Esta semana, la pinza del PSC y Junts per Catalunya ha empujado al Govern a aceptar la proposición de ley de los juntaires con inversiones urgentes y cambios en la puesta en marcha del régimen sancionador a los que incumplan el decreto para combatir la sequía. Albert Batet Canadell (Tarragona, 1979), presidente del grupo parlamentario proponente de la iniciativa, atiende ElNacional.cat para detallar cómo se ha conseguido —después de numerosas reuniones— encontrar la solución para propiciar un acuerdo que se embarrancó hace cinco semanas en el marco de la cumbre por el agua. Batet reivindica que la proposición de ley de su partido ha supuesto un "punto de inflexión" en la gestión de la sequía. Por otra parte, como líder de Junts en el Parlament, también ha tenido que hacer frente a la orden de la Junta Electoral Central de retirar el acta a Laura Borràs.
Esta semana han conseguido un acuerdo que ha reunido 100 votos favorables en el Parlament para su proposición de ley de medidas contra la sequía. ¿Qué valoración hace?
Bien, en Junts per Catalunya ya anunciamos que, ante la inacción del Govern de la Generalitat de Catalunya y fruto del fracaso de la cumbre, nosotros, por responsabilidad, tomaríamos la iniciativa. Y así ha sido. Presentamos una proposición de ley, con gran sentido de responsabilidad, hablando con todas las partes afectadas —desde el mundo local hasta el campesinado— y hemos sido capaces de liderar y sacar adelante un proyecto muy necesario en el momento actual. Este hecho demuestra que el liderazgo de Junts per Catalunya es una alternativa a la incompetencia del Govern de Esquerra Republicana.
¿Por qué fracasó la cumbre del 31 de marzo? ¿Qué falló?
Nosotros estamos muy sorprendidos por la falta de liderazgo y la inacción del Govern en estos términos. Nosotros siempre hemos ido con propuestas. Hemos sido propositivos, con propuestas a favor del mundo local, a favor del campesinado, con un plan de choque económico para hacer frente a las necesidades, con recursos para los ayuntamientos —especialmente para aquellos pueblos pequeños— dedicando 50 millones de euros... Pensamos que hay en torno a unos 300 municipios a nivel de Catalunya que se pueden quedar sin recursos hídricos de boca este verano y, por lo tanto, tenemos que poner las facilidades máximas como administración. Viendo la inacción del Govern, la falta de liderazgo e incluso que no se estaban asumiendo las decisiones que se podían asumir —porque hacía un año que el Govern estaba avisado de este posible escenario de sequía y hubiéramos podido hacer inversiones mucho antes—, decidimos actuar. Es un proyecto de ley que al final ha sido muy transversal, con propuestas por parte del Partido Socialista, con propuestas por parte de la CUP o de Esquerra Republicana, y por lo tanto aquel consenso que no buscó el Govern era posible.
¿Cómo han ido las negociaciones?
Hemos tenido muchas reuniones con las formaciones políticas y el acuerdo alcanzado es un buen acuerdo. Por suerte, la Generalitat de Catalunya puede afrontar con mejores garantías la situación actual de la sequía que no la última sequía del año 2008.
¿Por qué?
Porque ha habido una buena gestión económica de la Agència Catalana de l'Aigua. En el año 2010, la ACA tenía una deuda de 1.388 millones de euros. Hoy tiene un superávit de 500 millones de euros. Y lo que queríamos desde Junts per Catalunya es poner estos recursos en favor de las necesidades hídricas, de las inversiones necesarias para garantizar el agua de boca al conjunto de la ciudadanía: 50 millones para el mundo local, 50 millones para las Aigües Ter-Llobregat (que da abastecimiento de agua al 85% de la población de Catalunya), 50 millones para el agua regenerada y un paquete de inversiones ejecutivas. Nosotros queríamos un decreto ejecutivo. Un decreto que se pusiera ya manos a la obra, que aborda grandes inversiones: la desalinizadora de Tordera, su ampliación; pero también empezar a trabajar en el proyecto de la desalinizadora de Cubelles, y a la vez también hacer aquellas inversiones a corto plazo que con dos, tres, cuatro o cinco meses pueden traer recurso hídrico de calidad para garantizar el verano y el otoño. Porque en otoño, si el verano no va bien, todavía estaremos en unas condiciones peores con respecto a lo que tenemos ahora y teníamos que poner facilidades. Y eso pasaba, también, por la contratación por emergencia, como pasó con la covid-19.
