El Congreso de los Diputados ha de aprobar la ley de amnistía del Procés este jueves y si el viernes, o la semana que viene, se publica la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los jueces y tribunales que tienen causas penales, administrativas y contables con hechos recogidos en esta norma -centrados en impulsar la independencia de Catalunya, o en acciones policiales paera frenarla - , tienen que aplicar la extinción de su responsabilidad. Son centenares las personas que se tienen que beneficiar de la ley de amnistía. Los tribunales tienen 2 meses para ejecutarla y decretar el archivo de los procedimientos, estén a instrucción o sean condenas.
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Las imputaciones a policías por haber pegado votantes del 1-O y las de activistas acusados de desórdenes públicos son las más fáciles de dictar, todo y que pueden haber recursos. Alerta Solidària ha indicado que al menos hay unos 419 activistas que se les habrá de aplica la ley. Todo el mundo estará atento de lo que haga al Tribunal Supremo: es el alto tribunal español y sus decisiones serán seguidas por la mayoría de magistrados y tribunales. Sin embargo, hay magistrados que lo tienen claro y aplicarán la amnistía, según han comunicado a ElNacional.cat.
Consultas para bloquear la ley
Desgraciadamente, se esperan respuestas jurídicas para retrasar la aplicación de la ley de amnistía en los casos que afecten los políticos catalanes, como con la presentación de cuestiones de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional (TC) y consultas (las llamadas prejudiciales) en el Tribunal Europeo de la Unión Europea (TJUE), que puede tardar en contestar unos 2 años, hecho que implicará que los procedimientos queden congelados, sin poder cerrarse, pero tampoco se podrá avanzar en la investigación. Este hecho puede perjudicar a los políticos que todavía tienen inhabilitaciones a cargo público en vigor, como es el caso del líder de ERC Oriol Junqueras, que recientemente ha anunciado que reflexionará sobre su futuro en Esquerra (todo y que ha añadido que quiere seguir siendo el líder), y de Jordi Turull, secretario general de Junts. Es por eso, que los abogados de ERC y Junts preparan escritos al TJUE para que apruebe la medida cautelar, que la ley de amnistía entre en vigor mientras resuelve el fondo del caso, o que haga un procedimiento rápido, que no supere los 6 meses.
La vuelta de Puigdemont
Una de las principales incógnitas es si finalmente el juez instructor del 1-O en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, aplicará el punto de la ley de amnistía que ordena levantar "imediatamente" toda medida cautelar , y la principal es la orden de detención en el Estado español que continúa en vigor contra el president en el exilio Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig por el delito de malversación, hecho que les habría de permitir volver a Catalunya sin el peligro de ser detenidos. El abogado del president y uno de los negociadores de Junts de la norma, Gonzalo Boye, ha asegurado que si el magistrado cumple la ley no hay ningún peligro de detención.
La secretaria general de ERC, Marta Rovira, también tiene en vigor una orden de nacional española pero por el delito de desobediencia al TC por el 1-O, que no implica penas de prisión, como Clara Ponsatí, que al volver a Cataluña, un agente de los Mossos la va acompayar al juzgado y quedó en libertad
Hay juristas que no las tienen todas y opinan que Llarena mantendrá la orden de detención estatal, tal como se hizo con Oriol Junqueras de no respetar su inmunidad, como denunciaron tres magistrados del Tribunal Constitucional, contra la opinión de la mayoría. Otros, pero afirman que el juez Llarena levantará la orden de detención, para no ser acusado de prevaricador, pero forzará el tiempo al máximo. Y es que nadie duda de que los magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, encabezada por Manuel Marchena, han hecho los deberes para dejar en el limbo durante el máximo de tiempo posible la aplicación de la amnistía, al menos en el caso de los líderes políticos independentistas.
Como és habitual, el juez Llarena pedirá la opinión de las partes y dará unos días a las acusaciones de la Fiscalía y Vox, así como a las defensas, para que se pronuncie sobre la ley de Amnistía y las medidas cautelares. Eso provocará que pueda coincidir con los plazos de una posible investidura de Puigdemont, que el PSC ya ha rechazado.
El president en funciones, Pere Aragonès, ha fijado la constitución del Parlament de Catalunya surgido de las elecciones del 12-M para el 10 de junio, y para proponer un president de la Generalitat la fecha límite será el 25 de junio, y si el 26 de agosto no hay ningún acuerdo, se convocarán nuevas elecciones en octubre.
Hoja de ruta contra la amnistía
Una prueba evidente de juristas contrarios a la ley de amnistía es la constitución de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que ha elaborado una Guía práctica para el planteamiento de cuestiones prejudiciales en el TJUE sobre la ley de amnistía, con una versión actualizada el 19 de marzo pasado. Además, este fin de semana, se ha sabido que los juristas han enviado a todos los magistrados a esta guía, aprovechando el correo corporativo, que gestiona el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así, es evidente que hay jueces y tribunales españoles que tienen su hoja de ruta antiamnistía. Incluso, se indica que la aplicación de la amnistía se quiere aplazar el máximo posible, y que primero el Supremo haría la consulta en el TJUE, y después al Tribunal Constitucional.
La malversación del 1-O al TJUE
Por ejemplo, es seguro que la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que condenó a los líderes políticos por sedición, y luego fueron indultados por el gobierno del PSOE de las penas de prisión, pero no de las inhabilitaciones, hará consultas sobre la ley.
