Ni presiones ni sobornos. El alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir (Junts), ha declarado este lunes como investigado y ha negado ante el juez del caso Volhov haber recibido algún soborno del exconseller de ERC Xavier Vendrell para acelerar la operación urbanística de Villa Bugatti. Tampoco recibió presiones, según fuentes judiciales. La Guardia Civil sostiene que Vendrell usó su influencia política en el consistorio y en el Departament d'Educació para sacar adelante una modificación urbanística en el solar de Villa Bugatti para situar la escuela El Brot, de educación especial. La operación urbanística era beneficiosa para el Ayuntamiento porque, como fija la normativa urbanística, se le cedía un solar para el municipio y se urbanizaba la zona, pero se siguieron todos los pasos legales y sin ninguna irregularidad, ha declarado Mir, según fuentes judiciales. La declaración de Xavier Vendrell prevista para hoy se ha aplazado para el 22 de diciembre. Una vez declare Vendrell, la defensa de Mir, ejercida por Jordi Pina, pedirá el archivo de la causa para el alcalde, el cual no tiene ninguna conversación intervenida con Vendrell.
La tesis de la Guardia Civil es que Vendrell impulsó esta operación para conseguir dinero para el independentismo. El valor del cambio urbanístico se cifró que pasaría de 5 a 10 millones de euros. El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquin Aguirre, ha dirigido todo el interrogatorio y no ha preguntado al alcalde de Junts nada sobre la financiación del exilio o Waterloo, donde vive el presidente Puigdemont. El alcalde de Cabrera de Mar ha detallado que la operación no tuvo ninguna irregularidad; la modificación urbanística se aprobó por el pleno de forma inicial y faltaba el visto bueno de la Generalitat. El proyecto era recalificar unos terrenos, que tenía uso residencial y hotelero, y calificar una parte como equipamiento; es decir, de menos valor en el mercado. La operación quedó truncada cuando el 29 de octubre de 2020 la Guardia Civil los detuvo y registró el consistorio. A raíz de la operación judicial, el Ayuntamiento abrió un expediente administrativo a los titulares de la finca, ya que no tenían todos los permisos para hacer convites y fiestas, según fuentes municipales.
La Fiscalía Anticorrupción todavía no ha nombrado oficialmente al sustituto de esta causa, Fernando Maldonado, que se ha marchado fuera de Catalunya, y nuevamente los interrogatorios se han hecho sin la presencia del fiscal.
El concejal de ERC y los 38.000 euros
Este lunes también ha declarado como investigado de la pieza de Villa Bugatti Enric Mir, que era concejal de Urbanismo en Cabrera de Mar, y que ERC hizo dimitir cuando la Guardia Civil le encontró en su despacho un sobre con 38.000 euros. Mir ha respondido a las preguntas de su abogado, Mariano Bergés, que el origen de este dinero eran de una venta de una casa y maquinaria y que iba a destinar para la compra de unos terrenos al día siguiente de ser detenido. La defensa ha aportado documentalmente al juzgado los detalles de esta transacción económica, y se sostiene que la Guardia Civil en el último informe admite que había unos correos electrónicos donde se ve esta operación de compra venta. Mir ha defendido la modificación urbanística, y ha asegurado que las conversaciones con Xavier Vendrell, eran como las un otro promotor más, pero el juez no le ha podido preguntar nada, como permite la ley.
En esta causa ya han declarado otros investigados, como el arquitecto municipal, y el arquitecto contratado por Vendrell, que también han defendido la legalidad del proyecto. El traslado de El Brote, sin embargo, ha quedado abortado por el proceso judicial.