La Generalitat puede afrontar con mejores garantías la situación actual de la sequía que no la del año 2008
¿Velarán para que el Govern cumpla estos acuerdos?
Somos conscientes de los incumplimientos del Govern y, de hecho, hemos sufrido los incumplimientos de la investidura del president Aragonès, que han acabado como han acabado. Somos conscientes de que eso puede pasar, pero por eso queríamos que hubiera una propuesta de ley que determinara las medidas a hacer. Y ahora el Govern, por ley, está obligado a hacerlas. Algunas de estas, nosotros ya las incluimos en la propuesta de los presupuestos. En aquel momento, el Govern, con el PSC y con los comunes, las quisieron dejar al margen. Por ejemplo, la ampliación de las desalinizadoras, y ahora se han acogido a este proyecto que las incluye. Por eso nosotros queríamos que hubiera un proyecto de ley, porque por ley están obligados a hacer un plan de choque. Ya no está en la voluntad de libertad del Govern: no, por ley tienen que hacer un plan de choque a nivel del campesinado. Por lo tanto, nosotros estaremos atentos para que el Govern cumpla.
Todas las medidas que se han aprobado en esta proposición de ley, cuando menos las que son a corto plazo, ¿son suficientes para poder hacer frente a la situación actual de sequía? Lo digo en el sentido que, como usted explicaba, las previsiones son que, si el régimen pluvial se mantiene tal como es el actual, en otoño lo pasaremos mal.
Bien, el Govern tiene que liderar y ejecutar. Ahora hemos puesto todos los recursos necesarios y se pueden hacer las inversiones. No se trataba de hacer tampoco una competición entre los ayuntamientos y la Generalitat, teníamos que encontrar soluciones de colaboración. Eso no va de unos contra los otros, todos tenemos que salir de esta. Si el Govern cree que se tiene que tomar alguna medida más, tiene la responsabilidad de proponerla. No la han propuesto. Si creen que se tiene que ejecutar o se tiene que hacer alguna medida más, nosotros evidentemente lo estudiaremos.
¿Estas medidas ayudan a rebatir el riesgo de que haya 300 municipios que se puedan quedar sin agua de boca este verano?
Hay muchos pueblos pequeños que no están conectados en la red en alta en algunas comarcas como el Moianès, Lluçanès, el Priorat, todas las localidades en torno al canal de Urgell y, en consecuencia, tienen problemas de abastecimiento en este nivel. Queríamos esta inversión de 50 millones de euros para el mundo local para que se puedan hacer aquellos pozos necesarios, que se puedan hacer aquellas obras necesarias que los ayuntamientos crean oportunas de cara a garantizar el abastecimiento. Ya nos encontramos el verano pasado, con que había contaminación en el pantano de Utxesa, por el cual todo el abastecimiento de la red de las Garrigues fue con cubas. Por eso hemos puesto esta facilidad en esta ley, para que pueda haber estos recursos y los ayuntamientos puedan tenerlo garantizado.
Durante los debates de la proposición de esta semana, han insistido mucho en que los datos evidenciaban que había que actuar desde hacía un año en este tema. Ahora bien, el régimen pluvial no es el que tendría que ser desde hace más de 30 meses. Aunque ustedes no tenían las competencias, ¿podían haber levantado la voz cuando estaban en el Govern?
