La CUP ha emitido este miércoles un comunicado en que asegura que sus 16 alcaldes no irán a declarar ante la Fiscalía. La afirmación llega después de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, haya ordenado investigar a los 712 alcaldes que han mostrado su apoyo a la organización del referéndum independentista del 1-O y haya pedido a las fiscalías territoriales que los citen a declarar como investigados. En caso de que no se presenten, se han dado órdenes a los Mossos para detenerlos.
En el comunicado, los cupaires emplazan al resto de fuerzas políticas a "hacer lo mismo" amparándose en la ley del Referéndum. Las candidaturas municipales de la CUP también denuncian que la fiscal general "no puede ordenar la detención" de los alcaldes que no comparezcan: "ordenando estas detenciones sobrepasaría su límite competencial vulnerando los derechos fundamentales".
La CUP también denuncia "la actuación demofóbica y de ataque a los derechos fundamentales" del Estado español ordenando estas detenciones. Su único objetivo, dicen, es "atemorizar la población y a los cargos electos". Por eso, aseguran una respuesta conjunta con el fin de hacer valer el "mandato popular mayoritario amparado en el derecho inalienable de los pueblos a su autodeterminación".