Contra todo. Contra el catalán, contra las personas migradas, contra el feminismo, contra el independentismo, pero también contra las restricciones y contra los presupuestos. Esta es la postura que ha asumido Vox desde su irrupción en el Parlament con 11 diputados, una posición contraria a todo acompañada de artillería judicial. Si una cosa es clara, es que los servicios jurídicos del partido ultra trabajan como nadie, y es que las querellas y los recursos son el día a día del partido liderado en Catalunya por Ignacio Garriga. Y a todo eso, como respuesta, cordón sanitario antifascista en la Cámara catalana para evitar que sus iniciativas salgan adelante, para asegurar que no presiden comisiones, y parándolos cuando se saltan el código de conducta. Y vuelve la respuesta de la extrema derecha: a cada toque de atención y paro, un nuevo recurso que interponen, vía judicial para tener el impacto mediático que no tienen por la vía política.

Antes de entrar en Parlament haciendo el sorpasso al PP, Vox ya tenía de mejor amigo a los tribunales, tanto en Catalunya como en el resto de los Països Catalans. Sin ir más lejos, la causa contra el rapero Valtonyc -que esta semana ha conseguido una nueva victoria- la capitaneó el actual líder de Vox en el Parlament de las Illes Balears, Jorge Campos. También constantemente han presentado querellas para impedir que los presos políticos obtuvieran el tercer grado o bien habían amenazado con los tribunales a miembros del Gobierno catalán. Justo dos días antes de las elecciones del 14-F, presentaron una querella al Tribunal Superior de Justicia contra el entonces conseller de Interior Miquel Sàmper, por no "perseguir los delitos" de las formaciones antifascistas que intentaban boicotear actos de campaña de Vox. Todo era un ensayo de lo que vendría después, con la entrada de los ultras a la Cámara catalana, convirtiéndose en la cuarta fuerza.

La noche en que tuvieron la noticia de su entrada, fue una fiesta para los de Garriga. Al final del acto los nuevos diputados entonaban cánticos como "vote, vote, vote, separata quien no vote", "a por ellos" y el himno de España. Cómo dijo el mismo Garriga, "nos han dicho 'no pasaréis', les quiero decir que hemos pasado, pasaremos y seguiremos pasando". Ya un mes y medio después, se estrenaba en el Parlament reivindicando obsesivamente el Rey, cargando contra la escuela catalana, los menores no acompañados, los migrantes y TV3. Todo lo declaró en una sala medio vacía, y es que entonces el cordón sanitario empezaba a hacer de las suyas: los diputados de ERC, Junts, CUP, comuns y algunos del PSC se marcharon de la sala. Y llegó el patio de la escuela: un diputado de Vox, Antonio Gallego, hizo la peineta sin ningún tipo de complejo a los diputados que se marchaban de la sala.

 

A partir de aquí empezó la carrera por conseguir atención. Como bandera, la estrategia "fiscalizadora" de llevar a la justicia cualquier elemento. Así fue que empezaron con una denuncia contra Mediapro y la CCMA. También hicieron un recurso contra la creación del fondo creado por el Govern para avalar las fianzas de 5,4 millones de euros impuestas por el Tribunal de Cuentas a cargos y excargos de la Generalitat por presuntas irregularidades en la política de acción exterior. Más recientemente, avisaron de que llevarían los presupuestos aprobados el pasado 23 de diciembre al Tribunal Constitucional, y hace pocos días presentaron recurso contra las restricciones para parar los contagios de la covid al TSJC, tribunal que precisamente avaló estas medidas. La última, un recurso de amparo al TC reclamando que el Parlament tenga que hacer las notificaciones también en castellano, y también han llevado a los tribunales los múltiples intentos del cordón sanitario para aislarlos.

