El eurodiputado de extrema derecha Luis Pérez Fernández, conocido por Alvise Pérez, investigado por financiación ilegal, suma una nueva causa en el Tribunal Supremo: la querella que le puso Salvador Illa por haber publicado en las redes sociales una presunta PCR positiva de Covid-19 suya falsa, durante el debate electoral que se emitió en La Sexta por los comicios del 14 de febrero de 2021. Pérez ya declaró como investigado ante el titular del juzgado de instrucción 33 de Barcelona para responder de la acusación de falsedad en documento privado e injurias, que le presentó el actual president de la Generalitat y el PSC. La causa se ha elevado al alto tribunal español porque el polémico tuitero es ahora aforado en el Supremo desde que obtuvo el acta en el Parlamento Europeo en las elecciones del 9 de junio pasado.
El documento que Alvise difundió era la de una supuesta prueba a la cual se habría sometido el exministro de Sanidad el 6 de febrero. A la cabecera de la misma, aparecía el logotipo de Quirón Salud. Aquel día, pero, Illa estuvo haciendo campaña por ciudades como Salou o Lleida.
El Supremo reclama una exposición razonada
El Tribunal Supremo, en una resolución del 3 de octubre pasado y conocida este miércoles, ha acordado devolver la causa al magistrado de Barcelona porque sostiene que tiene que hacerle una exposición razonada sobre los indicios que ve contra Alvise para que pueda valorar si asume la causa. Por el hecho de ser europarlamentario, el Supremo admite que Alvise sería competencia suya. Además, el alto tribunal exige que el informe sea enviado antes del 17 de noviembre, que es cuando finaliza la prórroga de la investigación contra el agitador.
Financiación sospechosa
Actualmente, la Fiscalía del Supremo investiga Alvise al recibir la denuncia del fundador de la empresa Madeira Invest Club (MIC), Álvaro Romillo, conocido en las redes sociales como 'CryptoSpain'. La empresa ha afirmado que el agitador habría cobrado durante la campaña electoral de las europeas 100.000 euros en metálico. Paralelamente, la Audiencia Nacional ya investiga tres denuncias por estafa contra esta plataforma.
Paralelamente, el Supremo confirmó, el junio pasado, que Alvise cometió dos intromisiones ilegítimas en el derecho a la propia imagen de la periodista Ana Pastor, por haber publicado en sus redes sociales el octubre de 2020 dos fotografías de ella captadas en restaurantes que carecían de interés general e informativo. Por estos hechos, Alvise fue condenado a pagarle una indemnización de 7.000 euros y a retirar las citadas fotografías de sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram.