El Estado español reconoció que había espiado a través del software Pegasus a varios dirigentes independentistas. Entre ellos está el jefe de la oficina del presidente Puigdemont, Josep Lluís Alay, quien está resignado con la guerra sucia que libra las cloacas del Estado contra él y todo el entorno independentista. "Yo estoy en este combate desde que tengo uso de razón", ha asegurado. Además del ciberespionaje en su teléfono móvil, Alay ha explicado que también el Estado "podrido" él ha "seguido y perseguido" en casa y en el extranjero, detenido dos veces, controlado su paso por las fronteras, filtrado conversaciones privadas en la prensa e, incluso, le han puesto "artefactos" bajo su coche particular.
Por otra parte, el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, el magistrado Joaquín Aguirre, ha ofrecido a Josep Lluís Alay si se quiere personarse como investigado en el caso Diputación, de supuestas subvenciones irregulares a entidades afines en Convergència, al asegurar que ha encontrado indicios contra él. Hace meses que Alay es investigado en el caso Diputación, pero formalmente sólo está imputado desde el 2019 en una de sus piezas, denominada caso Volhov, sobre supuesta financiación irregular del independentismo en el exilio. Además del ofrecimiento en Alay, en la resolución, del 17 de mayo pasado, el juez acusa al fiscal anticorrupción Fernando Maldonado de hacer una "maniobra obstativa", al presentar un recurso contra su decisión, del abril pasado, de encargar a la Guardia Civil un informe patrimonial de Alay con el único argumento que su antecesor en el cargo a la Diputación, Jordi Castells, tiene indicios delictivos en la concesión de subvenciones a ONG.
En el escrito, el juez Aguirre mezcla las investigaciones entre el caso Diputación y el caso Volhov, y afirma que "resulta procedente comprobar si la misión de Alay de mantener contactos con políticos, mafiosos rusos, y enviados del Kremlin empezó cuando trabajaba a la Diputación", entre los años 2015 o 2016, antes que como jefe de la oficina del presidente Puigdemont. "Aguirre ataca de nuevo", ha tuiteado Alay, al comunicarle esta resolución. El caso Volhov y la relación del gobierno de Puigdemont con representantes rusos aparece en un audio que Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones exteriores de Convergència, tiene en su móvil y que la Guardia Civil le encuentra, al detenerlo en el 2018. Terradellas declaró al juez, la semana pasada, que Puigdemont aceptó reunirse con integrados rusos en la Casa de los Canónigos, la víspera antes de la declaración de la DUI, suspendida, pero que todo era iniciativa suya, no del presidente.