"La cloaca vuelve. El juez Aguirre se despierta después de meses y desata de nuevo su persecución contra mí. Nunca he sido jefe de cooperación de nada. Estado podrido" Con este tuit, Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del president Carles Puigdemont, ha denunciado una resolución del titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, el magistrado Joaquin Aguirre, el cual después de unos meses de baja por enfermedad ha vuelto al juzgado y ha pedido información a la Diputación de Barcelona sobre salario de Jordi Castells Massanés, exdirector de Relaciones Internacionales de la Diputación y actual subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat, y al mismo tiempo ha encargado a la Guardia Civil un informe del patrimonio de Alay en el período que sucedió Castells en la Diputación. Este requerimiento es por el caso Diputación, donde la mayoría de piezas fueron archivadas de forma provisional por la magistrada que sustituyó Aguirre en los últimos meses. Paralelamente, el caso Volhov se abrió en mayo del 2019 cuando se encontró unas conversaciones guardadas por uno de los investigados en el caso Diputación, Víctor Terradellas, presidente de la Fundación CATmón y exsecretario de relaciones internacionales de Convergència. Alay es investigado en las dos causas.
En la resolución, del 13 de abril pasado, el juez Aguirre expone que la Guardia Civil en un informe sospecha del "patrimonio ilícito" de Castells, y por eso solicita al magistrado que reclame información a la Diputación, del actual cargo de la Generalitat cuando trabajaba en el ente supramunicipal. Se precisa que Castells podría haber recibido "pagos por entidades subvencionadas por la Diputación" y cifra el incremento patrimonial "en 300.000 euros cuando estuvo al frente de la Oficina de Cooperación Internacional, así como la compra de varios inmuebles, pagados al contado y con ingresos en efectivo en su cuenta bancaria por importes incompatibles con su sueldo". Por estos hechos, el juez afirma que existen indicios de los delitos de soborno, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, y por eso aprueba la reclamación de información a la Diputación sobre el salario de Castells y la relación con ciertas entidades subvencionadas, vinculadas al grupo IGFA.
Además, el juez Aguirre encarga a la Guardia Civil una investigación del patrimonio de Alay cuando trabajaba en la Diputación -con el salario y los gastos que le pagó, como los viajes-, con el razonamiento que "sucedió en el cargo a Castells", y durante aquel tiempo se resolvieron subvenciones a entidades del tercer sector que se incluyen en el caso Diputación. El objetivo -indica al juez- es aclarar "si se enriqueció ilícitamente, como parece que hizo a su antecesor." Por todo eso, aprueba que se reclame información patrimonial de Castells y Alay a la secretaría general de la Diputación. Alay fue contratado por la Diputación como comisionado desde 2015 al 2018.
Caso Diputación
El caso Diputación se destapó el año 2016, cuando la CUP denunció irregularidades en las subvenciones a entidades del tercer sector a Antifraude y el caso se derivó al juzgado. Se sospecha que se desvió cerca de un millón de euros a entidades afines en Convergència Democràtica de Catalunya. El juez Aguirre dictó el sobreseimiento de algunas piezas, ya que la Diputación indicó que no se consideraba afectada porque las subvenciones no se llegaron a pagar del todo. Otras piezas, como las que era investigado el expresidente de la Diputación, Salvador Esteve, fueron archivadas el febrero pasado por la magistrada sustituta, con la petición de la Diputación y de la fiscalía, que el juez podría hacer reabrir si detecta nuevas irregularidades. Inicialmente, la Diputación hizo un demoledor informe pericial, en el cual aseguraba que los expedientes de las subvenciones no estaban bien resueltos, faltaban comprobantes de los gastos y otros defectos.
Actualmente, solamente continúa viva la pieza de Catmón, donde son investigados Víctor Terradellas y el diputado de Junts Francesc de Dalmases. En verano pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) rehusó investigar Dalmases, después de recibir el informe motivado del juez Aguirre, a quien le recomendaba una mayor investigación del caso. El magistrado ofreció al diputado si quería declarar en el juzgado, sin obtener respuesta, según fuentes judiciales.