La alcaldesa de Sant Cugat del Vallès, Mireia Ingla, ha hecho público este miércoles que, a raíz del desahucio de la discoteca Drinkking Lemon, ha recibido amenazas de muerte. Ingla ha afirmado que denunció los hechos a los Mossos d'Esquadra. La persona en cuestión ya fue identificada y fue citada en los juzgados donde tuvo lugar un juicio rápido por amenazas. Actualmente, se encuentra a la espera de la sentencia.
A través de las redes sociales, la alcaldesa ha explicado la situación que ha visto y ha querido hacer una reflexión al respecto. Ingla ha remarcado que sabe que por su cargo tiene una gran "incidencia sobre mucha gente y las actividades que se desarrollan en la ciudad". "Tomamos decisiones que pueden no ser compartidas y es normal que haya gente que muestre su desacuerdo dirigiéndose a mí en persona, por los medios o a través de las redes," ha expuesto y ha añadido que es su obligación escucharlas. Ahora bien, denuncia cuándo estas quejas pasan a las amenazas.
Ingla ha denunciado que son hechos que no se pueden dejar correr bajo el pretexto que ella ostenta un cargo público. "No lo comparto y me resisto a normalizar que alguien me pueda insultar o amenazar solo por el hecho con que hago de alcaldesa", ha sentenciado. En el hilo de Twitter, Ingla ha incluido algunas de las amenazas que ha sufrido y finaliza afirmando: "El juez determinará cuáles son las consecuencias que castigan estas amenazas".
Desahucio de Drinkking Lemon
El pasado 14 de julio, el juzgado de primera instancia número 4 de Rubí ordenó desahuciar la discoteca Drinkking Lemon de Sant Cugat del Vallès. Todo empezó con una demanda del Ayuntamiento de Sant Cugat, que denunciaba que la empresa Reostat S.A. no pagaba el canon por el uso de terrenos municipales donde se ubicaba la discoteca. La compañía había acumulado una deuda de 4,5 millones de euros desde 2006. Además del cierre de la discoteca, el juez ha condenado a la empresa a pagar las rentas reclamadas y le ha impuesto las costas del proceso.
Por su parte, el Ayuntamiento celebró el fallo judicial. "El objetivo era recuperar y hacer público el contrato, el gobierno municipal está para hacer cumplir aquello que afecta terrenos del Ayuntamiento, que son recursos públicos," explicó entonces Ingla. La empresa reconoció la deuda con el Ayuntamiento, pero abogó para no ser desahuciada, afirmando que habían intentado negociar con el consistorio sin éxito. La alcaldesa, sin embargo, liberó de culpa el Ayuntamiento recordando que la responsabilidad recaía sobre la empresa.