El eurodiputado de extrema derecha y personalidad de las redes sociales Alvise Pérez habría cobrado durante la campaña electoral de las europeas 100.000 euros en metálico por parte de un empresario de las criptomonedas, según un escrito llegado a la Fiscalía que ha avanzado eldiario.es. El fundador de la empresa Madeira Invest Club (MIC), Álvaro Romillo, conocido en las redes sociales como 'CryptoSpain', ha entregado en la Fiscalía un documento en el que lo admite y se pone a disposición de la Justicia si hubiera algún delito.

Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), habría recibido este pago en mano el pasado 27 de mayo, tan solo unos días antes de las elecciones europeas del 9 de junio del 2024. La "confesión" viene acompañada de documentación como conversaciones entre el empresario y Pérez y un informe pericial que acredita la veracidad de estas. Romillo pone también a disposición de la Justicia su patrimonio, en bienes y líquido, para compensar a sus inversores, afectados por el cierre repentino el pasado 15 de septiembre de Madeira Invest Club, su club privado de inversores en criptomonedas. Los afectados en muchos casos se han querellado contra el empresario por estafa.

Según los documentos a los que ha tenido acceso el citado diario, los 100.000 euros se habrían entregado en mano a las oficinas de Sentinel BQ, una empresa del mismo Romillo que dispone de cajas de seguridad fortificadas y que promete hacer intercambios de dinero bajo una total confidencialidad. Pérez habría sido citado a las 16:00 h del 27 de mayo y un trabajador de la empresa lo habría dado el dinero. Después, el ahora eurodiputado confirmó en Romillo vía mensaje que había recibido el importe.

Fondo para financiar la campaña del 9-J

Alvise Pérez, que habría expresado que los fondos eran para financiar la campaña electoral del 9-J, detalló también en un mensaje del 9 de abril sus "necesidades", entre las cuales figuran "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas", con los que pagar mítines y publicitado. El objetivo en sí mismo habría sido recaudar "entre 300.000 y 360.000 euros" para hacer frente la campaña electoral y pagar a sus "proveedores". Pérez también alegaba que no podía poner dinero de su bolsillo por los límites legales que establece la normativa que regula los partidos políticos. Aunque también explica que tiene que hacer frente a multas por "revelación de secretos": "corruptos, pedófilos y ex altos cargos gubernamentales", aseguró el ahora eurodiputado. Otro motivo que esgrime Pérez en sus mensajes es que tenía intención de sortear el salario de eurodiputado y que, por lo tanto, este dinero que pedía "vendría bien para financiar la aventura política".

Además del pago de 100.000 euros en metálico, Álvaro Romillo trabajó con Alvise Pérez para abrirle cuatro wallets, monederos virtuales de criptomonedas, con las cuales podría obtener pagos directos de sus seguidores. Una campaña de micromecenazgo que Pérez publicó en su Telegram y que obtuvo unos 7.000 euros, si bien al ser insuficiente y llegar demasiado lento, después se acordó el citado pago en metálico.

Contrario a la ley de partidos

En suma, este pago en metálico por parte de Romillo podría ser ilegal, dado que la ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones anónimas y establece que los partidos no pueden aceptar donaciones directas o indirectas de una misma persona por valor superior a 50.000 euros anuales. Tampoco están permitidas las donaciones de personas jurídicas, como ahora bien una empresa. Y las donaciones de más de 25.000 euros tienen que notificarse en el Tribunal de Cuentas en un plazo de tres meses.