El abogado del jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha reclamado al juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, responsable de la llamada operación Volhov, que abra una pieza separada para investigar las filtraciones que se han producido de conversaciones grabadas en el ámbito de las investigaciones y que se tomen las medidas necesarias para impedir que se vuelvan a publicar datos, audios, vídeos o fotografías de la causa.
En el escrito se reclama información "a efectos del ejercicio de las acciones legales oportunas" sobre quién está custodiando las grabaciones telefónicas y ambientales que se han realizado, cuántas copias existen y bajo qué medidas de seguridad se están custodiando.
Efectiva indefensión
La defensa de Alay, que dirige Gonzalo Boye, denuncia que desde que asumió el caso el pasado 28 de octubre no se les ha dado acceso a las actuaciones, y que esto ha causado "efectiva indefensión" de su cliente, al cual se ha confiscado sus dos teléfonos móviles, en una medida que considera "absolutamente contraria a derecho, desproporcionada", sin fundamento jurídico y restrictiva de derechos fundamentales.
En el escrito se subraya que los hechos que se atribuye a Alay no son constitutivos de delito y se circunscriben a una concreta factura que consta a la causa.
Filtración de escuchas
Por lo que respecta a las filtraciones de las escuchas telefónicas, advierte que no habrían recibido el adecuado control jurisdiccional, que afecta a los derechos al secreto de las comunicaciones y a la intimidad, lo cual tendría que impedir que llegaran al proceso, e incluso que se conservaran aquellas conversaciones y datos que no están directamente y necesariamente relacionadas con la investigación.
En este punto se refiere a conversaciones que han trascendido y que no tienen ninguna relación con el objeto de la investigación, pero se ha hecho públicas con una "clara finalidad, que no sólo es espuria sino, incluso, ilegal. En concreto, se señala las informaciones sobre el audio de la llamada telefónica entre David Madí y la periodista Pilar Rahola.
Perversas filtraciones
El escrito muestra la preocupación y la necesidad de investigar qué más se ha entregado a terceros ajenos al procedimiento y por qué este tipo de grabaciones, sin relevancia penal, se mantienen en la causa.
"Aquí no sólo están en juego los derechos fundamentales de los directamente afectados por estas interesadas y perversas filtraciones sino, también, la de otros de los investigados en este procedimiento y terceros ajenos al mismo", añade, además de denunciar que resultado "impropio de un estado democrático y de derecho tener que estar pendiente de los medios para conocer la última "novedad" del procedimiento y cuántas grabaciones aparecen que no tienen relación con los hechos.
Con todo ello, advierte el texto, estas publicaciones habrían afectado al derecho fundamental de defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un procedimiento con las debidas garantías y otros derechos fundamentales relacionados con el honor y la propia imagen.