Amnistía Internacional denuncia el espionaje con el software Pegasus en el apartado dedicado a España del informe anual sobre los derechos humanos. Según el texto, durante el 2022 "se ha agravado el clima de impunidad y la falta de rendición de cuentas" en algunos ámbitos de derechos humanos en el Estado. El texto afirma que la misma directora del Centro Nacional de Inteligencia admitió que se había espiado a políticos independentistas catalanes. Además recuerda el anuncio del Gobierno de que también se había espiado a Pedro Sánchez, el ministro del Interior y la ministra de Defensa.

Aparte del caso de espionaje principalmente al independentismo catalán, el informe denuncia la vulneración de derechos humanos en residencias geriátricas durante la pandemia de la covid-19 o los "abusos que ampara" la ley Mordaza, que han dejado la ciudadanía "desprotegida" ante "el uso excesivo de la fuerza" de la policía. La masacre de Melilla también aparece a la recopilación, como ejemplo del hecho de que "se han agravado las violaciones de derechos humanos en la frontera". De hecho, sobre el salto, Amnistía asegura que los hechos acabaron con "muertos, tortura y expulsiones".

En el caso concreto de la ley Mordaza, Amnistía Internacional subraya que el rechazo a la tramitación parlamentaria de la reforma de esta norma ha supuesto una "oportunidad perdida de última hora" en materia de libertad de expresión, reunión y manifestación, así como en materia de inmigración, dado que la ley "sigue avalando las devoluciones ilegales en la frontera". Por otra parte, en opinión de la entidad el año 2022 también ha evidenciado en España la protección "insuficiente" de las autoridades de los derechos económicos sociales y culturales "en un contexto de incertidumbre económica". Si bien por una parte se destaca como hecho favorable las iniciativas gubernamentales para ayudar familias vulnerables —ayuda de 200 euros para hogares con rentas inferiores a 14.000 euros anuales, rebaja del IVA de la luz, limitación del incremento de los alquileres—, de la otra se denuncia que "la desprotección del derecho a la salud y a la vivienda han continuado".

Así, se pone énfasis, por ejemplo, en el hecho que la inversión sanitaria de las Comunidades Autónomas "sigue muy lejos" de dedicar a la Atención Primaria el 25% de la inversión total en sanidad, "como recomienda la Organización Mundial de la Salud". También se destaca que el año pasado, en el contexto de crisis económica "miles de personas" han tenido "problemas" para acceder o conservar la vivienda "sin contar con la protección del Estado". El informe sobre España se puede consultar a partir de la página 191 del siguiente enlace:

 

A favor de la ley del 'solo sí es sí'

En el apartado de hechos positivos, el informe también subraya la ley del 'solo sí es sí', "un gran paso para la prevención, la atención y la protección de todas las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual; la ley trans; la ley del aborto; la ley de secretos oficiales, que "constituiría un punto de inflexión" en la gestión de los llamados secretos de Estado, "con un enfoque más restrictivo de lo que es clasificable y más en línea con los estándares de los derechos internacional en materia de transparencia y derechos humanos", y la ley de vivienda, que "por primera vez en democracia", considera el derecho a la vivienda un derecho humano "tal como defienden la Constitución española y el derecho internacional".