Amenazas Aragonès, Borràs i CUP

Más allá de las medidas llevadas a los tribunales, las amenazas han sido constantes. Justo al principio de la legislatura, en la ronda de reuniones de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, Garriga aprovechó la reunión para amenazarla con llevarlala a los tribunales a ella y al resto de "responsables independentistas". También amenazó a la CUP de ilegalizarlos, cuando la diputada Eulàlia Reguant expresó en un pleno del Parlament su apoyo a la protesta contra una carpa de S'ha Acabat en la UAB. Y hace pocos días las amenazas fueron contra el presidente, Pere Aragonès, después de que este pronunciara el discurso de Navidad. Garriga lo advirtió que si impulsa el proceso independentista les meterían en la prisión "nuevamente". No es todo, la amenaza de vigilar y llevar a los tribunales al Govern por la polémica de la inmersión en las aulas también existe, e incluso se materializó con una manifestación que convocaron y que pinchó.

Manifestación convocada por Vox contra la inmersión en las puertas del Parlament / Eva Parey

Más allá de todas estas amenazas y denuncias, las iniciativas parlamentarias de Vox han ido en la misma línea. Pocos días después del aniversario del fusilamiento de Lluís Companys, el grupo ultra presentaba una propuesta de resolución en la cual quería que el Parlament inste al Govern a reprobar al expresidente por ser "el peor homicida de la historia de la Catalunya moderna, responsable del asesinato de cerca de 9.000 catalanes en la retaguardia de la Guerra Civil". Otra de las propuestas iba en la línea de disminuir la estructura de la Generalitat, pidiendo reducir a la mitad a los altos cargos del Govern y reducir el sueldo del resto en un 35%.

Cordón sanitario: buhardilla y vigilancia

¿La respuesta a todo eso? El cordón sanitario. Independentistas, comunes y socialistas se pusieron de acuerdo al inicio de la legislatura para arrinconar Vox en el Parlament, firmando un decálogo para aislar a los 11 diputados de extrema derecha, impedir su presencia a la Mesa del Parlament, evitar que prosperen sus iniciativas y combatir activamente los discursos de odio de Vox. La primera acción fue enviar el grupo a los despachos de la buhardilla, para más allá de aislarlos simbólicamente, no coincidir con ellos por los pasillos del edificio. Después los grupos buscaron la manera de vetar a su senador de designación autonómica, aunque el PSC no participó y se pusieron de manifiesto las primeras diferencias entre los firmantes del pacto.

El cordón sanitario también ha servido para apartar el grupo ultra de las mesas de las comisiones, a fin de que Vox no ocupe ningún lugar de responsabilidad en estos espacios. Meses después, en el marco de otras comisiones, se ofreció al grupo presidir dos irrelevantes -Tramitación de textos consolidados y Participación en la aplicación de principios de subsidiariedad y proporcionalidad para la Unión Europea-, una estrategia con el fin de asegurarse que Vox no lo pueda impugnar. Y el mecanismo sirvió, porque el partido decidió renunciar, después de ser conscientes de que era una humillación.

Más allá del cordón sanitario, las principales autoridades del país también han sido contundentes contra los ultras. En el pleno de principios de diciembre Aragonès estalló contra los discursos de Vox, y durante la sesión de control en el Parlament, pidió aislarlos. Fue después de que Garriga pidiera la suspensión de la autonomía a Catalunya y vinculara una vez más delincuencia con migración. El presidente de la Generalitat apuntó que sus discursos van en contra de los fundamentos de la cohesión social y pidió al resto de diputados que no compartan nada con la extrema derecha, que es "un nuevo fascismo". Un discurso que fue recibido en la Cámara con una gran ovación.

También la presidenta del Parlament ha ejercido mano dura con Vox. Ante sus discursos xenófobos y llenos de datos falsos y manipulados, Borràs ha ido recordando el artículo del reglamento que aborda el código de conducta, que dice que los diputados tienen que mantener en todo momento una conducta respetuosa de acuerdo con el principio de igualdad, sin discriminación en razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen, condición social, etnia, lengua o cualquier otro. De hecho, después de que Borràs haya reiterado en varias ocasiones esta cuestión, los grupos del cordón sanitario presentaron conjuntamente un documento para pedir a la Mesa del Parlament que ponga en marcha un procedimiento para comprobar si ha habido incumplimiento del código por parte de Garriga, por si fuera el caso, poder sancionarlo.

En la imagen destacada, el líder de Vox Ignacio Garriga / David Zorrakino (EP)