A quien corresponde la responsabilidad y la quiso asumir toda fue el propio Govern y la propia consellera Teresa Jordà, asumiendo todas las competencias del agua. Nosotros hemos avisado durante mucho de tiempo de esta situación y hay gente que reclamaba que se tienen que hacer unas inversiones. Es que hace un año que están avisados. Estas inversiones, que ahora las podemos hacer y podemos hablar que en los próximos 3, 4, 5 meses se puedan desarrollar, imaginemos que las hubiéramos podido hacer en el pasado otoño. Habríamos ganado mucho tiempo con respecto a la actual situación. En este sentido, el Govern tiene una responsabilidad y, por ejemplo, no se ha nombrado durante dos años un director de Aigües Ter-Llobregat. Por eso la sequía es un ejemplo muy claro del liderazgo y la solvencia que podemos demostrar desde Junts y la incompetencia y la falta de liderazgo por parte del Govern de Esquerra Republicana.
La sequía es un ejemplo muy claro de la incompetencia y falta de liderazgo por parte del Govern de Esquerra Republicana
La ley contempla el desarrollo de desalinizadoras, que son proyectos más a medio y largo plazo. El año 2008, cuando hubo el otro episodio de sequía, una de las grandes infraestructuras que se desarrolló fue la desalinizadora de El Prat. De hecho, aquella infraestructura es la última gran inversión que se ha hecho en Catalunya en esta materia. Durante buena parte de la década de 2010, Convergència tenía las competencias. ¿Cree que tienen que hacer alguna autocrítica?
Junts per Catalunya, como marca, empezamos en el Govern desde el año 2017. Por lo tanto, situemos el marco de responsabilidad. Pero lo que tenemos que decir y manifestar es que el año 2010, después de una gestión muy errática de la sequía —que se acabó yendo a la Moreneta y comprando tubos, destinando millones de euros en tubos que no se llegaron a aplicar nunca y estaban escondidos en un almacén— se dejó una deuda en la ACA de 1.388 millones de euros, y hoy la ACA tiene un superávit de 500 millones de euros. Y eso es gracias a la gestión hecha también durante todos estos años.
En esta materia, da la impresión que tanto Junts per Catalunya como el PSC gobiernan desde el Parlament. ¿Ha vuelto la sociovergencia?
Nosotros no hemos dejado de hacer el trabajo. Nos hemos reunido con la Comunitat de Regants del Urgell, nos hemos reunido con la Comunitat de Regants de las Terres de l'Ebre —que, por cierto, la consellera no se ha reunido con ellos— y la próxima semana veremos a la Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues. Había un bloqueo en la cumbre del agua. Fue un fracaso porque hubo un bloqueo tanto por parte del Govern como de la mayoría de partidos de la oposición y nosotros aportamos soluciones, que es lo que se necesita. ¿Eso quiere decir que hay aspectos que compartimos con el PSC? Hay aspectos que podemos compartir con el Partido Socialista, como también hay aspectos que compartimos con la CUP y con Esquerra Republicana.
Desde el fracaso de la cumbre hasta la aprobación de esta proposición de ley han pasado prácticamente cinco semanas, que es un tiempo preciado en la lucha contra la sequía. ¿Considera que eso ha sido un fracaso de la clase política el hecho de haber llegado tan tarde?
Está bien lo que bien acaba y yo creo que nosotros esperábamos que el Govern aprobara el decreto. No lo hizo tal como se había comprometido y tal como estaba obligado por moción a hacerlo, e inmediatamente en la sesión de control del día siguiente salimos a anunciar que pondríamos en marcha una iniciativa parlamentaria. Al cabo de quince días, se ha aprobado la proposición de ley de la sequía. Por lo tanto, yo pienso que se ha actuado con la máxima celeridad posible y con la máxima responsabilidad por parte de Junts, también de otras formaciones.
¿Qué piensa Junts per Catalunya de la propuesta de los comunes y la CUP de celebrar un pleno monográfico sobre la sequía?
