“Los ayuntamientos, y yo lo voy a promover, tenemos que plantear un conflicto en defensa de la autonomía local para impugnar el cupo catalán si se materializa, con el objetivo de defender la financiación de los municipios”. La alcaldesa de Valencia levanta la voz y lanza una amenaza contra la futura financiación singular de Catalunya acordada entre el PSC y ERC. A pesar de los criterios dispares de interpretación entre socialistas y republicanos, y aunque el nuevo modelo todavía no ha cristalizado negro sobre blanco y está lejos de ser aprobado, María José Catalá señala el camino hacia el Tribunal Constitucional. Y también pide solicitar al Consejo de Poderes Locales y Regionales de Europa (un órgano consultivo del Consejo de Europa que actúa como portavoz de las regiones y poderes locales) que “investigue al Gobierno por vulnerar la Carta Europea de Autonomía Local, que exige que las corporaciones sean consultadas en tiempo y forma de toda acción que pueda afectarles, sobre todo si afecta a los recursos”.
“Seamos honestos, el cupo catalán es una puñalada al municipalismo”, ha afirmado María José Catalá durante un desayuno en Nueva Economía Fórum. En este sentido, ha considerado que “no habrá un solo alcalde, del signo que sea, que no coincida” y ha lamentado que ni Pedro Sánchez ni sus ministros “hablan de financiación local cuando hablan de la reforma de la financiación autonómica porque para el Gobierno el municipalismo no existe”. La alcaldesa de Valencia ha sido muy crítica con las negociaciones entre el PSOE y el independentismo en el extranjero y ha reprochado que “en Suiza, no se habla de las necesidades de los ayuntamientos de España”, sino que “solo se habla de supervivencia política”. Además, ha hecho un llamamiento a que Pedro Sánchez convoque a los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias durante las reuniones que está manteniendo con los presidentes autonómicos y les “garantice un sitio” en la futura Conferencia de Presidentes.
Según los cálculos del Ayuntamiento de Valencia, la cesión del IRPF a Catalunya, el primer paso del acuerdo entre el PSC y ERC, implicaría unas pérdidas de ingresos del 10% para los municipios. “Solamente en IRPF, Catalunya recaudó el año pasado más de 23.000 millones de euros y todos hemos escuchado a la ministra de Hacienda decir que iban a empezar por el IRPF para luego ceder más impuestos a Catalunya. De momento, la caja común de la solidaridad territorial puede sufrir un agujero de 23.000 millones de euros, que van a perder directamente las comunidades y también los ayuntamientos”, ha esgrimido. Y ha verbalizado la “preocupación” de los ayuntamientos a la hora de “meter el cupo catalán en la ecuación” de un sistema de financiación local que es “totalmente perverso”, que “no responde a las competencias de los ayuntamientos” y que los “condena a pelearse por las migajas”. “El cupo catalán ataca directamente al principio constitucional de suficiencia financiera de los ayuntamientos y no va a ser algo circunstancial: va a mermar la capacidad económica a futuro y a los ayuntamientos nos toca defender el pan de hoy, pero también el pan de mañana”, ha concluido.
“Necesariamente, tenemos que ir todos a una”
Durante su intervención, María José Catalá ha puesto en relieve que los ayuntamientos “necesariamente” tienen que “ir todos a una” esgrimiendo que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exige que un conflicto de competencia por vulneración de la autonomía local esté promovido por “un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los existentes” y, a la vez, “representen como mínimo un sexto de la población oficial”. Por lo tanto, se necesitan el 7% de los ayuntamientos y el 6% de la población. “Estoy convencida de que vamos todos a una y de que van a haber muchas ciudades españolas que se adhieran a esta necesidad”, ha concluido.
Después del acto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reivindicado una “posición común de defensa del municipalismo” para que “el cupo sanchista no perjudique a los municipios de toda España”. Y ha advertido que el Ayuntamiento de Madrid “va a estudiar” y “va a tomar todas las medidas en defensa de los madrileños que sean necesarias”, también la posibilidad de “ejercer acciones ante el TC”. “Madrid cumple por si solo el 6%, pero queremos la unión del municipalismo en torno a la defensa de una financiación local suficiente”, ha remachado.