El alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier (AiS-Junts), volverá a sentarse esta semana al banquillo de los acusados. El histórico alcalde del Maresme está acusado de un delito de prevaricación para prorrogar irregularmente, y durante al menos cinco años, el servicio de transporte urbano del municipio, que incluye el trenecito turístico, el bus escolar y el bus urbano. La fiscalía pide 14 años de inhabilitación por agravante de reincidencia. Y es que Campolier ya fue inhabilitado durante cuatro años por otro delito de prevaricación, entre 2007 y 2011. En aquella ocasión por encargar y pagar proyectos municipales al arquitecto del Ayuntamiento, al margen de su sueldo como funcionario.
En el caso que se juzga a partir de este miércoles, Campolier tendrá que defender por qué en el 2013 siguió manteniendo el servicio de trenecito turístico, bus escolar y autobús urbano en una empresa que agotó las prorrogas previstas por contrato. "Era perfectamente conocedor de esta situación irregular y, abusando de sus funciones, lo consintió", relata la fiscalía.
Además de la caducidad de la licencia, se da la circunstancia que también en el 2013 hubo una segunda empresa que presentó una instancia al Ayuntamiento, interesada en prestar el servicio. Campolier lo obvió, hizo "caso omiso" de las advertencias del secretario municipal y mantuvo la primera empresa, sin convocar ni siquiera concurso público.
El secretario municipal insistió a Campolier en varias ocasiones durante los siguientes meses ante la "injusticia" que se estaba produciendo, pero el alcalde nunca atendió sus reclamaciones. Además, en el 2014 apareció una tercera empresa interesada en prestar el servicio en Santa Susanna. El alcalde volvió a prorrogar el contrato con la primera empresa.
La fiscalía alerta que esta situación se alargó al menos hasta 2018, cuando se cerró la instrucción, "sin que se pueda descartar que esta situación continúe a día de hoy". De hecho, según los datos abiertos del consistorio, la licitación del trenecito turístico se abrió el pasado mes de junio y no consta que se haya adjudicado todavía al nuevo concesionario.
Evita el debate político
Por otra parte, durante estos últimos años, Campolier también ha impedido que este asunto se debata políticamente en el pleno del Ayuntamiento. El grupo municipal de Ciudadanos, recoge la fiscalía, intentó presentar durante un año y medio una moción en el pleno para pedir la convocatoria de un concurso público para adjudicar la explotación del servicio.
También en esta disputa intervino el secretario municipal, que informó que la propuesta de resolución presentada por Cs era del todo legal. El debate llegó finalmente al pleno en enero de 2016 y todos los grupos municipales votaron a favor, incluido el partido de Campolier.
La pugna con el secretario municipal
De hecho, el mismo secretario municipal que durante todos estos años advirtió a Campolier de su presunta mala praxis es también el funcionario que lo acabó denunciando por acoso y prevaricación unos años después. Lo acusaba de haberlo sancionado sin motivo y de despreciarlo. El pasado mes de julio, el alcalde se enfrentó a otro juicio por este caso, por el cual se enfrenta a dos años de prisión y una inhabilitación de 15 años más.