La alcaldesa de Berga, Montse Venturós, no acatará la sentencia de seis meses de inhabilitación que el juzgado de lo penal 2 de Manresa dictaminó por un delito de desobediencia. Venturós no descolgó la estelada de la fachada del Ayuntamiento durante dos periodos electorales del año 2015, a pesar de los requerimientos de la Junta Electoral.
En una rueda de prensa este jueves por la mañana, la CUP ha anunciado que "no se quedarán tranquilos" y que no es una "cuestión de legalidades, sino de legitimidades" y por eso han asegurado que la alcaldesa no acatará la orden. Inicialmente Venturós había presentado un recurso a esta sentencia del pasado mes de junio, pero en una comparecencia pública ha explicado que ha decidido retirar el recurso porque "queremos ser nosotros quienes decidamos quién se presenta a las próximas elecciones".
Aunque Venturós seguirá siendo la alcaldesa de Berga, sólo ejercerá las funciones políticas, ya que será otro concejal de la CUP quien asuma la firma jurídica. La intención de Venturós es abrir una vía de confrontación porque quiere seguir ejerciendo las funciones políticas del cargo. Se trata de una estrategia inédita y ahora los cupaires quedarán "atentos" a la respuesta del Estado.
"Hemos decidido que seremos nosotros quienes decidamos si nos podemos presentar a elecciones, no los tribunales. Quieren inhabilitar la voz de todo un municipio. Ante este ataque contrapondremos legítimamente la voluntad popular y trabajaremos para hacer efectivo este mandato popular que nos han encargado", han explicado.
Por otra parte, la formación ha hecho un llamamiento para que estas acciones se repitan en otros municipios y en el Parlament. "Hace falta una respuesta coordinada contra la represión. Es el Parlament quien tendría que generar una legislación que vaya más allá de los márgenes del Régimen del 78 y que los municipios puedan estar amparados en una legalidad alternativa", han pedido.