Víctor de Aldama ha ratificado este lunes ante el Tribunal Supremo que José Luis Ábalos cobró comisiones por el caso Koldo y también por adjudicaciones de obra pública cuando estaba al frente del Ministerio de Transportes. En una comparecencia de más de tres horas ante el juez que investiga la trama corrupta de las mascarillas, el comisionista de este caso ha reiterado que llegaron a pagarse entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones por la adjudicación de obra pública que se repartieron entre él mismo, el exministro Ábalos, su exasesor Koldo García y también el PSOE. De hecho, ha reiterado que pagó 15.000 euros al actual secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán. Por otra parte, y según apuntan fuentes presentes en el interrogatorio, Aldama ha aportado unas capturas de pantalla de unos mensajes de WhatsApp para demostrar sus acusaciones. El comisionista no se ha quedado aquí y también ha relatado ante el magistrado que pagó hasta tres pisos de Airbnb de Madrid a los que, según su relato, iban José Luis Ábalos y el actual ministro Ángel Víctor Torres en compañía de "señoritas". Según relatan fuentes presentes en el interrogatorio, no ha incriminado a ningún miembro más del Gobierno.

 

Víctor de Aldama ha llegado este lunes al Tribunal Supremo escoltado por una de las figuras más influyentes de la extrema derecha española: Daniel Esteve, líder de Desokupa. El comisionista del caso Koldo ha llegado a su comparecencia ante el juez en un coche conducido por el jefe de la empresa especializada en publicitar desahucios de inmigrantes. Al llegar a las puertas del alto tribunal, se ha bajado del vehículo, ha encajado las manos con su chófer y ha entrado con la intención de salpicar al PSOE en la trama corrupta de las mascarillas. El comunicador ultra Vito Quiles, perteneciente al mismo ecosistema que el 'deshauciador' Daniel Esteve, celebraba en sus redes sociales la forma en la que Aldama entraba en el Supremo: "Desokupar la Moncloa".

El Gobierno cree que, con respecto a su credibilidad, Aldama se ha disparado un tiro en el pie con el gesto de llegar al Supremo acompañado de Daniel Esteve. "Es surrealista", señalan a ElNacional.cat fuentes de la sala de máquinas de la Moncloa. Denuncian que el líder de Desokupa tiene vínculos no solo con Vox, sino también con los ultras de 'Se Acabó La Fiesta' de Alvise Pérez. Para más inri, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado también este lunes que enviará un informe y un escrito al Supremo donde se acredita que las acusaciones de Aldama son "falsas". "Todo lo que ha dicho este señor en referencia a los contratos del ministerio es absolutamente falso, no es que no demuestre nada, sino que nosotros acreditamos que lo que dice es falso y lo hacemos de una forma muy seria con un informe y un escrito que yo mismo firmaré", ha explicado en un desayuno informativo en Valladolid.

La declaración de Aldama de este lunes ha llegado cuatro días más tarde que la de Ábalos, y después de haber presentado ante el Supremo un documento para incriminar al exministro y desgastar al gobierno de Pedro Sánchez, al que ya hace semanas advirtió que "tenía pruebas" suficientes para salpicar al PSOE en la trama corrupta de las mascarillas. Aldama presentó un escrito en que aseguraba que pactó con Ábalos entregarle un piso de Madrid valorado en 1,9 millones de euros como "garantía" de que en un futuro recibiría los pagos por parte de constructoras a cambio de contratos "preadjudicados" de obra pública.

En este escrito también incluía como contraprestaciones a Ábalos el pago del alquiler de un lujoso piso para Jéssica, la pareja de aquel momento del exministro. Y añadía también pagos en efectivo. De hecho, en una declaración de hace unas semanas ante la Audiencia Nacional, el comisionista de la trama aseveró que le pagó a Ábalos hasta 600.000 euros. En aquella declaración también encañonó a socialistas como Santos Cerdán (actual secretario de Organización del PSOE), Ángel Víctor Torres (expresidente de las Islas Canarias y actual ministro de Política Territorial) y Carlos Moreno (jefe de gabinete de Hacienda, el Ministerio capitaneado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero). Por otra parte, este lunes y de forma simultánea a la declaración de Aldama ante el juez, la Guardia Civil ha realizado registros en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo en el marco de la causa que investiga al comisionista del caso Koldo, pero por otra trama: la de los hidrocarburos

La declaración de José Luis Ábalos

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE compareció el jueves ante el juez Leopoldo Puente para desmentir las distintas acusaciones que Aldama había vertido sobre él. "Agradezco al juez que me haya permitido esta declaración voluntaria, hace muchos meses que intento declarar ante la autoridad judicial", afirmó ante las decenas de periodistas que se agrupaban en las puertas del Supremo.

Ábalos explicó que durante su comparecencia ante el juez abordó "todos los extremos conocidos y publicados" en la prensa. Se comprometió, también, a entregar toda la "documentación oficial" que acredita, según su relato, que él no fue beneficiario de la trama. Durante su declaración, descargó la responsabilidad a Koldo García, que fue su asesor cuando él era ministro de Transportes.

El informe de la UCO que apunta a una colaboración de Aldama con Ábalos

En octubre pasado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó al juez un informe que apuntaba a que Ábalos tuvo un "papel relevante y de responsabilidad" en la trama Koldo. El documento relataba que el entonces ministro recibió contraprestaciones para otorgar el contrato de mascarillas a Aldama: usar un chalet en Cádiz valorado en 600.000 euros y que la trama corrupta pagara el alquiler de un piso en la madrileña Torre España utilizado por la pareja de Ábalos. También apuntaba el informe a que Ábalos, Koldo y Aldama jugaron un papel clave en el rescate de Air Europa. Por su parte, Aldama también aseguró que firmó un contrato con Ábalos de arrendamiento de un piso en la zona alta del Paseo de la Castellana, valorado en 1,9 millones de euros, en abril de 2019. El documento era una garantía para el exministro de que las empresas adjudicatarias de las obras públicas pagarían las comisiones ilegales, pero el inmueble no se llegó a comprar.