Más imputaciones. El juez del caso Volhov, que investiga supuestas irregularidades sobre la financiación del independentismo catalán, ha citado a declarar como investigado el director de la Oficina del presidente Carles Puigdemont, el historiador Josep Lluís Alay. En este caso, el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, quiere aclarar si Alay se aprovechó de información reservada al pedir a un agente de los Mossos de Esquadra si había un control o requerimiento policial contra él, en julio de 2020. El agente de los Mossos también ha sido citado como investigado. Esta información fue extraída por la Guardia Civil del teléfono móvil d'Alay, después de ser detenido con una decena más de personas en octubre del 2020, en la operación Volhov. La citación de Alay es para este mes de julio y el juez ha hecho una pieza separada dentro del caso Volhov.
En concreto, el informe de la Guardia Civil indica que la conversación entre Alay y un agente de los Mossos, Xavi M.L., se inicia el 17 de julio de 2020. Alay le dice: "Hola Xavi, necesitaría un pequeño favor. Ya sabes. Mirar si se mantiene efectivo el control específico que hay contra mí. Me iría bien un 'pantallazo' también, por favor (...) Eso es una losa que tengo encima para viajar". Y el agente le contesta: "Buenos días Josep, claro que puedo, pero estoy de vacaciones y vuelvo trabajar en agosto. Si lo necesitas ya, pido a alguien de confianza que me lo mire." Y el 4 de agosto, el agente le vuelve a contestar: "Todo muy bien. No sufras, lo haré personalmente para asegurarnos, pero si me dijeron que no salía es seguro que no sale."
Guardia Civil
Ante esta conversación, el cuerpo armado afirma que si Alay hace esta petición al mosso es que "sabe que existen este tipo de requisitorias, controles específicos que se dictan por interés policial o judicial", y que si tiene conocimiento "es porque alguien le ha dicho y, por lo tanto -añade- no es la primera vez que recibe información sensible, esta vez sobre las requisitorias hacia su persona, y todo por un viaje que quiere hacer". Detalla que "esta persona le ha enviado un pantallazo de lo que parece ser una base policial, aparece el número usado por los Mossos para asignar en los expedientes policiales, confirmándole que no tiene requisitorias pendientes. En el informe, se añade que "posiblemente" el agente sea uno de los profesionales que da servicio a Waterloo, dando seguridad al presidente Puigdemont, ya que en las conversaciones, Alay le pregunta si ya están en Waterloo. Ante estos mensajes, la Guardia Civil concluye que "se ha hecho un uso de información reservada, con acceso a ficheros policiales, sobre requisitorias a Alay, para sustraerse de la acción de la Justicia, y pudiera ser un delito de revelación de secretos".
Precisamente, Alay ha sido detenido dos veces. La primera vez fue detenido el 28 de marzo de 2018, cuando llegó a Barcelona, junto con los dos mossos que acompañaron el presidente Puigdemont de vuelta a Bélgica, y que fue detenido en Alemania, el 25 de marzo de 2018, cuando también viajaba con el empresario y amigo Jami Matamala. La Audiencia Nacional juzgó y absolvió a los dos agentes de los Mossos, a quienes la fiscalía pedía un año y medio de prisión. El juez resolvió que los dos agentes ayudaron al presidente de la Generalitat, pero que no cometieron el delito de encubrimiento, porque este no incluye la sedición como delito a encubrir, y porque lo hicieron en su tiempo libre, y "no abusaron de sus funciones públicas".
Caso Diputación
Paralelo al caso Volhov, el magistrado Aguirre también investiga Alay en el caso Diputación, que investiga si se dieron subvenciones a entidades afines a CDC desde la Diputación de Barcelona y a partir de él apareció el caso Volhov. En una resolución, el juez pidió a la Diputación el trabajo hecho de Alay entre los años 2015 i 2016, con el único indicio que su antecesor habría cometido alguna irregularidad. También solicitó los viajes realizados por Alay con la Diputación de Barcelona para averiguar si ya tenía un supuesto contacto con Rusia, antes de asumir su cargo al lado de Puigdemont.
En concreto, el mayo pasado, el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona ofreció a Josep Lluis Alay, si se quería personar en el caso Diputación, al asegurar que había encontrado indicios contra él. "Resulta procedente comprobar si la misión de Alay de mantener contactos con políticos, mafiosos rusos, y enviados del Kremlin empezó cuando trabajaba en la Diputación", afirma el juez Aguirre. Ante esta resolución, el abogado de Alay, el penalista Gonzalo Boye, presentó recurso y pidió a la Audiencia de Barcelona que archive la investigación porque "no tiene ningún apoyo legal".
Además, en la resolución, del 17 de mayo pasado, el juez acusaba al fiscal anticorrupción Fernando Maldonado de hacer una "maniobra obstativa", al presentar un recurso contra su decisión, del abril pasado, de encargar a la Guardia Civil un informe patrimonial de Alay con el único argumento que su antecesor en el cargo a la Diputación, Jordi Castells, tiene indicios delictivos en la concesión de subvenciones a ONG del Tercer Sector.