El duro golpe que ha supuesto la anulación por parte del Tribunal Constitucional del impuesto de la plusvalía ha provocado que Ada Colau, José Luis Martínez Almeida y otros alcaldes de las principales ciudades del Estado se hayan unido para exigir al Gobierno más fondos. Esta tasa supone una de las fuentes de ingresos más importantes para los Ayuntamientos y el TC ha considerado que no se puede obligar al pago del impuesto si no se ha dado un incremento real del precio del terreno.
Ahora, los alcaldes de las seis ciudades más importantes (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza y Málaga) han dejado de lado las diferencias entre partidos, ya que hay representantes del PP, PSOE, Compromís y en Comú, han firmado una petición al Ejecutivo para superar las dificultades de los Ayuntamientos después de la pandemia de la covid 19.
Fondos para el transporte local
En una carta en la cual ha tenido acceso el diario El Mundo, dirigida a las ministras Raquel Sánchez y Maria Jesús Montero, de Transportes y Hacienda, respectivamente, los alcaldes les han reclamado un "nuevo fondo de rescate para el transporte público local", para el 2022. Este, han pedido, tendría que ser como el del 2021, ya que el Gobierno ya ha anunciado que no se prorrogará. Los seis alcaldes, a la espera de que se puedan sumar otros concejales de diferentes puntos del estado, lamentan que "persisten todavía, por desgracia, las causas extraordinarias y singulares que sufre el sector para tratarse de un servicio público esencial, tanto desde el punto de vista social como económico".
De los 1.000 millones que pedían a los alcaldes, el Gobierno consignó 434 para compensar a 273 ayuntamientos por las pérdidas en el transporte público urbano e interurbano ocasionadas por la crisis de la covid. Cada año se sufragan las pérdidas del anterior, motivo por el cual los alcaldes piden ahora un fondo para 2022 que sirva para tapar el agujero pandémico de 2021. "A pesar de la mejora que se está produciendo durante el 2021, el año acabará con un déficit muy significativo en el volumen de viajeros respecto del 2019", escriben. "Todo ello, con la totalidad de los recursos y medios municipales destinados al transporte colectivo en servicio. Este descenso implica una fuerte pérdida de ingresos tarifarios". Los alcaldes han firmado de uno en uno la misma carta, enviándosela los unos a los otros.
Rozan el colapso
Otra de las quejas que comparten a los firmantes, todos al frente de ciudades con más de medio millón de habitantes, es que "las limitaciones de aforo, los gastos extra para los protocolos de limpieza ni la subida de los precios de los carburantes y la electricidad", no ayudan a la viabilidad financiera de las empresas municipales. Al fin y al cabo, sumado a la reducción de los pasajeros. En este contexto, ven "innegable la urgencia de disponer de una solución similar a la articulada para el año pasado". Esta subvención, según reclaman a las ministras, tiene que ser "directa".
Ayer, Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias ya se quejó de que "las entidades locales estamos asumiendo unos gastos que no nos corresponden" en el momento pospandémico, un hecho al cual se le tiene que sumar la anulación del impuesto de la plusvalía. Esta ha dejado las arcas de los Ayuntamientos rozando el colapso: "Es urgente una reforma de la Ley para garantizar la seguridad jurídica de los Ayuntamientos y ciudadanos".
180 millones en peligro
Por su parte, después de conocer la decisión del TC, Ada Colau advirtió que la anulación de los artículos de la ley de la plusvalía "afecta de una manera gravísima" a todas las finanzas municipales. "Es muy preocupante, afecta a todos los ayuntamientos de todos los colores políticos y afecta a los presupuestos que tenemos que aprobar para el próximo año, en un momento en que llegan los fondos europeos. Es muy grave", avisó la alcaldesa de la capital catalana. Según sus cálculos, cerca de 180 millones de euros están en peligro por la anulación de este impuesto, tan solo en Barcelona.