Amnistía Internacional y Omega Research Fundation han elaborado un informe conjunto en el cual alertan del uso de las porras policiales por todo el mundo. Entre otros ejemplos que aparecen en el documento se encuentran las cargas de la policía durante el referéndum del 1 de octubre, según informa la ACN.
En la investigación de las dos entidades se detallan 188 incidentes donde los agentes hace un uso indebido de las porras y otras armas policiales, un uso que, en algunos casos, consideran que puede ser constitutivo de tortura y maltrato. Concretamente, en el caso del Estado español Amnistía alerta del "amplio uso" que hacen los agentes policiales con el fin de ejercer fuerza "innecesaria o excesiva".
Las cargas en la Escuela Mediterránea de Barcelona son uno de los ejemplos a los que han recurrido las dos organizaciones para ilustrar el uso "excesivo" de la fuerza por parte de un cuerpo policial, el cual utilizó este tipo de armas. En el informe se remarca que en aquel centro de votación los policías golpearon a personas en actitud pacífica sin que hubiera ninguna amenaza evidente que justificara su actuación. Destacan un caso concreto, el de una mujer que fue golpeada en el cuello y la cara en dos
Más protestas, más represión, más países
El caso de las cargas del referéndum del 1 de octubre no es el único caso de violencia policial en el Estado español que destaca Amnistía. Las dos organizaciones diagnostican que las fuerzas de seguridad españolas hacen un uso "excesivo" de estas medidas de represión de forma generaliza. Así que han incluido otros ejemplos como el uso de defensas contra manifestantes pacíficos durante las protestas en Madrid contra el asesinato de Samuel Luiz.
El informe expone como este uso endémico de medidas represivas excesivas contra manifestantes no se limita al Estado español, sino que se extiende por muchos países por todo el mundo.
Ante esta situación Amnistía propone medidas con el fin de abandonar estos métodos en las actuaciones policiales. En el caso de España, las organizaciones pides a las autoridades que impartan formación estricta y basada en los derechos humanos para que los agentes hagan uso de este material antidisturbios según los estándares internacionales.
En caso de que estos incidentes no se puedan evitar y se acaben produciendo Amnistía pide que sean registrados y analizados. La ONG afirma que en estos supuestos habría que poner en marcha mecanismos para investigar el caso exhaustivamente.