La privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) ha vuelto a levantar ampollas en una sesión de control del Govern. La empresa encargada de proveer agua a las principales suministradoras del Área Metropolitana de Barcelona y alrededores, con una población de 4,5 millones de habitantes, fue concedida a Acciona por un periodo de 50 años en 2012 por 1.000 millones de euros. Desde entonces, ha llovido mucho y las críticas para revertir la privatización se han hecho más fuertes.
1. El proceso de venta
En mayo de 2012, el Diario Oficial publica un estudio de viabilidad para privatizar ATLL. El gobierno catalán, entonces liderado por Artur Mas, plantea la concesión para reducir la deuda de la Generalitat. El ejecutivo pone el precio de venta en 400 millones; a cambio, el Ejecutivo asume la deuda de 700 millones de la empresa, que entonces todavía era pública.
2. Acciona gana la gestión
El 6 de noviembre de 2012, un consorcio liderado por Acciona gana la gestión de ATLL por 1.000 millones de euros. Es la privatización más importante jamás realizada por la Generalitat. Acciona paga 300 millones al momento y los 700 millones restantes se sufragarán en un plazo de 50 años. El consorcio de Agbar, el único competidor de Acciona, pierde el concurso convocado por la conselleria de Territorio y Sostenibilidad, entonces encabezada por el convergente Lluís Recoder. El documento se firma el 27 de diciembre.
3. Agbar quiere detener la concesión
A principios de 2013, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC), que controla los contratos de la Generalitat, asegura que Acciona debería haber quedado excluida del concurso por incumplir un compromiso establecido en las bases: En vez de hacer unas determinadas obras en 10 años, las realizaba en un plazo más largo.
En marzo del mismo año el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se pone al lado de la resolución del OARCC y anula la concesión a Acciona, que envía un recurso de casación en el Tribunal Supremo.
En octubre de 2014, el alto tribunal desestima el recurso y mantiene la anulación de la adjudicación a Acciona.
4. Los técnicos mantienen la licitación
En diciembre se establece una comisión técnica asesora para revisar el concurso de la concesión de Aigües Ter-Llobregat, que finalmente ratifica el contrato el 17 de febrero de 2015. La otra opción era ceder la gestión a Agbar. Precisamente, Agbar denunciará ante la Comisión Europea el incumplimiento de las resoluciones judiciales por parte del Govern en marzo de 2015. Tres meses después, el TSJC anula de nuevo la adjudicación del contrato basándose en el informe del OARCC emitido en 2013.
5. 326 millones para retirar a Acciona
En julio de 2015, el entonces conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, cifra en 326 millones el coste que tendría para la Generalitat retirar la gestión de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat al consorcio liderado por Acciona.
6. Posibles irregularidades
El 10 de febrero de 2016, la Oficina Antifrau de Cataluña (OAC) detecta irregularidades de facturación en la concesión de la Generalidad a ATLL, que pueden derivar en posibles responsabilidades fiscales y penales, según un informe de este organismo. Las facturas presuntamente irregulares entre 2013 y 2015 se elevan a 13 millones de euros.