Nosotros, todo lo que sea hablar y diálogo, será bienvenido. Todo lo que pase por más fuerzas en el Parlament de Catalunya, bienvenido. De hecho, hay previsto un pleno monográfico de enseñanza, del sistema educativo, la segunda quincena de junio. Es un tema también candente, de máxima importancia. Es un tema que afecta a muchas familias y que va desde el hecho que Catalunya lidera el ranking de fracaso escolar a nivel europeo; que nos encontramos que la gratuidad del I2 no es equitativa y no se aplica a todo el mundo por igual; como el catalán es la lengua vehicular en la escuela catalana... Por lo tanto, tenemos otro ejemplo de la falta de gestión e insolvencia por parte del Govern. De la misma manera que estamos dispuestos a hacer un debate monográfico en torno a la escuela catalana, si se cree oportuno hacer un debate sobre la sequía y existen las mayorías parlamentarias para hacerlo, nosotros no tendremos ningún inconveniente.
Algunos ingenieros han empezado a plantear que, probablemente, sea necesario hacer un trasvase del río Ebre en Barcelona. ¿Estudian este escenario?
Es un escenario que nosotros no contemplamos.
En los últimos meses, el entendimiento o suma del PSC y de Junts ha llevado a Esquerra Republicana a acabar sumándose a iniciativas suyas. ¿El ejecutivo puede llegar al final de la legislatura, en su opinión?
Eso se lo tiene que preguntar al president de la Generalitat. En todo caso, actuaremos con sentido de responsabilidad. No dejaremos de hacerlo, no dejaremos de hacer el trabajo y no dejamos de estar al lado de la ciudadanía para resolver las necesidades. Es evidente que Aragonès es presidente de un Govern débil con solo 33 diputados. Él ha escogido este escenario, cesando al vicepresident Puigneró, incumpliendo los acuerdos que permitieron su investidura. Era un Govern que tenía que trabajar con solvencia para la independencia, y es un Govern que está situado en la incompetencia y en la dependencia con el Estado español y con el PSOE.
Entramos en el capítulo de las elecciones municipales 2023. ¿Qué objetivos se marca Junts per Catalunya? ¿Tiene que haber prioridad para pactos independentistas?
Estas elecciones municipales son muy importantes. Creo que la ciudadanía tiene una oportunidad de hacer una enmienda, de hacer una amonestación al Govern del president Aragonès y a su deriva de un Govern que tenía que trabajar con solvencia para la independencia a un Govern que está situado en la incompetencia y en la dependencia a nivel del Estado español. Nosotros vamos a todas, a sacar el máximo resultado posible, desde la capital de Catalunya hasta el pueblo más pequeño. Hemos presentado listas muy potentes.
Las elecciones municipales son una oportunidad para hacer una enmienda y una amonestación a la deriva del Govern de Pere Aragonès, la insolvencia del ejecutivo hace pasar vergüenza a la Catalunya entera
El caos de las oposiciones ha sido otra de las cuestiones que ha marcado la agenda política de esta semana. El viernes, compareció la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. ¿Las explicaciones que dio les convencieron? Su portavoz, Mònica Sales, afirmó esta semana que, en función de las explicaciones que ofreciera la consellera, no descartaban ningún escenario —como la petición de dimisión—.
La insolvencia del Govern hace pasar vergüenza a la Catalunya entera. Lo que ha sucedido con las oposiciones es muy grave. Se suma a la mala gestión de otras conselleries. Desde el señor Campuzano, prometiendo residencias a cambio de votos; la consellera Serret, en viajes internacionales que no están al nivel que Catalunya se merece; viajes del mismo president de la Generalitat de Catalunya; la consellera Teresa Jordà, incompareciendo por la sequía; el conseller de Educació, el señor Cambray, tampoco dando respuesta a las necesidades que en este momento tiene la comunidad educativa y estando a las puertas de planificar el próximo curso... Y ahora se ha sumado la consellera de la Presidència, la señora Vilagrà, en un caos esperpéntico, sin precedentes, que hace pasar vergüenza a las instituciones y al conjunto de la ciudadanía. Catalunya siempre había mantenido un prestigio en el Govern, gobernara quien gobernara: gobernara el Partido Socialista, Esquerra Republicana, Convergència, Junts. Siempre había tenido un prestigio y una valía y un respeto institucional, una solvencia. Lo que está pasando estos últimos meses hace pasar vergüenza a todo el conjunto del país.
