Después de tres meses de aplicación desigual por parte de los tribunales, la ley de amnistía llega finalmente al Tribunal Constitucional. El tribunal de garantías, que dictaminará en un plazo previsto de entre seis meses y un año la constitucionalidad de la norma del olvido penal, es una de las cartas a las que pueden aferrarse los líderes del procés para conseguir la plena amnistía (a través de un presumible recurso de amparo). Es un camino lento y que todavía necesita pasos previos, pero hoy superará el primer peldaño. El primero de muchos. De entrada, el TC debatirá esta mañana la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Tribunal Supremo alegando que la norma vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y los principios de seguridad jurídica y prohibición de la arbitrariedad, así como el principio de exclusividad jurisdiccional. El conservador Ricardo Enríquez Sancho será el ponente. Fuentes del tribunal de garantías reconocían la semana pasada que, con toda probabilidad, el TC aceptará la cuestión y, a partir de aquí, pasará a estudiar el fondo.
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Fue en julio cuando la Sala de lo Penal del Supremo, presidida por Manuel Marchena, decidió recurrir al tribunal de garantías el artículo 1 de la ley de amnistía mientras examinaba el recurso de un condenado por un delito de desórdenes públicos agravados en una protesta contra la sentencia del juicio del procés en Girona. “Resultan completamente arbitrarias las razones que se aducen para justificar el tratamiento claramente discriminatorio que la norma impone”, justificaban a los cinco magistrados del Supremo. Su argumento primordial era que a fin de que estuviera “justificado” en términos constitucionales el “diferente tratamiento” que hace la amnistía entre “los que delinquieron con el propósito de favorecer el procés secesionista enfrente de los que cometieron estos mismos delitos animados por cualquier otra finalidad”, haría falta que no tuviera su “exclusivo fundamento en la opinión o en la ideología política”. “Es solo su opinión (política) la que los hace acreedores de la amnistía”, argüían.
El primer debate en el seno del TC sobre la amnistía, que será una decisión de trámite, llega al día siguiente de que un puñado de gobiernos autonómicos del PP dieran finalmente el paso y presentaran sus recursos al Constitucional. Lo hicieron los ejecutivos de Madrid, Andalucía, Aragón, Murcia y Galicia, al lado del de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, que consumó el desafío a Pedro Sánchez. También lo registraron el Parlamento de Cantabria, la Asamblea Regional de Murcia y las Cortes de Aragón. Fuentes del TC señalaban hace unos días que todos estos recursos no se acumularán: se han repartido entre los magistrados para que, por separado, elaboren la ponencia en cada caso.
📝 Cascada de recursos al TC de los gobiernos autonómicos del PP (y de Page) contra la ley de amnistía
Previamente a todos ellos, lo había hecho el Partido Popular (a través de más de cincuenta diputados y cincuenta senadores). Dio el paso por la “obligación moral” de combatir una “ley injusta” y “contraria a la separación de poderes” que supone una “autoamnistía” de los líderes independentistas, según argumentó Cuca Gamarra. El Constitucional debatirá la admisión a trámite del recurso del PP el próximo 24 de septiembre, con el conservador José María Macías como ponente. De hecho, Macías es un magistrado que ha reconocido públicamente que es contrario a la amnistía: en dos entrevistas hace meses, la definió como una “cosa insólita en la democracia española” y aseguró que “no busca el interés general, sino el de Sánchez”. Por su parte, Vox, un partido que siempre ha sido muy combativo contra en los tribunales, no ha podido acudir al TC porque en las elecciones del 23-J se quedó por debajo de los cincuenta diputados, cosa que lo inhabilita para presentar recursos al Constitucional.
Optimismo en la rama progresista para descartar las recusaciones y conservar su mayoría
Este martes, sobre la mesa de los magistrados del Constitucional no estará uno de los aspectos clave para el futuro de la ley de amnistía. Los miembros del tribunal de garantías no tendrán que dirimir todavía sobre las recusaciones a tres magistrados: el presidente del ente, Cándido Conde-Pumpido (que fue fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa), el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Laura Díez, que también pasó por la Moncloa durante la etapa de Pedro Sánchez como presidente. Los tres han sido recusados tanto por el PP, como por la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia. “Su vinculación pública y notoria con el PSOE los inhabilita para enjuiciar la constitucionalidad de la ley”, esgrimía ayer Isabel Díaz Ayuso.
Las recusaciones las tendrán que resolver más tarde. Pero según relatan a ElNacional.cat fuentes de la rama progresista, hay optimismo en este sector del tribunal. ¿Por qué? Todo se debe a una decisión tomada por el mismo Tribunal Constitucional el año 2021, cuando imperaba una mayoría conservadora. En aquel momento, fue el independentismo quien puso en duda la imparcialidad de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel y el tribunal de garantías resolvió que “la afinidad ideológica no constituye causa de recusación”. Las fuentes consultadas por este diario argumentan que hay que mantener operativo el tribunal, motivo por el que hay que blindar a los magistrados de las recusaciones. Así, la rama progresista confía en que en 2021 se marcara doctrina de cara a las recusaciones que ha presentado ahora el PP.
📝 El presidente del Constitucional pide acatar sus decisiones, con la amnistía en su tejado
¿Y por qué el PP intenta forzar que tres magistrados se aparten? Hasta ahora, el pleno del TC estaba formado por once magistrados: siete progresistas y cuatro conservadores. Sin embargo, con la reciente incorporación de José María Macías, de talante conservador, el marcador queda siete en cinco. Por lo tanto, eliminar a tres jueces progresistas de la ecuación permitiría al PP garantizarse una mayoría conservadora que lo acercaría a una decisión favorable a sus intereses y contraria a la amnistía. Ahora bien, este escenario, según apuntan todas las voces, es casi imposible.
La petición ciudadana de indulto a Junqueras, sin perspectivas de recorrido
Paralelamente, fuentes de la alta jerarquía del Gobierno descartan que la petición de un ciudadano de indultar las inhabilitaciones de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva que recibió el Ministerio de Justicia prospere. De hecho, el mismo Turull pidió que se retirara. El departamento que lidera Félix Bolaños ha tramitado esta petición, pero las quinielas en la Moncloa le dan poca esperanza de vida, en tanto que el ejecutivo de Sánchez ya ha aprobado una ley de amnistía y los recursos ante su no aplicación todavía no han acabado su recorrido en los tribunales españoles.
¿El Supremo respetará el veredicto del Constitucional?
Joaquín Urías se mostraba muy pesimista con el futuro de la amnistía en una entrevista en ElNacional.cat el pasado mes de julio. El exletrado del Tribunal Constitucional argumentaba que la decisión del Tribunal Supremo de driblar la norma sentenciaba prácticamente a muerte la ley, y consideraba que la decisión que acabe tomando el Constitucional raramente cambiará el destino de la norma. El viernes pasado, Cándido Conde-Pumpido instaba el resto de poderes públicos del Estado a acatar las decisiones que tome el ente que él mismo preside. El entorno más próximo al juez Pablo Llarena, que ha mantenido la orden de detención en Carles Puigdemont, niega a este diario que el magistrado se sintiera aludido en aquel discurso. Estas mismas fuentes aseguran que el Supremo siempre ha respetado las decisiones tomadas por el Constitucional, y ponen como ejemplo la sentencia de los ERE.