El alto tribunal español, además, ya se mostró contrario a la opinión del legislador y ha mantenido la condena por malversación de fondos a los republicanos Oriol Junqueras, Dolors Bassa y Raül Romeva y al juntaire Jordi Turull, a pesar de la reforma aprobada por PSOE y ERC. Y, ahora el Supremo ya prepara una consulta al TJUE sobre si se puede amnistiar los delitos de malversación de fondos y si esto choca con el derecho de la Unión, según fuentes judiciales. La ley de amnistía en el redactado indica que se podrán amnistiar todos estos casos que no haya implicado un enriquecimiento personal para el condenado, como se sostiene que es el caso del referéndum del 1-O. Sin embargo, para el Supremo, con los gastos del 1-O -cuantificados en 3,2 millones de euros junto con la promoción exterior por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas- ha habido un daño a las arcas de la Generalitat. El segundo argumento, indican, es que consideran que si se amnistía esta malversación porquè no la del resto de españoles acusados por el mismo delito.
El riesgo que las inhabilitaciones se mantengan
Así, con la presentación de la prejudicial en el TJUE quedarían sin resolverse las inhabilitaciones a cargo público por malversación que para Junqueras y la exconsellera Bassa son hasta el 2031, y para los exconsellers Turull y Romeva, hasta el 2030. Sus abogados seguro que ya preparan recursos contra esta intención del alto tribunal español, que ven bien clara para torpedear la aplicación de la amnistía. Lo mismo puede hacer la sala de lo penal del Supremo para los pendientes de juzgar por el 1-O y procesados por malversación: Puigdemont, Comín y Puig.
Está previsto que no pongan tantas trabas otros tribunales, como a la titular del Penal de Barcelona al cual se le pedirá el archivo de la causa contra los cinco síndicos electorales del 1-O, los cuales fueron absueltos, pero se ordenó la repetición del juicio. La titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que tiene la causa contra una treintena de excargos y empresarios para|por la organización del 1-O y gastos de exteriores, también tendría que dictar el sobreseimiento, y si no lo pedirán sus defensas.
Por el contrario, es muy probable que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) siga los pasos del Supremo y haga una consulta al TJUE con respecto a la causa con delitos de corrupción que tienen los excargos de ERC en el 2017 Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga, acusados de organizar el 1-O.
Habrá otros casos pendientes de revisión comoes el del exconseller de Interior Miquel Buch, condenado a 4 años y 6 meses de prisión por haber fichado al sargento de los Mossos Lluís Escolà, también condenado, por hacer de escolta del president Puigdemont. Su caso es ahora revisado por la sala de apelaciones del TSJC.
Las acusaciones de terrorismo a Tsunami y los CDR
Otro frente más difícil son las investigaciones por terrorismo a activistas y políticos catalanes. Por ejemplo, los 12 CDR de la Operación Judas están a las puertas del juicio y sus defensas pedirán ahora el archivo definitivo al tribunal de la Audiencia Nacional. La segunda investigación por terrorismo es la de Tsunami Democràtic, que está dividida con 10 encausados en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, dos, que son el president Puigdemont y el diputado de ERC Rubèn Wagensberg.
Fuentes judiciales también indican que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que lleva el caso de Tsunami, y la sala de lo penal del Supremo se han coordinado para presentar prejudiciales al TJUE sobre si el delito de terrorismo puede ser amnistiado y si es respetuoso con el derecho de la Unión, hecho que bloqueará las causas, pero al mismo tiempo no se podrá investigar ni detener a nadie. Los juristas ultras radicales, en su guía, pero aseguran que el juez con la consulta podrá seguir la instrucción y haciendo diligencias.
¿Y la supuesta trama rusa del caso Volhov?
Finalmente, el caso Volhov, sobre supuestas irregularidades en la financiación del independentismo catalán, que dirige el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona se ha derivado a aclarar si hay una trama rusa que intentó ayudar al president Puigdemont, hecho que podría implicar el delito de alta traición, todo y los escasos indicios para sustentar-lo. El magistrado Joaquín Aguirre así lo intenta, y querría elevar el caso al Tribunal Supremo por la supuesta implicación de Puigdemont. Por ahora, tiene las manos atadas hasta que se resuelva su recusación presentada por el abogado del president en el exilio, Gonzalo Boye. La Fiscalía, ue h estado bastenate crítica con el jue en el caso Volhov, recientemente se ha negado a apartar-lo de la causa.
Presidents Mas i Torra
La amnistía también se podrá pedir para los procedimientos que condenaron al president Artur Mas y exconsellers por la consulta 9-N, y al presidente Quim Torra, condenado dos veces por poner un cartel en el balcón de la Generalitat en apoyo de los presos políticos y del exilio. Tendrá pocos efectos porque los dos ya han cumplido la pena de inhabilitación a cargo public, y la ley indica que no se devolverá el dinero pagado en finanzas y multas si la sentencia es firme.
Muy diferente será el caso del Tribunal de Cuentas por el 1-O y el gasto exterior, que este miércoles quedó pendiente de sentencia y los 5 millones aportados por la Caixa de Solidaridad y el Instituto Catalán de Finanzas tienen que ser devueltos.