Los jóvenes de Altsasu han sido condenados por desórdenes públicos, pero no por el delito de terrorismo. La Sección Primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha impuesto a los ocho acusados penas que van de los dos a los 13 años de prisión para los delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. Pero ha descartado los delitos de terrorismo, que sostenían tanto la acusación como la Fiscalía. El tribunal considera que no ha sido acreditada la finalidad terrorista.

No obstante, argumentando la "gravedad de los hechos" y que la pelea tuvo lugar "por motivos ideológicos y de animadversión hacia la Guardia Civil", la Sala ha impuesto las penas máximas para estos delitos previstas en el Código Penal. Ha aplicado los agravantes de abuso de superioridad y de odio.

El tribunal ha impuesto penas de 13 años de prisión para Oihan Arnanaz e Iñaki Abad, 12 años para Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alza, nueve años para Julen Goikoetxea i Aratz Urrizola y dos para Ainara Urkijo. Por otra parte, la Audiencia Nacional también ha impuesto indemnizaciones de 9.200 euros para el teniente de la Guardia Civil involucrado en la pelea, 3.750 euros para el sargento y 6.100 euros para sus parejas.

Después del juicio, que tuvo lugar el pasado abril, la Fiscalía mantuvo la acusación por delitos de terrorismo contra los ocho jóvenes navarros. El Ministerio Público pedía varias penas, que iban de los 12 años y medio a los 62 años y medio de privación de libertad.

 

"No puede permitirse en el siglo XXI"

Ante la "gravedad de los hechos", la Audiencia Nacional argumenta que se han impuesto las penas más altas porque "no puede permitirse que en el siglo XXI, y en un Estado democrático y de derecho, se prive a unas personas, sólo porque tengan las condiciones de guardias civiles y sus parejas, de poder moverse en libertad" y que "sólo puedan acudir a determinados lugares y no puedan salir por la noche a pasar un rato de ocio y diversión".

Por otra parte, el tribunal también considera acreditado que no sólo sabían que eran guardias civiles, sino que además actuaron motivados "por su clara animadversión y desprecio hacia la Guardia Civil y por motivos claramente ideológicos intentando expulsar a este estamento de la localidad de Altsasu". Durante el juicio se argumentó la celebración del Ospa Eguna, una jornada festiva contra la presencia de cuerpos policiales.

En este sentido, argumenta que, si no, "no se entiende que agredieran de esta manera a dos guardias civiles y sus parejas cuando llevaban trabajando en el cuartel escasamente uno de ellos un año y el otro apenas veinte días". La máxima lesión que sufrieron fue un tobillo roto.

Ni "pelea de bar" ni terrorismo

La Sala de la Audiencia Nacional ha rechazado, como argumentó la defensa de los ocho jóvenes, que se tratara de una "pelea de bar o un pequeño incidente o discusión". Para justificarlo, la sentencia hace referencia a "la actitud de brutalidad adoptada por los acusados", el "clima de violencia verbal de insultos y amenazas directas" o "el hecho de que las víctimas no fueran auxiliadas por ninguna persona presente en aquel momento".

A pesar de eso, rechaza también la acusación de terrorismo. Según el tribunal, no se ha acreditado la "finalidad" terrorista ni que los acusados asumieran en aquel momento los postulados de ETA. Tampoco consta ningún vínculo de estos jóvenes con el grupo terrorista, ni que sus intenciones buscaran provocar terror entre la sociedad, alterar gravemente la paz pública o subvertir la orden constitucional. Sí que vincula a algunos acusados con el movimiento contra la presencia policial.

"Profesionalidad" y "valentía"

La sentencia condenatoria también subraya la "significativa profesionalidad" de los guardias civiles implicados en los hechos, que considera que no se dejaron llevar por la supuesta agresividad ni las supuestas provocaciones de los condenados. Por otra parte, también destaca la "valentía" de las parejas de los agentes, que "no fueron ayudadas por ninguna de las personas allí presentes".