Amnistía Internacional ha defendido que las movilizaciones del Tsunami Democràtic después de la sentencia del 1-O "no son terrorismo". Amnistía lo ha dicho a través de un comunicado, coincidiendo este miércoles con la declaración a distancia ante la Audiencia Nacional de la dirigente de ERC Marta Molina. Según la organización, los cargos de terrorismo contra los investigados "restringen su libertad de expresión y penalizan indebidamente la desobediencia civil". La organización ha pedido la retirada inmediata de los cargos de terrorismo para todas las personas y ha aseverado que los hechos investigados no alcanzan el umbral que los estándares internacionales establecen para considerarlos terroristas.
Petición al Congreso
Amnistía considera que la Fiscalía tiene que seguir insistiendo en que estas acciones no sean investigadas como delitos de terrorismo. Además, ha afirmado que el Congreso tiene que aprovechar la actual tramitación de la reforma del Código Penal para garantizar que solo sean tipificados como terrorismo los actos que coincidan con la definición proporcionada por las Naciones Unidas. En este sentido, se tienen que cumplir tres requisitos: intencionalidad de provocar muerte, heridos graves o tener rehenes; propósito de atemorizar o intimidar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a hacer un acto o abstenerse de hacerlo, y cometer delitos definitivos en convenciones y protocolos internacionales.
Ha insistido en que nada de eso pasa en las actividades realizadas por el Tsunami Democràtic. Para Amnistía Internacional, actualmente existe una definición de los delitos de terrorismo "vaga y excesivamente amplia" en el código penal español. Por eso ha exigido su reforma urgente y adecuación a estándares internacionales.
García-Castellón interroga a Marta Molina
El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, tiene previsto interrogar este miércoles por la mañana a distancia a la dirigente de ERC Marta Molina. Molina lo hará desde la Ciutat de la Justícia de Barcelona y por videoconferencia con la Audiencia. Los otros ocho investigados en esta pieza, entre ellos la secretaria general de ERC, Marta Rovira, podrían declarar más tarde, ya que han alegado incompatibilidad de agendas de sus abogados, quieren declarar desde el exilio o piden ser citados correctamente en sus domicilios en el extranjero. Tal y como ha indicado Òmnium Cultural en un mensaje en X este miércoles por la mañana, el directivo de la entidad Oleguer Serra "no acudirá a declarar porque este proceso judicial forma parte de una operación política para boicotear la ley de amnistía y seguir persiguiendo el independentismo".
El pasado 13 de mayo, se conoció la citación de García-Castellón a los nueve investigados: Marta Rovira, Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Jesús Rodríguez, Jaume Cabaní, Oleguer Serra, Josep Lluís Alay y Josep Campmajó. El magistrado les permitía declarar por videoconferencia, pero desde un juzgado de Barcelona.