El esperado proyecto de ley de memoria democrática entró, a finales de mayo, en su tramitación parlamentaria, después de que se rechazaran las enmiendas a la totalidad de los grupos españolistas (Vox, PP y Cs). Esta ley une tres normas pioneras: la Ley del Memorial Democrático (2007), la Ley de fosas (2009) y la Ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo (2017). La consellera de Justicia, Gemma Ubasart, aseguró en el Parlament que la ley es "un proyecto de país", y que "puede volver a poner Catalunya a la vanguardia de las políticas de memoria del Estado y del marco europeo".
En esta entrevista, el director general de Memoria Democrática, Alfons Aragoneses (Madrid, 1973), desbroza los retos de esta nueva ley y de la dirección general, que dirige desde noviembre de 2022. Negociar con todo el mundo es una de las máximas de este jurista, así como ser realista. "El paso del tiempo no nos permitirá hacer justicia en todos los procesos ni como querríamos", confiesa Aragoneses, ya que los testigos que vivieron por ejemplo la represión franquista van desapareciendo. "Estamos en transición a la postmemoria", reflexiona.
El 31 de mayo pasado la ley de memoria democrática superó las enmiendas a la totalidad y sigue el trámite parlamentario. Hay entidades que consideraban que quedaba corta. ¿Recogieron sus sugerencias?
Cuando llegamos al Departament de Justicia, el noviembre pasado, encontramos un anteproyecto de ley, que había recogido algunas sugerencias de entidades, y paramos el procedimiento porque queríamos incorporar el máximo de sugerencias e hicimos un gran esfuerzo por incorporar sugerencias de las asociaciones. Nosotros queremos una ley que sea efectiva, que no pueda ser cuestionada, que no se pueda cuestionar su constitucionalidad porque lo que queremos es una ley que esté al servicio de los investigadores, de las familias, de las víctimas y las asociaciones. No queremos hacer ningún brindis al sol, no queremos aprobar cosas que nos gustarían pero que sabemos que no son constitucionales.
La ley de memoria es ambiciosa. Queremos que sea una ley al servicio de los investigadores, las víctimas y las asociaciones
Recientemente, Pep Cruanyes, de la Comisión de la Dignidad, ha afirmado a ElNacional.cat que la ley catalana de memoria es muy declarativa pero poco ejecutiva.
Insisto, nosotros nos hemos basado en los principios del Derecho Internacional, y dentro de las competencias que tiene la Generalitat, hemos ido a máximos. Nadie nos puede decir que no hemos sido ambiciosos, porque es una ley ambiciosa, eso sí, respetuosa con el reparto de competencias entre Estado y la Generalitat. Vamos a máximos en el derecho a la información, en archivos, en derecho a la justicia.
¿Y cuándo esperan que esté aprobada?
El otra día se rechazaron las enmiendas a la totalidad de VOX y el PP y Ciutadans, y ahora le toca a la Mesa del Parlament decidir los plazos, de la ponencia y las comparecencias. Es un trámite que ahora está en manos del Parlament.
¿La nueva ley de memoria democrática española, la Ley 20/2022, aprobada el diciembre pasado, encorseta la norma catalana?
No, en absoluto. Tenemos que entender que hay un reparto competencial, en general, no solo en temas de memoria, entre Estado, Generalitat y Ayuntamientos. Nosotros hemos sido muy cuidadosos al respetar las competencias municipales, y tenemos el visto bueno de las entidades municipalistas. Insisto, queremos que la ley sea eficaz desde el primer día.
¿Aunque hay muchos ámbitos, que destacaría de la ley catalana de Memoria?
Por ejemplo, ponemos la educación en el centro, como han hecho otras leyes. Creemos que estamos en un momento posttransicional en que los testigos van dejando paso a los descendientes de estos testigo, y tenemos que poner el acento en la educación de las nuevas generaciones que no han vivido ni la dictadura franquista, ni la transición ni los primeros años de la democracia. Es una ley que reformula el concepto de víctima y es una ley que va a máximos con respecto al derecho a la información. Incorporamos avances normativos y doctrinales para facilitar el trabajo a investigadores
¿Qué quiere decir que han reformulado el concepto de víctimas?
