Amnistía Internacional ha reclamado al Gobierno que aclare si utiliza el programa Pegasus, según ha informado la misma entidad en un comunicado publicado este viernes. "Ante las noticias aparecidas recientemente en medios de comunicación sobre la presunta utilización del programa espía Pegasus de la empresa israelí NSO Group en España, nos hemos dirigido por carta al Gobierno para que revele información sobre todos los contratos que tenga con empresas privadas de vigilancia digital", han aclarado.
Amnistia ha contextualizado que esta misma petición "la ha hecho reiteradamente a diferentes gobiernos del mundo, con el objetivo que impongan una moratoria sobre la venta y transferencia de estos equipos de vigilancia hasta que se establezca un marco reglamentario adecuado de derechos humanos sobre este asunto".
Amnistía Internacional también ha transmitido a la Moncloa "la necesidad de que toda vigilancia digital esté sujeta a mecanismos públicos de supervisión, así como que se incluya un proceso de aprobación, notificación y consulta públicas sobre las nuevas adquisiciones de vigilancia y publicación periódica de información".
"El derecho internacional de los derechos humanos protege a todas las personas de injerencias arbitrarias e ilegítimas en su privacidad. Cualquier injerencia del Estado en el derecho a la privacidad tiene que ajustarse a la ley y ser necesaria, proporcional y legítima", ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
Este pronunciamiento llega un día después de que el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona haya admitido a trámite la querella presentada por el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, por el caso del espionaje político que sufrieron mediante el spyware Pegasus.
Las víctimas de Pegasus
"El uso del programa Pegasus, un software que puede tomar el control del teclado, la cámara y el micrófono del teléfono móvil, ya se ha utilizado contra un amplio sector de la sociedad civil, que abraza al menos a 24 activistas de derechos humanos, periodistas y miembros del Parlamento de México; los activistas saudíes Omar Abdulaziz, Yahya Assiri i Ghanem Al-Masarir; el periodista de investigación marroquí Omar Radi, el galardonado activista emiratí de los derechos humanos Ahmed Mansoor, el disidente saudí Jamal Khashoggi, y una persona trabajadora de Amnistía Internacional, entre otros. Esta información no ha sido refutada por NSO Group", denuncia la entidad.
"NSO Group tiene un historial preocupante con respecto a la vigilancia digital, por lo que Amnistía Internacional ha pedido en el Ministerio de Defensa israelí la revocación de la licencia de exportación de NSO Group, quién ha hecho caso omiso del número creciente de datos que vinculan esta compañía con ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Esta revocación fue rechazada por un tribunal de Tel Aviv el pasado mes de julio", concluye.