Amnistía Internacional ha denunciado las prácticas violentas del Ejército y los cuerpos de seguridad en Ceuta. Según la entidad se ha "infligido violencia" contra las más de 8.000 personas que han entrado de forma irregular desde Marruecos. La ONG también critica la actitud de los dos gobiernos, los cuales considera que están utilizando los migrantes como "peones en un juego político", según informa la ACN.
La organización reclama que se abra una investigación ante el presunto uso de la violencia por parte de los cuerpos de seguridad. Virgínia Álvarez, responsable de Política Interior e investigadora de Amnistía Internacional España, ha declarado: "No podemos aceptar que las fuerzas españolas estén apaleando a la gente, adolescentes incluidos. Aunque los funcionarios de fronteras sí que proporcionaron asistencia de emergencia, los abusos son intolerables".
Crítica en Europa
Amnistía acusa a la Unión Europea de dar apoyo a las malas prácticas españolas. "Los dirigentes europeos se apresuraron a dar apoyo a España y decir que las fronteras españolas son fronteras de la UE. Por esta regla de tres, los abusos españoles son también abusos de la UE", recogen a su web.
La ONG exige a los dirigentes europeos que dejen de mirar a otro lado ante las evidencias de abusos cometidos en todas las fronteras de la Unión Europea.
Antecedentes de abuso
La organización ha señalado el pasado de abusos policiales en la frontera que cuelga sobre Marruecos y España. El Estado marroquí cuenta con un largo historial vulnerando los derechos de los solicitantes de asilo y las personas migradas. Además, Amnistía considera que la actitud negligente en la frontera de las autoridades marroquíes es una represalia por el tratamiento médico que un líder del Frente Polisario recibió en el Estado español.
Las negligencias en la gestión fronteriza no se limitan al lado marroquí. La ONG ha recordado que España ha retornado al Marruecos cerca de 5.000 personas de manera forzosa y sin garantías, las conocidas como "devoluciones en caliente". Álvarez ha remarcado que "son ilegales e impide a estas personas ejercer su derecho a una evaluación justa e individualizada de su solicitud de asilo".