Cogemos el concepto de víctima del derecho internacional pero también ponemos una lista de víctimas de la represión franquista, como las mujeres, minorías étnicas como la gitana, que habían sido olvidadas en normas anteriores, además del colectivo LFTBIQ, personas psiquiatrizadas, personas de tratamientos médicos excluidos en otros países, como la talidomida, o la prevención de la polio. Hacemos expresiones amplias de víctimas para que la ley no nos quede anticuada.
Hemos puesto una lista de víctimas de la represión franquista, olvidadas en normas anteriores, como las mujeres, la comunidad gitana o personas psiquiatrizadas
Se afirma que la ley de Memoria limita la investigación con la excusa de la Ley de Protección de Datos, mientras que la norma española indica que pasados 50 años no hay limitación en la documentación.
Hace 20 y 30 años no se hablaba de protección de datos. Y nos guste o no, estamos un momento de protección de datos personales. El derecho europeo, el español y el catalán protegen los datos de los ciudadanos. El legislador catalán lo tiene que tener en cuenta. Nos tenemos que adaptar la momento actual.
Una de las recientes noticias es que el Ateneo de Memoria Popular ha obtenido respuesta del Ministerio de Presidencia para que aporte más información para resignificar la Jefatura de la Policía de Via Laietana en un espacio de memoria. ¿Tienen noticias? ¿Los han ayudado?
No hemos recibido noticias del Ministerio. Estamos en diálogo con las autoridades del Estado porque creemos que la resignificación de Via Laietana llegará. Y llegará a través de la negociación política. La resignificación de Vía Laietana no es el capricho de una asociación, ni del gobierno catalán, sino un deber de todas las administraciones porque fue un lugar de tortura. Resignificar estos lugares de tortura, además de un efecto educativo, tiene un efecto reparador. Repara el dolor de las víctimas. Eso llegará, y hay que poner argumentos jurídicos y políticos sobre la mesa, y siempre negociando.
La resignificación de la Jefatura de Via Laietana es un deber de todas las administraciones, y llegará a través de la negociación política
Uno de los compromisos de la ley es la retirada de simbología franquista. ¿Qué pasa con la retirada planificada del monumento franquista del río Ebro en Tortosa? ¿Continúa judicializado?
Pues, sí, continúa judicializado. No ha habido cambios. Esperamos que el juzgado nos permita hacer la obra prevista.
La ley española de memoria permite la investigación de crímenes franquista. Ya hay dos jueces, uno en Galicia, que recientemente lo han desestimado. En Barcelona, todavía se espera la respuesta de la querella de Carles Vallejo, torturado en Via Laietana. ¿Qué opina?
Falta una nueva mirada al derecho actual. El artículo 2 de la Ley de Memoria, y también la creación de la Fiscalía de Sala de Memoria abren vías interesantes para investigar estos crimen cometidos por las autoridades franquistas. Es cierto que hace mucho que pasaron y que hay una Ley de Amnistía pero la Ley de Amnistía permitía la investigación de crímenes cometidos por funcionarios. Establecía que el juez tenía que investigar el delito, y al final del procedimiento, cuando se habían probado los hechos y la responsabilidad del funcionario, el juez decretaba la amnistía. La ley de Amnistía, pero se aplicó de otra manera: se consideró que era un obstáculo por investigar. Y ahora, esta nueva interpretación de la ley de Amnistía y de la creación de una Fiscalía de sala abren la vía para que se pueda investigar desde la judicatura estos delitos sin que al final del proceso nadie sea castigado. Eso es importante porque ya sabemos que en Via Laietana se aplicaron torturas: lo sabemos por las víctimas, por los historiadores, pero hace falta un relato jurídico. Es decir, que un juez diga que esta persona sufrió torturas de este y de este señores, aunque estos responsables no sufran prisión. Es muy importante que, aparte del relato periodístico e histórico, haya un relato jurídico de los crímenes del franquismo, aunque nadie vaya a la prisión.
La ley de Amnistía permitía investigar los crímenes del franquismo, con la amnistía del responsable, pero no se interpretó bien
¿Veremos este relato jurídico de los crímenes del franquismo?
