Respuesta clara. El director de la Oficina del presidente Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, califica de "excéntrica" la resolución del mayo pasado del titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, en la cual indica que amplía las investigaciones contra él y le ofrece si quiere personarse en el caso Diputación de Barcelona, sobre supuestas subvenciones irregulares a entidades afines a Convergència. "Es excéntrica porque la resolución no tiene ningún soporte legal, partiendo de una investigación ilegal, por prospectiva y porque el ofrecimiento de personarse cuando la ley no prevé esta posibilidad para un potencial investigado", afirma el abogado de Alay, el penalista Gonzalo Boye, en el recurso de reforma presentado ante la Audiencia de Barcelona, en el cual pide que detenga esta instrucción porque es con finalidades "persecutorias". El magistrado Joaquín Aguirre investiga Alay en el caso Volhov, derivado del caso Diputación, pero no en este. "Es una invención de este procedimiento que se diga que el doctor Alay tiene contactos con la mafia rusa y el Kremlin", remata Boye.
En el recurso de apelación, difundido hoy, Boye expone que el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado también se ha opuesto a que el juez haga estas instrucciones "prospectivas" contra Alay. En la resolución del 17 de mayo pasado, además de hacer el ofrecimiento de personarse a Alay, el juez Aguirre carga duramente contra el fiscal y asegura que tiene un comportamiento de "obstrucción" en la investigación. Boye sostiene que es una crítica "inmerecida" y añade: "El papel de la fiscalía no es otro que el de defender la legalidad; no es el papel de este fiscal ni de ningún otro el de simplemente acusar." El abogado añade que en la resolución el juez "desgrana una serie de datos que no corresponden con la realidad, ni son ciertos, ni reales, ni adecuadamente analizados". En concreto, el juez Aguirre indica que cuando Alay trabajó en la Diputación podría haber iniciado allí contactos "con la mafia rusa y el Kremlin", antes de asumir su trabajo con el presidente Puigdemont
Aclaraciones
En el escrito, el abogado expone que Alay "nunca" sucedió a Jordi Castells, uno de los principales investigados en el caso Diputación, porque "no es funcionario". Aclara que el 21 de septiembre de 2015 Alay fue nombrado asesor de Presidencia de la Diputación de Barcelona y Comisionado de Relaciones Internacionales de la Diputación, cargo -precisa- con el cual no tenía "ninguna capacidad ejecutiva" y que esta función la tenía un funcionario de carrera, que es quien realmente sustituyó Castells, que actualmente es subdirector general de Cooperación de la Generalitat.
Caos en las ayudas
El abogado también expone que a la llegada de Alay a la Diputación de Barcelona "era público y notorio el caos" en que estaba la Oficina de Cooperación Internacional a causa de la falta de un responsable y de personal. Y, que a causa de la imposibilidad legal para incorporar más personal propio, se resolvió contratar una de las fundaciones "de más prestigio de Barcelona y Catalunya dedicadas a la cooperación: la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona, la cual, precisa que "no es una ONG", como indica el juez.
Finalmente, y escrito en mayúscula y negrita, Boye afirma: "No es cierto, es una invención alimentada desde el presente procedimiento, que mi mandante tenga ningún tipo de contacto con altos capos de la mafia rusa ni el Kremlin. Solo desde una perspectiva delirante y criminalizadora se puede sostener tales afirmaciones, que no vienen amparadas en el ejercicio de la función jurisdiccional."
Ante estos argumentos, Boye pide en la Audiencia una vista oral para exponer su recurso contra la última resolución del juez Aguirre, y entre las pruebas pide la declaración como investigado que Víctor Terradellas, exresponsable de política internacional de Convergència, realizó ante el juez con relación al caso Diputación y Volhov, ya que es el nexo entre las dos causas. Tarredellas explicó que él llevó a unos delegados rusos a ver al presidente Puigdemont, la víspera de la DUI.