El alcalde de Calella de Junts per Catalunya, Marc Buch, ha reivindicado la nueva proposición de ley que ha presentado su partido en el Congreso de los Diputados, que endurece las penas de hurtos y robos. Apuestan por reformar los artículos 234 y 235 del Código Penal. Algunas medidas que proponen son las condenas de uno a tres años de prisión para el robo de móviles; que el número de jueces de adscripción territorial en Catalunya pase de 35 a 70 o dotar los ayuntamientos de la capacidad de poder actuar penalmente contra los delincuentes sin perjuicio de la que le corresponda en la Fiscalía. Este es el resultado del malestar que hay entre algunos ayuntamientos, de todos los colores, ante la falta de herramientas de los gobiernos municipales para hacer frente a la multirreincidencia.
Uno de los que ha levantado más la voz contra estos comportamientos es el alcalde de Calella, Marc Buch, quien ha acusado Esquerra Republicana y PSOE de no trabajar para combatir la multirreincidencia. En una entrevista a El Món a Rac1, Buch, que ha sido el portavoz de algunos alcaldes del Maresme que se han movilizado para hacer frente a esta situación, considera que "era una necesidad para la población, porque la seguridad es un derecho de todo el mundo". "Los multirreincidentes son personas que han aprendido, que cometiendo hurtos, pueden sobrevivir sin penas importantes y lo han convertido en un oficio" ha insistido Buch.
Endurecer las penas
Hasta ahora, solo se penaba en los multirreincidentes con prisión si los tres primeros hurtos sumaban 400 euros. Buch ha subrayado que la tramitación de Junts per Catalunya solo tiene un único objetivo: que asuman las consecuencias de sus actos. Por eso, ha remarcado que, "en ningún caso, la ley está pensada para personas inmigrantes". Buch ya pedía hace unos meses que se modificara la ley y denunciaba que les faltaban efectivos para hacer frente a un grupo de 11 jóvenes reincidentes que, todos juntos, habían cometido casi 300 delitos a lo largo de su vida.
Buch recalca que el origen de los que reinciden es "indiferente" y que los que cometen delitos lo hacen por "voluntad propia" y no por necesidad. Asegura que el hecho de cometer delitos por falta de trabajo, no va ligado a la cuestión de no tener papeles para ser inmigrante. Dice que la cobertura social "es muy extensa" y considera que "nadie queda desamparado". Independientemente de eso, Buch ha recordado un punto del acuerdo entre Junts per Catalunya y el PSOE para la aprobación de los decretos anticrisis, que es la delegación de las competencias de inmigración. Carpeta que, por cierto, se está trabajando en el sistema de verificación internacional entre junteros y socialistas.
Junts apunta que la situación en las calles empeora
Junts considera que "la situación en las calles sigue empeorando gradualmente", aunque en agosto del 2022 ya se hizo una reforma impulsada por el PDeCAT para dar solución a esta problemática. "El trabajo policial, en muchos casos, no es efectivo hasta que una sentencia firme condenatoria con pena de prisión obligue al ingreso de los delincuentes en la prisión, proceso que puede durar años o, incluso, puede no producirse", añaden. De hecho, el Parlament de Catalunya pidió hace unas semanas al Govern de la Generalitat que hiciera una propuesta para reformar el Código Penal.