Soy optimista y creo que sí. Los jueces y juezas jóvenes que he conocido son personas normales y sensibles a los problemas de nuestro tiempo. La formación en memoria de juristas es un tema que estamos trabajando e implementaremos en colaboración con el Poder Judicial y la escuela judicial. También con el Centro de Estudios Jurídicos se preparan cursos de formación. Además, es importante cultivar la memoria de la justicia durante Transición.
¿Qué quiere decir?
Pues, que hubo cierta continuidad en la Transición, pero también se tiene que poner en valor y destacar jueces, juezas y fiscales que se enfrentaron a sus jerarquías para luchar por la democracia y los derechos humanos. Queremos organizar jornadas para poner en valor a estas personas. Por ejemplo, aquí tenemos a los fiscales José Maria Mena y Carlos Jiménez Villarejo. La judicatura publicaba una memoria anual, en la cual se decía que todo iba muy bien, y paralelamente había jueces y fiscales que editaban una memoria clandestina donde explicaban qué pasaba realmente en los juzgados y en las comisarías en los años 70.
Queremos introducir visitas de estudiantes en espacios de memoria, como tienen otros países
¿En el ámbito de Educación, qué se quiere hacer con la memoria democrática?
Queremos hablar con Educación, que tiene la competencia para definir el currículum. Eso no es una novedad de la ley catalana. El PP ha criticado muchas veces la ley de memoria, pero en realidad en época de Rajoy se introdujo la memoria en el currículum de primaria y en el de secundaria. Desde la LOMCE es obligatorio tratar el tema de la Shoah (el holocausto). Y por lo tanto, nadie se tiene que escandalizar que el legislador catalán también quiera organizar mejor los contenidos de memoria. De hecho ya se hace, pero lo que se pretende es que todos los estudiantes la reciban. Además de trabajar con Educación, desde la Dirección General y desde el Memorial también queremos producir materiales pedagógicos que puedan ser utilizados por maestros. También nos estamos planteando introducir visitas a espacios de Memoria como han hecho otros países. En Alemania es obligatorio visitar un espacio de memoria a lo largo de los estudios. En Francia, el gobierno de Macron, ha decidido recientemente que sería obligatorio para los estudiantes visitar un espacio de Memoria.
¿Y en Catalunya?
Aquí no es obligatorio, pero se podría incluir una red de espacios de Memoria. Tenemos instituciones, como el Museo Memorial de l'Exili y el COMEBE.
La ley Memoria catalana unifica tres normas.
Sí. Catalunya fue pionera con la Ley del Memorial, del 2007, y hubo un gran debate pluridisciplinar. Después la ley de Fosas, en el 2009, y en el 2017 se aprobó la ley de reparación jurídica. Hacía falta unificar estas normas y actualizarlas porque los 16 años que han pasado desde la primera norma, parece que sea pocos años, pero el tiempo de la memoria es un tiempo muy acelerado, es un tiempo qué pasa muy rápido.
¿Por qué?
Porque en 15 años han desaparecido testigos|, ha habido un cambio generacional muy importante. Ha habido avances en políticas de Memoria y en historiografía, y no solo hacía falta unificar sino también actualizar.
Con respecto al plan de fosa, encontrar los restos del sindicalista Cipriano Martos es un ejemplo de éxito y su familia lo ha podido enterrar en Granada. Pedía el apoyo de las administraciones, y al final lo ha hecho el Gobierno.
Es un caso muy particular. Hablamos de una muerte que pasó en 1973, en el tardofranquismo. Cipriano Martos es un sindicalista anónimo y desconocido hasta que la asociación que promueve la querella argentina y el periodista Roger Mateos empiezan a investigar y a trabajar el tema. Es un obrero de Andalucía que viene a Catalunya a trabajar y nuestra intervención ha tenido una función reparadora. El hermano hacía mucho tiempo que luchaba, y finalmente pudo inhumar los restos de su hermano en la tumba de la familia, el sábado.
Precisamente, este año se han casi duplicado, con cerca de 4,5 millones, la partida para el plan de fosas. ¿Tienen un plan actualizado?
Sí. Lo anunciamos: ahora estamos interviniendo en Masdenverge, y queremos intervenir en fosas de soldados republicanos en la retirada en las Garrigues y el Berguedà. No es que no tengamos un plan para los próximos años, es que se marcan objetivos a corto plazo, y a medida que avanzamos, vamos adaptando estos objetivos. Es un momento muy importante porque estamos en un momento de transición de la memoria y la postmemoria.
