"El Gobierno tiene que aclarar si ha comprado softwares de espionaje, y también tiene que llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente del uso del programa de espionaje Pegasus contra los catalanes identificados en esta investigación". Esta es la reacción de la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional, después del estallido del caso CatalanGate, destapado por The New Yorker y Citizen Lab, según el cual una sesentena de políticos y activistas del ámbito independentista habrían sido espiados a través de sus teléfonos, supuestamente por los servicios de inteligencia españoles. Así lo ha comunicado la ONG en su sitio web, en el cual también ha exigido a la Unión Europea que "ponga fin a abusos de programas de espionaje contra catalanes prominentes atacados con Pegasus". En el texto, también aseguran que su equipo de seguridad informática ha revisado las pruebas del espionaje de un pequeño grupo de afectados, y los han podido confirmar "en todos los casos".
Catalanes atacados
En el comunicado hecho público este lunes, Amnistía Internacional ha incidido especialmente en los activistas independentistas y personas no vinculadas a la política institucional que aparecen a la lista de las personas espiadas con el software Pegasus. La ONG destaca a Elisenda Paluzie y Sònia Urpí, vinculadas a la Asamblea, la periodista Meritxell Bonet, que dicen "fue atacada durante las últimas jornadas del juicio en el Tribunal Supremo contra su marido, Jordi Cuixart," activista de Òmnium Cultural. También explican cómo el espionaje de Jordi Sànchez con Pegasus "fue extenso y persistente" hasta su arresto por sedición.
Que España se explique
En el texto, Amnistía recuerda que hace dos años ya pidió explicaciones al Gobierno por las sospechas de espionaje: "En octubre de 2020, Amnistía Internacional España escribió al Gobierno pidiéndole que revelara información sobre todos los contratos con empresas privadas de vigilancia digital que no se revelaron. Amnistía Internacional España también contactó más tarde al Ministerio de Defensa español, pidiendo información sobre el uso de Pegasus en el Centro Nacional de Inteligencia. "Respondieron declarando que esta información se incluye en sujetos clasificados" recuerdan. Por otra parte, reclaman a la UE que investigue los hechos y que adopten medidas para evitar que programas como este conduzcan a violaciones de derechos humanos.