Desde octubre de 2017 que Amnistía Internacional tiene un ojo puesto en el procés independentista catalán. Ya durante el 1-O desplazó a sus observadores a Catalunya para supervisar en qué condiciones se desarrollaba la jornada. A partir de entonces, siguió analizando las consecuencias, especialmente el juicio en el Tribunal Supremo. Expertos de la ONG asistieron a las 52 sesiones y ahora, un mes después del veredicto condenatorio, ha emitido su propia sentencia de la sentencia. Y es de una contundencia absoluta. Desproporcionada, excesiva, restrictiva, imprecisa, peligrosa. Son solo algunas de las descalificaciones que recoge el informe final de la entidad.
El análisis de este organismo internacional lo han presentado tres de sus principales representantes: el director d'AI, Esteban Beltrán, la coordinadora de AI en Catalunya, Adriana Ribas y el asesor legal de políticas de AI, Daniel Joloy. El balance es demoledor e incorpora valoraciones tan lapidarias como que la condena de nueve años de prisión contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart representa "una amenaza a los derechos y libertades de expresión y reunión pacífica". Por eso, afirma sin subterfugios que "tienen que ser puestos en libertad de forma inmediata".
Los ponentes han avisado que se dirigirán a la fiscalia del Tribunal Constitucional para que a la hora de estudiar los recursos que se presenten contra la sentencia, "adopte una postura de acuerdo con los estándares internacionales", porque la interpretación de la sedición por la cual se ha condenado a los líderes independentistas, en relación a los que eran cargos públicos, "vulnera el principio de legalidad". Concretamente piden a las "autoridades que encuentren la vía para garantizar la reparación adecuada ante dicha vulneración". Llegados a este punto, han advertido que Amnistía no se limita únicamente al análisis, "sino a la acción y la campaña". Y ha dejado claro que segurán "trabajando y haciendo gestiones" para que "se cumpla esta liberación".
El informe de Amnistía concluye que los magistrados del Tribunal Supremo retorcieron la sedición con una "interpretación excesivamente amplia y peligrosa". En este sentido, apunta que "las penas de prisión impuestas a los dos líderes de la sociedad civil y a otros siete altos cargos catalanes son consecuencia de la vaguedad de la definición del delito de sedición en el Código Penal español".
Si bien reconoce que sus analistas no encontraron "ningún factor que indicara que el juicio en su conjunto fuera injusto", señalan en cambio que la lectura del Supremo del delito de sedición se "tradujo en la criminalización de unos actos de protesta legítimos".
Voluntad de atemorizar a la sociedad
Durante la comparecencia pública en la que han presentado el informe, Daniel Joloy ha expresado la "preocupación" de Amnistía Internacional por esta "restricción indebida de los derechos humanos" que se desprende de la sentencia. Sobre este punto, la organización hace una radiografía más amplia, que es que en general, "los países están respondiendo cada vez con más contundencia contra las protestas pacíficas, generando así un clima de miedo". Este hecho, explican, implica "un riesgo de autocensura por el cual la gente decidiera no manifestarse por temor a tenerse que enfrentar a penas altas de cárcel".
Focaliza en los Jordis
El escrito de conclusiones de la ONG internacional focaliza buena parte del contenido en los dos activistas condenados, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el todavía presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Cuestiona la condena porque "como ciudadanos particulares y líderes de organizaciones de la sociedad civil, tenían derecho a expresar sus opiniones y organizar reuniones pacíficas de apoyo al referéndum y a la independencia".
Es más, Amnistía deja claro que "incluso en caso de que la finalidad de alguna de estas acciones emprendidas por ellos fuera impedir el cumplimiento de una resolución judicial" -como denuncia el Supremo durante los cacheos de la sede de Economía el 20-S-, "el derecho internacional de los derechos humanos protege también la desobediencia civil pacífica". Como conclusión, manifiesta que las penas impuestas para los dos implican "una restricción desproporcionada de sus derechos".
Deberes para el nuevo Congreso: revisar la sedición
Amnistía Internacional encarga deberes a los nuevos diputados electos del 10-N. "El Congreso tiene que revisar con carácter urgente la definición del delito de sedición para no criminalizar actos pacíficos de desobediencia civil ni restringir indebidamente la libertad de reunión pacífica y de expresión".