afines a Convergència (que después derivó en la causa de Volhov), y cuando acabe, indica que hará una exposición razonada "al tribunal competente" para elevar la imputación de Puigdemont y el diputado Francesc de Dalmases porque actualmente son diputados de Junts en el Parlament y su aforo estaría en el TSJC o en el Tribunal Supremo, si los hechos superan el ámbito de Catalunya.
Hay que recordar que el verano del 2021 el TSJC desestimó la exposición razonada de Aguirre contra el diputado Dalmases por supuestas irregularidades en las subvenciones de la Diputación a Catmon y Igman.
Carles Porta, entre los imputados
El magistrado expone que es conocedor que la Audiencia de Barcelona le ha ordenado que pare la investigación del caso Volhov a agosto de 2023, y por eso se justifica y afirma que la investigación de la fundación Catmon, en el caso Diputación, no ha sido cuestionada ni su prórroga, y por eso abre una nueva pieza. Precisamente, la pieza de Catmón es la única que queda abierta del caso Diputación.
Por eso, en la lista de investigados incluye a Víctor Terradellas, excargo de Convergència y presidente de Catmon; Francesc de Dalmases, también como miembro de la fundación; Elsa Artadi, que declaró como testigo como miembro del gobierno de Puigdemont y la recepción de unos rusos.
Y de forma sorprendente incluye al periodista Carles Porta, conocido por la serie televisiva de Crims. Y también ha imputado a una periodista por el simple hecho de haber trabajado de traductora de ruso para Terradellas.
China, también
En la resolución, de 56 páginas, el magistrado se recrea al hablar de las "guerras híbridas" y que a partir de la investigación a Terradellas sostiene que "han conseguido un gran volumen de datos que han permitido constatar la participación otras personas que tendrán que ser investigadas" por su colaboración "en la obtención de ayuda financiera de China y en la colaboración de los investigados con personas de origen ruso, próximas al gobierno de Rusia y/o que podrían tener vinculaciones con exmilitares o miembros del servicio secreto ruso".
El juez imita al Supremo
Finalmente, el magistrado Aguirre copia los razonamientos del Tribunal Supremo en la resolución en la cual justificó que hay indicios para investigar Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami por sub autoría mediata y no haber pedido a los manifestantes que pararan las protestas. Y afirma: "Mas y Puigdemont tenían el liderazgo y el control de las acciones que tomaban sus cuadros directivos disponían de la capacidad de suspender, interrumpir o modificar las actividades dirigidas a contactar con actores de influencia rusos, los intereses de la cual eran contrarios en el Estado español al cual representaban."
Aguirre concluye: "Se produce así una suerte de autoría mediata en la cual elementos directivos, con gran capacidad operativa e influencia, representados por Terradellas primero y Alay después, actuaban como instrumentos en el servicio de una línea de trabajo estable que ha permanecido durante años, a pesar de los sucesivos relevos personales acontecidos."