Estamos en un momento importante, de transición de la memoria a la postmemoria. Los testigos que lo vivieron directamente desaparecen
¿Cuál es esta transición?
Estamos en un momento de tráfico de la memoria. Van desapareciendo los testigos que recuerdan, y transitamos a la postmemoria, donde las personas recuerdan no porque lo vivieron directamente sino porque recibieron esta memoria de la familia o en formación. Y Eso tiene efectos sobre las políticas de memoria. No podemos estar desarrollando las mismas políticas de Memoria ahora que las que podíamos haber hecho en los años 80. No podemos tener los mismos objetivos. Los tiempos cambian, y si no evolucionamos, las políticas no serán útiles. Desde la Dirección General tenemos que trabajar el día a día, tenemos que abrir fosas, pero se tiene que pensar qué pasará cuando desaparezcan los testigos, cuando las personas que buscan no son hijos ni nietos, sino bisnietos. Nos acercamos a la postmemoria.
La entidad Asociación Raíces anunció que un juzgado de Barcelona había admitido a trámite una querella contra su antecesor, Antoni Font, por prevaricación por supuestamente negarse a exhumar la fosa del cementerio Montcada i Reixac, y desenterrar unos 700 cadáveres de víctimas de la retaguardia republicana durante la Guerra Civil. ¿Hay una selección de víctimas desde la Dirección de Memoria?
No. En absoluto. Ni la normativa ni las políticas de Memoria discriminan entre víctimas. He hablado antes de Masdenverge, allí fueron enterrados muchos soldados franquistas. Y la fosa de Montcada nos interesa, y de hecho, a finales del 2022 encargamos un estudio técnico para que indique qué pasó en la fosa de Montcada, qué personas fueron inhumadas y cuáles exhumadas. Claro que nos interesa. Fueron víctimas de violencia revolucionaria, por motivos ideológicos y religiosos y por lo tanto son víctimas igual que las víctimas de la represión franquista.
¿Qué es impontante en la fosa de Motcada?
Primero, dejar claro que es falso que no nos interese a la fosa de Montcada. En ella se evidencia que la violencia no fue igual en los dos bandos. Hubo una acción revolucionaria y hubo centenares de víctimas. Cuando el gobierno de la Generalitat recupera el control, empieza a investigar estos asesinatos y empieza a exhumar los cadáveres de las fosas. Acaba la guerra, los franquistas continúan las tareas de exhumaciones e investigaciones, hasta que deciden pararlas. Cuando los muertos dejan de tener una utilizado propagandistas, paran los trabajos y tiran tierra allí encima, y dejan la fosa abandonada. Así que no fue la República la que abandonó la fosa de Montcada, sino las autoridades franquistas.
No discriminemos en función de las víctimas (...) Nos interesa la fosa de Montcada y se verá que la República quiso aclarar los crímenes revolucionarios, y que el franquismo dejó de exhumar cuando los muertos dejaron de tener una utilidad propagandista
Esta historia en migajas, como la llama François Dosse, tiene un mensaje político y llega a mucha gente; hay que prestarle atención
La Historia nunca ha sido objetiva. ¿Ahora es demasiado subjetiva y de bandos?
La historiografía siempre ha tenido un grado de subjetividad, quizás lo que tenemos ahora es lo que el historiador François Dosse llama la historia en migajas (de su obra L'histoire en miettes). Los historiadores franceses siempre habían menospreciado esta historia que alimenta documentales de ciertas plataformas o libros que se venden a centenares en supermercados o grandes almacenes. Es una historia muy poco científica y académica, no contrasta, pero es muy ponente porque transmite un mensaje política. I François Dosse afirmó que hace falta prestarle atención porque a pesar de no ser historiografía es influyente. Y es cierto, que vivimos una época con mucha historia con migajas, con pseudohistoria, muchos libros de autores que no son historiadores que defienden una versión de la Guerra Civil o la dictadura franquista sin fundamentos científicos pero que tienen gran difusión, y tenemos que prestar atención porque llega a mucha gente.