Cuatro ayuntamientos de la Catalunya Nord han acabado hoy ante el tribunal administrativo de Montpellier por un motivo: haber permitido el uso del catalán —traducido al francés— en sus reglamentos en sus respectivos plenos municipales, una reforma que ha sido recurrida por el estado francés. Entre ellos se encuentra el municipio rosellonés de Elna, que fue el primero en dar este paso para la normalización de la lengua catalana. En declaraciones a ElNacional.cat a las puertas del juzgado, su alcalde, Nicolas Garcia, no se ha mostrado muy confiado en la justicia francesa y tiene la vista puesta en la europea. No obstante, está convencido de lo que han hecho: "Si no hablamos catalán en los lugares públicos, ¿quién lo hará?".
De esta manera, el alcalde de Elna defiende que lo más lógico sería esperar que se hiciera justicia y se permitiera el uso del catalán con traducción al francés (a diferencia de lo que pasa en Córcega o el País Vasco, donde se hace sin traducción). A pesar de todo, admite, no es "inocente". En este sentido, Nicolas Garcia ha denunciado que "el estado francés hoy tiene miedo de que cuatro ayuntamientos de los Pirineos Orientales, que está muy lejos de París y muy cerca de Barcelona, hablen catalán". Y ha reivindicado la iniciativa lingüística: "No hacemos nada más que decir que, si no hablamos el catalán en los lugares públicos, ¿quién lo hará y dónde lo haremos? ¿De qué sirve?".
Consciente de que la decisión del próximo 9 de mayo será contraria a su posición, Nicolas Garcia confirma que "iremos a la Corte Europea como individuos porque se están vulnerando nuestros derechos fundamentales". Y se ha mostrado convencido de que abrirán una rendija para la normalización de las lenguas regionales en la República francesa.
Judicialización del caso
Elna fue el municipio pionero, el que puso la primera piedra. Todo empezó allí, un día que el teniente de alcalde, Pere Manzanares, intervino en catalán y los concejales de la oposición se marcharon del pleno. Después de este incidente, y de haber consultado a juristas, decidieron regularlo. De esta manera, el 21 de abril, la localidad rosellonesa cambió su reglamento y se convirtió en "el primer municipio" a reconocer el uso del catalán "de forma oficial", a pesar del voto en contra de cinco concejales. Simplemente, se permitía que los concejales pudieran hacer sus intervenciones en catalán, con la condición de que fueran traducidas al francés. La respuesta del Estado francés no se hizo esperar.
El pasado septiembre, el flamante nuevo prefecto de Pirineos Orientales —y exjefe de gabinete adjunto del presidente Emmanuel Macron—, Rodrigue Furcy, decidió llevarlo a los tribunales. El argumento del prefecto (figura equiparable a un delegado del Gobierno) se encuentra en el artículo 2 de la Constitución: "El Consejo Constitucional y los tribunales administrativos han considerado, en varias ocasiones, ilegales las deliberaciones de las asambleas deliberativas celebradas en una lengua diferente del francés. Corresponde al juez administrativo pronunciarse sobre la legalidad de la deliberación del municipio de Elna". El catalán es considerado un "elemento susceptible de malmeter los principios fundamentales de la República y la jerarquía entre lengua oficial y lenguas regionales".