Alerta Solidària ha anunciado este martes que en los próximos días irán presentando a los juzgados escritos solicitando la amnistía para muchos independentistas encausados por protestas en la calle durante el Procés. Inicialmente, la entidad antirrepresiva ha centrado el interés en 20 casos que afectan a 53 personas y que consideran que podrán dibujar un "mapa claro de la orientación de la fiscalía y de las reacciones de la judicatura". Los afectados están investigados o condenados por delitos como desórdenes públicos y atentado a la autoridad.
De entre estos 53 afectados, uno es Adrián Sas, pendiente de ser citado para ingresar en la prisión, cuatro más que tienen condenas de prisión recurridas a instancias superiores, uno que está pendiente de recibir sentencia, 18 pendientes de ser juzgados, 12 que esperan recibir fecha para ser juzgados, cuatro en instrucción y 13 que ya han sido condenados con sentencia firme, alguno de ellos con sentencia de conformidad.
Aparte de estos casos, Alerta Solidària también está pendiente de tres casos singulares más: el caso del preso Abel Mora, a quien han propuesto instar la amnistía a través de su abogada; el caso de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional; y el caso de la Operación Judas del 23-S, donde se ha emplazado a las defensas para el 27 de junio para celebrar la vista de las cuestiones previas al juicio y donde corresponde presentar las alegaciones para la aplicación de la amnistía.
La petición de Òmnium
Por su parte, Òmnium Cultural ha pedido este martes oficialmente la amnistía para el miembro de su Junta Directiva Oleguer Serra, acusado de terrorismo en la causa contra Tsunami Democràtic, informa la entidad en un comunicado. Los abogados de Òmnium han hecho el trámite para solicitar el archivo de la causa contra Serra después de que la ley de amnistía se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes. Por otra parte, Òmnium ha puesto el escrito "a disposición de todos los represaliados" a través de la Sindicatura per l'Amnistia, una herramienta impulsada por la sociedad civil con el objetivo de velar por la correcta aplicación de la ley de amnistía.
El BOE ha publicado la ley de amnistía a los encausados del Procés. Este era el último paso administrativo que faltaba para permitir la entrada en vigor de la norma, aprobada en el Congreso el pasado 30 de mayo. Desde este momento, la aplicación real de la amnistía queda en manos de los jueces con causas vinculadas al Procés, que disponen de dos meses para decidir si la aplican o no. En caso de duda, tienen la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales a la justicia europea. Si no optan por esta estratagema, los jueces podrán dictar "el levantamiento inmediato" de las medidas cautelares que pesan contra los investigados, así como la extinción de las órdenes de detención internacionales y estatales.