La lengua ha pasado a ser el elemento central de debate en el Congreso de los Diputados. No solo por la protección de las lenguas cooficiales en la futura ley audiovisual. También por la inmersión en la educación catalana y la sentencia que obliga a impartir un 25% de las asignaturas en castellano. La ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha tenido que enfrentar a tres preguntas al respecto durante la sesión de control de este miércoles. La respuesta, un juego de equilibrios: si bien defiende el sistema de inmersión catalán, también ha confiado en que la Generalitat sea "responsable" con una sentencia que, en palabras suyas, "no va contra el catalán".
La derecha ha disparado directamente contra esta cuestión, exigiendo al Gobierno que actúe para hacer "cumplir la ley". El diputado valenciano del PP, Óscar Clavell, ha responsabilizado a la ministra de que "se estigmatice a muchos niños por comunicarse en la lengua de Cervantes y se destierre el castellano en España". En la misma línea, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha denunciado que La Moncloa "mira hacia otro lado ante los ataques a los constitucionalistas". Les ha instado a "olvidar la deuda con ERC" y cumplir "su deuda histórica con las familias catalanas".
Pero también la CUP ha puesto el tema encima de la mesa. La diputada Mireia Vehí ha preguntado a la responsable estatal de Educación qué piensan escoger entre la sentencia del Supremo o el modelo de inmersión, la ley Celaá y la ley de educación de Catalunya. La parlamentaria cupaire ha advertido al ejecutivo central que "o se pone al lado de los pueblos y las lenguas o se pone al lado de la campaña ultraconservadora" de los tribunales, "obsesionados con acabar con el catalán".
En sus réplicas, sin embargo, Pilar Alegría ha defendido una cosa y también la contraria. La ministra española de Educación ha hecho una defensa encarnizada del sistema de inmersión catalán, que ha tenido un "buen funcionamiento" durante cuatro décadas, "un modelo por el que siempre hemos apostado" y que garantiza el pleno dominio de las dos lenguas. Incluso ha acusado a Arrimadas de no conocer la "realidad catalana" y la Ley de Educación de Catalunya, que ha recordado que fue aprobada por mayoría del Parlament y ratificada por el Tribunal Constitucional.
Ahora bien, la dirigente socialista también ha apelado a la separación de poderes y el respeto a las sentencias judiciales, "máxime cuando estas son firmes". En este sentido, Pilar Alegría ha confiado en que la Generalitat "actúe de una manera responsable". Ante las críticas de Vehí y el conjunto del independentismo a la resolución judicial, ha defendido que la sentencia de la semana pasada "no va contra el catalán".