Nuevo escrito de Junts presentado este martes a los tribunales para que apliquen la ley de amnistía. El abogado Gonzalo Boye ha pedido al juez Manuel García-Castellón que aplique la norma del olvido penal al director de la oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay, que es uno de los 10 investigados por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic. El penalista sostiene que la causa de Tsunami no encaja en el delito de terrorismo ni en la exclusión que hace la ley de amnistía para casos graves de atentado contra la vida de las personas, ya que en las movilizaciones convocadas por Tsunami, asegura que solo se ejerció el derecho de manifestación. "Cualquier otra interpretación comporta retorcer la norma y forzar la voluntad del legislador", alerta Boye al magistrado de la Audiencia Nacional, que calificó de indicios terroristas simples conversaciones de cargos de Junts y de ERC.
El titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional ya dio un plazo de 10 días en las partes personadas para que digan si los encausados se tienen que amnistiar, el martes pasado, justo cuando la norma entró en vigor al publicarse en el BOE. El mismo día, Esquerra pidió la amnistía de sus cargos investigados, como la secretaria general d'ERC, Marta Rovira, y en otras causes de l'1-O. El magistrado tuvo la causa, abierta el 2019, dormida hasta que el noviembre pasado resolvió que había indicios del delito de terrorismo y contra una decena de personas, incluido el president en el exilio, Carles Puigdemont. Los partidos independentistas lo interpretaron como una acción de lawfare de García-Castellón para torpedear el acuerdo del gobierno del PSOE con Junts y ERC para aprobar la ley de amnistía, que, finalmente, cumple la segunda semana en vigor.
Puigdemont es persona en la causa de Tsunami
Precisamente, el president en el exilio, Carles Puigdemont, ha informado que este lunes se personó ante las autoridades francesas en París, las cuales le notificaron que es investigado por terrorismo a la causa de Tsunami Democrático que tiene el Tribunal Supremo. Solo recogió la citación, según fuentes de Junts, y su abogado se ha personado en la causa española, y ha pedido ser informado de toda la investigación, así como que se le dé un plazo para pedir que se le aplique la ley de amnistía. El alto tribunal español aceptó investigar Puigdemont por terrorismo en el caso de Tsunami por su aforo cuando era diputado de Junts en el Parlamento Europeo, juntamente con el diputado de ERC, Ruben Wagensberg.
Cumple normativa europea
En el escrito, Gonzalo Boye, que ha sido uno de los redactores de Junts de las últimas enmiendas a la norma, afirma que "esta ley de amnistía ha sido diseñada en coherencia con los compromisos europeos e internacionales en materia de derechos humanos, siguiendo directrices de tratados y organismos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos". Y, a la vez, remarca que "la incorporación de exclusiones específicas es para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales y responder a la jurisprudencia relevante, particularmente en cuanto a violaciones graves de derechos humanos".
Por esto, Boye precisa que se excluyen del ámbito de la norma del olvido penal "los actos que constituyen graves violaciones de derechos humanos, tomando también en consideración las directrices del Consejo de Europa sobre la impunidad de violaciones graves de derechos humanos". Así mismo, manifiesta que se siguen las recomendaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, distinguiendo entre infracciones graves y otras acciones que, sin cumplir con ciertos requisitos formales, no son necesariamente excluidas de la amnistía.
La muerte del ciudadano francés no se puede imputar a Tsunami
Gonzalo Boye también manifiesta que la muerte del ciudadano francés al aeropuerto del Prat, el mismo día que se hizo la protesta masiva, convocada por Tsunami, tampoco se puede imputar a los encausados por mucho que haya insistido García-Castellón, a pesar de que una jueza de l'Hospitalet de Llobregat ya descartó cualquier relación. "Se ha especulado mucho con la lamentable defunción de un ciudadano francés, la muerte del cual fue fortuita y nunca intencionada y, mucho menos, relacionada con las manifestaciones de Tsunami Democràtic", declara el abogado en el escrito presentado en el juzgado.
El penalista concluye que la causa de Tsunami no encaja en ninguna de estas graves excepciones, porque los hechos investigados solo son grandes movilizaciones ciudadanas contra la sentencia del Supremo o a los líderes del procés, y que están amparadas por el derecho de manifestación.