Las intenciones del Ministerio de Hacienda de acusar —y denunciar— a los 200 alcaldes que el martes de la semana pasada viajaron a Bruselas para dar apoyo al president Carles Puigdemont, a los consellers que están con él y los presos políticos de haber utilizado dinero público no han dado el fruto, quizás, esperado.
Después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya justificado en el Congreso la denuncia a los alcaldes bajo el argumento que "no pueden utilizar recursos públicos para financiarlo, hoy, al presidente de Alde, Guy Verhofstadt, y su secretario general, Alexander Beels, han tenido que escribir un comunicado "para todo el mundo a quien pueda interesar", asegurando que el eurodiputado Ramon Tremosa nunca ha pedido, ni ha recibido, dinero del grupo europarlamentario para financiar el viaje de los alcaldes.
De hecho, tanto los alcaldes como los eurodiputados catalanes ya han asegurado por activa y por pasiva que tanto los vuelos como el resto de gastos los han pagado de su propio bolsillo, pero, a primera vista, parece que el gobierno español tenga toda intención de buscar una fórmula que acabe implicando a los políticos independentistas en escándalos de corrupción.
Y es que ayer, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, se plantó en el Tribunal de Cuentas para exigir que se investigue cualquier tipo de conexión que pueda haber entre este viaje y el uso de fondo públicos.