Amnistía Internacional acusa a las autoridades de la Generalitat Valenciana liderada por el president Carlos Mazón de vulnerar el derecho a la vida y a la integridad física de los valencianos con su "respuesta negligente" ante la DANA que arrasó el País Valencià el pasado 29 de octubre y dejó más de 220 muertos. La organización por los derechos humanos asevera que no se ofreció información accesible y a tiempo sobre el peligro que se avecinaba. Así lo señala en un informe llamado 'Tengo pesadillas en las que suena esa alarma', publicado este jueves, en el que también se apunta que la gestión de la emergencia "era responsabilidad directa e inequívoca de la Generalitat Valenciana".

El informe señala también que la falta de coordinación entre los distintos niveles de la administración los primeros días posteriores al desastre "y la falta de un enfoque basado en derechos humanos, contribuyó a una sensación de abandono". "Esta gestión negligente constituye una violación del derecho a la información, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que la obligación del Estado de salvaguardar vidas incluye la obligación de informar adecuadamente a la población sobre cualquier emergencia potencialmente mortal", añade.

"Las personas con las que hemos hablado coinciden en señalar la desprotección y el desamparo en el que se encontraron antes, durante y después de la DANA. El Estado español, en sus distintos niveles, no cumplió con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, y por lo tanto es necesaria una rendición de cuentas, mediante investigaciones exhaustivas que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas", afirma Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional y autor del informe.

También responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez

Si bien Amnistía Internacional, coincide con la jueza instructora de Catarroja en que correspondía a la institución autonómica comandada por Carlos Mazón adoptar las medidas necesarias para alertar a la población y garantizar su protección; por otro lado, se advierte también que el Gobierno estatal de Pedro Sánchez "no ejerció la facultad que le reconoce la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para asumir la dirección de la emergencia". El Ministerio de Interior, según consta en el informe, ha trasladado a Amnistía que solo puede ejercer esta facultad previa solicitud del gobierno autonómico, y que como no fue el caso, la Generalitat Valenciana era en todo momento responsable de gestionar la emergencia. Por el contrario, Amnistía Internacional considera que la ley "otorga al gobierno central la posibilidad de actuar por iniciativa propia cuando la emergencia afecta a más de una comunidad autónoma, situación que sin duda se produjo el día de la DANA", puesto que también afectó en Albacete y en el levante andaluz.