El síndico de agravios, Rafael Ribó, ha advertido este viernes contra la imposición de un mínimo del 25% de las clases en castellano en las aulas catalanas. Tal como ha hecho público en un comunicado remitido al Govern de la Generalitat, en el Gobierno y en el Consejo de Europa, Ribó cree que se debe proteger el modelo lingüístico actual y que la jurisprudencia constitucional consolidada lo ha avalado. No hacerlo comportaría "un riesgo elevado de segregación social y lingüística". Según su opinión, el hecho de que el Tribunal Supremo haya fijado una cuota para el castellano "sustituye la competencia de la Generalitat cuando haría falta mayor flexibilidad según la realidad sociolingüística".
Jurisprudencia
El síndico de agravios ha posicionado este viernes en contra de la resolución del Tribunal Supremo que fija en un mínimo de 25% las horas escolares que se tienen que impartir en castellano. En el comunicado, Ribó ha querido trasladar tres ideas principales: que la jurisprudencia no refleja la decisión del Supremo; que la justicia española está tomando decisiones que son competencia de la Generalitat y que la nueva norma afectaría gravemente a la lengua catalana. En primer lugar, el síndico ha recordado la legislación vigente y que la lengua catalana es, por ley, "la lengua propia de Catalunya" y que "todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán". En este sentido, Ribó ha señalado que el mismo Tribunal Constitucional ha reconocido que la lengua catalana debe ser mayoritaria en la educación pública "con la intención de paliar déficits históricos" con Catalunya. El síndico también ha recordado que "el catalán sigue siendo minoritaria como lengua inicial y de uso habitual".
Competencia
En opinión del síndico, "La determinación de la cuota única por parte de un tribunal sustituye la competencia de la Generalitat cuando haría falta mayor flexibilidad según la realidad sociolingüística" de Catalunya. Es decir, la lengua es competencia del Departamento de Educación. Paralelamente, la elaboración del proyecto lingüístico de una escuela recae en la dirección del centro, que puede ejercerlo con autonomía. Es por eso que, tal como indica la legislación vigente, la enseñanza en catalán se tiene que poder ejercer "sin que la generalización de cuotas, que ya había fijado con anterioridad el TSJC para casos concretos y particulares, tenga que ser considerado como un mínimo de referencia válido para todos los centros". Cada escuela tiene que poder decidir su proyecto lingüístico de acuerdo con su contexto social.
Segregación
Para Ribó, es necesario proteger al actual modelo lingüístico en las escuelas catalanas, que está avalado por las instituciones europeas: "No consolidar este modelo compuerta un riesgo elevado de segregación social y lingüística y afecta negativamente a la competencia lingüística en lengua catalana de los niños de familias no catalanohablantes, que no tienen ocasión de hablarla ni de desarrollarla en su entorno más próximo", ha concluido el síndico.
Foto principal: el síndico de agravios, Rafael Ribó, en el Parlamento / Europa Press