Otro hecho de esta semana ha sido el acuerdo de la Junta Electoral Central, que ha ordenado la retirada del escaño de Laura Borràs. La cámara ha acordado presentar un recurso ante el Supremo para solicitar medidas cautelares. ¿Entiende Junts que se tendría que producir un relevo en la presidencia?
Lo que no puede ser es que la política catalana se haya avezado a la intromisión de la justicia española. Y no podemos permitir que la justicia española marque el día a día de la política catalana, como ha pasado desde los últimos tiempos, especialmente desde octubre del 2017. Lo vimos en el no pleno de investidura del president Puigdemont el 30 de enero del 2018, en el cual a pesar de una victoria en las elecciones del independentismo —desgraciadamente con la ayuda y la colaboración de alguien—, se acabó no celebrando. Lo vimos con la suspensión de derechos políticos de diputados del Parlament de Catalunya, de los presos y los exiliados. Lo vimos con el president Torra, que se le retiró el acta de diputado por una pancarta de 'Llibertat presos polítics' y, por lo tanto, que defendía la libertad de expresión. Y los dos últimos casos son los del diputado Juvillà y ahora, con la diputada y presidenta del Parlament, Laura Borràs, que sin haber sentencia firme la Junta Electoral Central, que es un órgano administrativo, quiere suspender el acta. Hay una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU que apareció en julio pasado, que dice que no pueden ser suspendidos sin sentencia firme los diputados y los derechos de los diputados, que quiere decir los derechos de los electores y de la soberanía del conjunto de la ciudadanía. El Estado español ya nos tiene acostumbrados a actuar de esta manera. Nosotros, todo lo que sea combatir la represión, que significa vulnerar los derechos de los diputados y diputadas, estaremos y por eso dimos apoyo a la iniciativa que tomó la Mesa del Parlament de presentar este recurso al Tribunal Supremo a fin de que no se suspenda el acta de diputada de la presidenta Laura Borràs.
Sea como sea, todo parece apuntar a que Laura Borràs perderá el acta como diputada. ¿Junts tiene que mantener el liderazgo de la segunda institución del país?
Se han presentado los recursos y esperaremos a que haya respuesta. En el momento que pase, la ejecutiva del partido ya decidirá lo que tenga que decidir.
¿Este escenario actual de reproches al Govern de ERC dificulta un acuerdo con ellos de cara a las próximas elecciones?
Esperamos que haya la amonestación que puede hacer la ciudadanía mediante el voto, que es el gesto más poderoso que podemos ver en estas elecciones municipales y que pueda replicarse en las próximas para que pueda hacer rectificar a Esquerra Republicana y priorice el diálogo con el independentismo en vez de priorizar el diálogo con el PSOE y con el Estado español, y que haya un cambio de rumbo en este sentido. Nosotros siempre hemos trabajado por la unidad y estamos dispuestos a hablar, pero unidad para avanzar, para gestionar con solvencia el día a día de la ciudadanía de Catalunya y también para avanzar en la defensa de derechos y libertades y conseguir la independencia.
En esta línea, recientemente en una entrevista con ElNacional.cat, el exvicepresident Jordi Puigneró apuntaba que, en todo caso, quien no volvería a ser president con el aval de Junts es Pere Aragonès. ¿Lo comparte?
Quien tiene la posibilidad de poner y sacar presidents es la ciudadanía mediante su voto.