La amenaza de interferencia del pleno del Tribunal Constitucional (TC) a un debate en el Congreso de los Diputados —con el pleno de este jueves, que se ha atrasado a las 12 h, para analizar el recurso del PP para detener la reforma del Poder Judicial— ha escandalizado en Madrid. El Parlament de Catalunya, sin embargo, sufre esta interferencia desde la consulta del 9-N del 2014, y además a instancias de los partidos en el Gobierno, tanto del PP como del PSOE. Es decir, el bloque conservador del TC, con el mandato caducado, aplica ahora al Congreso la medicina que aprobó para Catalunya. En octubre del 2015 se reformó la ley a fin de que el TC tuviera competencias ejecutivas de sus resoluciones, un hecho excepcional y estas nuevas atribuciones se usaron por primera vez contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O con la imposición de elevadísimas multas coercitivas para que no hicieran ninguna actuación para avanzar el Referéndum de Autodeterminación, que se dejaron sin efecto al dimitir del cargo. Y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, fue condenada a prisión por el delito de sedición por permitir el debate y votación de las leyes de desconexión, el otoño del 2017.

La excepcionalidad jurídica estrenada con Cataluña es que el TC avanza sus competencias a enmiendas de debate y tramitación de una norma, en lugar de analizar si la norma va contra la Constitución una vez aprobada.

La injerencia del TC contra el debate parlamentario más grave fue con la Mesa del Parlament que presidía Roger Torrent (ERC), el 2019, la cual fue acusada y juzgada por haber admitido a trámite resoluciones sobre la independencia de Catalunya y contra la monarquía de forma genérica, sin ningún efecto ejecutivo ni legislativo. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), de forma excepcional y sin mayoría, absolvió Torrent y a los otros miembros de la Mesa de ERC y de Junts al resolver que el mandato del TC no era lo bastante claro. La Fiscalía ya anunció que presentará recurso en contra.

Las injerencias del tribunal de garantías

El grupo del PSOE ha presentado este jueves un escrito al Tribunal Constitucional (TC) para que no admita a trámite el recurso de amparo del PP que pide que pare dos enmiendas que reforman la ley del Poder Judicial para desbloquear la renovación de este tribunal de garantías, horas antes que se haga el debate y aprobación en el Congreso de los Diputados. La mayoría conservadora del TC (con 6 magistrados en 5) y el PP han hecho un frente contra el gobierno socialista.

Pedro Sánchez, sin embargo, fue a quien instó al TC a frenar el debate del Parlament catalán en el 2019 y el tribunal envió un requerimiento, para algunos genéricos y ambiguo, a la Mesa para que no permitiera ninguna acción contra sus resoluciones anteriores, en que declara ilegal el Referéndum de Autodeterminación de Catalunya. El pleno del Parlament se adelantó a las 9 de la mañana, y un correo electrónico del TC que pesaba en exceso llegó tarde. La votación se hizo, sin embargo, no se registró, siguiendo las advertencias de los letrados del Parlamento. La inviolabilidad parlamentaria se volvía a no respetar. Y hora en el Congreso de los Diputados se lamentan de padecer el mismo agravio.