Amnistia Internacional se suma a las peticiones para retirar el perdón a los 46 policías españoles procesados por agredir votantes del 1-O, que este martes han sido amnistiados. La entidad ha instado a la Audiencia Provincial de Barcelona a "corregir" la decisión al considerar que el caso se escapa de la ley, que excluye los delitos de torturas o tratos inhumanos siempre que estos superen un umbral mínimo de gravedad. "Amnistia Internacional documentó casos de uso excesivo de la fuerza durante la jornada del referéndum del 1-O en Catalunya; casos que tendrían que ser investigados y juzgados", ha afirmado la plataforma a través de su perfil en X. El Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural e Irídia ya han anunciado que recurrirán la decisión del juzgado de amnistiar a los agentes.
El titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona, Francesc Miralles, que dejó a los policías responsables de las cargas contra civiles a un paso de juicio, les ha aplicado la ley de amnistía eliminando así su responsabilidad penal, menos si hay alguna responsabilidad civil.
Recuerdan que la ley excluye los delitos de torturas o tratos inhumanos
A través de un hilo en X, la plataforma de defensa de los derechos humanos ha criticado que el juez encargado del caso se haya acogido a un punto flaco de la ley para determinar que las actuaciones de los agentes no superan el umbral mínimo de gravedad por su escasa duración, y la limitada entrada y salida de los centros de votación, condición necesaria para ser amnistiados. "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma que todo uso innecesario de la fuerza por parte de la policía es una violación de derechos humanos, sin aplicación de ningún umbral, y que en estos casos no son aceptables las amnistías", han tuiteado indignados.
Aparte, Amnistia Internacional ha recordado que el Comité contra la Tortura ya expresó en agosto del 2023 su "preocupación" ante la lentitud en que se llevan a cabo las investigaciones relativas a los casos de los policías que cargaron contra los votantes del 1-O, y que insistieron en que ninguna denuncia por uso excesivo de la fuerza quede en el cajón, así como que las víctimas sean reparadas.